Sistema carcelario en debate por la nueva ley de ejecución

La reforma de la ley de ejecución penal (27.375) que se promulgó a fines de julio, abre el debate sobre el sistema carcelario y la puesta en práctica de una ley que está pensada para restringir los beneficios en condenas de casos graves. ¿Qué impacto tendrá en los penales?, ¿qué sucederá cuando en una misma celda haya reclusos que gocen de los beneficios de la anterior legislación, a los que otros no podrán acceder?. Mientras tanto el sistema carcelario rionegrino aumenta su población.

La reforma se produjo a nivel nacional, sancionada por el Congreso, y cambió el sentido de la ley anterior. Antes el objetivo era conseguir la resocialización del preso, mientras que ahora se busca que el reo comprenda que cometió un delito y qué debe pagar por eso.

La ley nueva está pensada para implementarse en los delitos violentos, como homicidios agravados, violaciones, robos con arma. Con esta reforma los condenados deberán cumplir la totalidad de la condena dentro de las cárceles y no podrán acceder a los beneficios de la anterior legislación.

Mayores gastos

La reforma nacional choca contra la política del gobierno provincial que tiene alrededor de 70 personas con tobilleras o monitoreo de GPS. Esta nueva regla no sólo aumentará la cantidad de reclusos, tendrá un costo mayor para el gobierno que gasta alrededor de 30 mil pesos por mes por cada preso. En Río Negro hay alrededor de 800, es decir unos 290 millones de pesos por año.

En el penal de Cipolletti hay alrededor de 150 internos, 21 de ellos con beneficio de salidas transitorias -14% del total – y cinco con pulseras que están con prisión domiciliaria. Cuatro son mujeres. La capacidad del penal cipoleño está al limite.

Los principales beneficios para los condenados son las salidas transitorias que se puede otorgar después del 50% pena, mientras que para la libertad condicional se debe cumplir con las dos terceras partes de la condena.

Se les otorga el beneficio siempre y cuando cumplan con el proceso obligatorio para obtener ese permiso que va desde la buena conducta hasta test psicológico y médico. El encargado de brindar o no ese beneficio es el juez de Ejecución, que en Cipolletti es Lucas Lizzi. El puesto se concursó hace poco en la Cuarta Circunscripción del Poder Judicial. Antes era la Cámara la que definía los beneficios o sanciones.

El debate que se abre ahora en Río Negro es qué es lo que va a suceder en los penales.

En el Poder Judicial de Río Negro hay, actualmente, sólo dos jueces e Ejecución: uno en Roca y otro en Cipolletti. Los de Bariloche y Viedma concursaron para juez del foro con la Reforma Procesal Penal y dejaron los puestos vacantes. Los únicos dos magistrados en funciones tienen criterios disímiles por lo que resta esperar cuál es la jurisprudencia que van a adoptar los jueces de juicio, cuando intervengan en las apelaciones de la ejecución, y el Superior Tribunal de Justicia.

Delitos que deberán cumplir toda la condena

Homicidio agravado.

Delitos contra la integridad sexual.

Robo seguido de muerte.

Robo con armas de fuego.

Trata de personas.

Terrorismo.

Privación ilegal de la libertad coactiva.

Tortura seguida de muerte.

Secuestro extorsivo.