A cinco años de la ley de aborto, las cifras se mantienen estables en Río Negro y Neuquén

La región no registra el aumento que auguraban los detractores de la ley. Los sistemas de salud sostienen la práctica, aunque persisten los desafíos con las obras sociales, los objetores y la provisión de medicamentos.

La sanción llegó el 30 de diciembre del 2020.. Foto: archivo

Vio el test de embarazo y el mundo se detuvo: era positivo. Tener un bebé no estaba en sus planes. Se acababa de graduar y recién comenzaba a trabajar. Cuando Melina abortó en Neuquén en 2017, todavía no se había sancionado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El debate ni siquiera había llegado al Congreso, aunque las mujeres ya abortaban. Lo hacían en clandestinidad.

Ese 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia, el Senado aprobó la Ley 27.610, un paso trascendental para sacar de la sombra una práctica que, por décadas, condenó a las mujeres y personas gestantes a la soledad. En la plaza del Congreso y en los puntos neurálgicos del país, miles de personas estallaron en saltos, abrazos y llantos.

A cinco años de aquel día, se derrumba uno de los argumentos de quienes se oponían a la normativa: los abortos aumentarían drásticamente. En Neuquén, en 2025 el sistema público realizó alrededor de 800 procedimientos. La jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, Eliana Noelia Zurita, indicó que el número se mantiene estable desde la sanción de la ley, aunque la intención es disminuir la cifra a través de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos.

Río Negro registra entre 1.300 y 1.500 consultas por IVE al año y según los especialistas, el número también se mantiene estable, sin fluctuaciones. “No registramos lo que manifestaban algunos sectores opositores, a modo de presión. Lo que vemos es una variación de los motivos y las razones. Las consultas alojan muchos fantasmas, miedos, historias que van cambiando los por qué, cómo, cuándo y dónde”, especificó Emilia Echeverría, coordinadora provincial del Programa Sexual y Reproductiva de Río Negro.

Foto: archivo

De acuerdo a la ley, el Estado debe garantizar los medicamentos necesarios para el IVE, como el misoprostol y la mifepristona. Pero el año pasado, el Ministerio de Salud de Nación suspendió la compra y esto quedó librado a los gobiernos provinciales.

El laboratorio Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) -que cumplió 35 años en la provincia como estrategia para producir medicamentos esenciales- garantiza la producción de misoprostol en esa provincia. Y próximamente, podría avanzar en la fabricación de mifepristona. “Tenemos garantizado el acceso. Es un orgullo tener la posibilidad de comprar a Profarse. Tenemos comunicación directa ante cualquier demanda”, destacó Echeverría.

También Neuquén garantiza el derecho a interrumpir un embarazo, gracias a la creación de una red provincial. De esta forma, incluso en localidades pequeñas sin un hospital, los centros de salud gestionen los medicamentos, el acompañamiento y las derivaciones.

La médica ginecóloga, docente y asesora del Ministerio de Salud de Neuquén, Gabriela Luchetti, afirmó que, con los stocks de medicación en la provincia, el cumplimiento de la IVE está asegurado hasta mediados de 2026 o más. Neuquén, resaltó, se ubica entre las provincias con cifras más altas de accesibilidad, según el Proyecto Mirar, una iniciativa que monitorea y sistematiza la información cuantitativa y cualitativa sobre el acceso al aborto en Argentina.

Esta provincia presenta una tasa de 35 servicios de IVE/ILE por cada 100.000 personas gestantes en edad fértil. El número es significativo si se lo compara con Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Salta -que solo tienen 9-.

«Los equipos se retrajeron un poco y lo que se notó en el informe Mirar, confirmado por todas las provincias, es que disminuyó el número de equipos prestadores y hay más confusión con la información», señaló y reflexionó: «Cuando las cosas se vuelven en contra, los prestadores arrugan».

Río Negro también garantiza el acceso a la asesoría de IVE en todos sus hospitales. El ingreso puede ser por guardia o consultorio, incluso en los centros de salud -ya que se pretende descentralizar-. “Ante una interrupción más avanzada que requiere internación, los centros de menor complejidad derivan a los hospitales de cabecera”, aclaró Echeverría.

La ley, advirtió la funcionaria rionegrina, estipula que la paciente acceda al mejor tratamiento disponible. Río Negro garantiza el misoprostol, pero en relación a la mifepristona -ideal para aumentar la efectividad y reducir los efectos secundarios-, hay ciertas condiciones por costos y disponibilidad. Por eso, se priorizan adolescentes y casos de cesáreas previas. “Ojalá en un futuro se pueda abrir la disponibilidad a muchas más mujeres”, reconoció la ginecóloga.

Consideró que la principal dificultad de una provincia como Río Negro es la distancia, con poblaciones “algo aisladas”. Pero destacó la capacidad de brindar respuestas y reivindicó la labor de los equipos. “Lamentablemente, uno siente que depende de las voluntades y no debería ser así. La idea de la coordinación es poner el ojo en esto para dejar de depender de voluntades. Nación puso en marcha un 0800 de consultas para quienes no saben cómo acceder y Río Negro recibe menos de una por mes, en promedio anual. Es decir, menos de 10 reclamos al año”, advirtió Echeverría.

¿Cuáles son las franjas etarias que registran más procedimientos? La cantidad de adolescentes angustia -no quiere decir que esta cifra haya aumentado-, pero el mayor número de intervenciones se realiza entre los 25 y 30 años. “Vemos, en muchos casos, una falla del método de anticoncepción, pero hoy se prioriza proyectos de vida y la posibilidad de elegir. Antes no la teníamos”, celebró Echeverría.

Las trabas de las obras sociales

Al igual que hace cinco años, Salud Pública continúa dando respuestas a pacientes con obras sociales. “Aún hoy, hay obras sociales que ni siquiera tienen esta práctica en el nomenclador. Es una manera de invisibilizar. Lo cierto es que hablamos de una práctica sensible al tiempo. No le puedo decir a una paciente que haga un amparo mientras los días pasan. Entonces, se garantiza desde el sistema público y después vemos. La justicia tiene tiempos que no son los nuestros”, lamentó Echeverría.

Luchetti destacó el rol del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN): «Cubre la IVE y la ILE, tiene una guía de tratamiento y los caminos se pueden recorrer más o menos fácil». Sin embargo, advirtió que existe una brecha con otras prestadoras: «Las otras obras sociales y prepagas, cuando pueden, se hacen las tontas. Sin embargo, si se les exige, lo pagan».

Otro inconveniente es la gran cantidad de objetores en Río Negro. “No es tan molesto un objetor como un obstaculizador. Esto está penado por ley. Por eso, ponemos el foco en un trabajo de hormiga con los equipos de difusión respecto a cómo acceder. O el número al que deben comunicarse si esto se dilata”, subrayó.

En Neuquén, en cambio, pese a que hay objetores de consciencia, Zurita aseguró que estos profesionales no actúan como obstaculizadores. El protocolo funciona derivando a la paciente a otro profesional o efector que garantice la práctica, asegurando que ningún empleado de salud pública impida el acceso al derecho.


Respuestas en 10 días

Los especialistas en Neuquén advierten que el procedimiento es ágil. «El tiempo legal son diez días. Nosotros estamos dando respuesta prácticamente en el día«, comentó Zurita y advirtió que esto es posible porque la provincia fue una de las pioneras en habilitar, desde 2023, a los profesionales de Obstetricia para prescribir mifepristona y misoprostol.

Según Luchetti, esto asegura una atención más rápida y eficiente, vital en el interior de la provincia o en zonas con menor disponibilidad de médicos.

Aunque los índices de accesibilidad en Neuquén son de los más altos del país, la fundadora y líder de la Colectiva Feminista La Revuelta, Ruth Zurbriggen, criticó la falta de una «política pública ofensiva». «Con ofensiva quiero decir un despliegue de acciones que muestren que estos temas como el aborto son verdaderamente importantes, cruciales dentro de la política de salud», explicó.

Señaló que el gobierno provincial «deja hacer», descansando excesivamente en el compromiso individual de profesionales garantistas que terminan sobrecargados. «El compromiso individual tiene límites, muchos límites, porque te carga con la responsabilidad y con la voluntariedad», remarcó.

Agregó que las Socorristas en Red reciben situaciones de «rebote» en las que las usuarias no reciben la respuesta esperada en el primer contacto con el sistema de salud. «Nos encontramos con personal de administración que dice: ‘no sé dónde tenés que pedirlo ahora’, instalando obstáculos», señaló Zurbriggen.

Por otro lado, comentó que la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) debería ser parte de la garantía de derechos, pero actualmente no se ofrece de manera sistemática en los hospitales. «Es un método recomendado, sencillo, no invasivo. No es el legrado que está contraindicado por la OMS. A la hora se va sin embarazo», ejemplificó.


«Larga vida al socorrismo»: las custodias de la ley de aborto

Lejos de replegarse tras la sanción de la Ley 27.610, las Socorristas en Red reafirmaron su vigencia bajo una premisa clara: «Larga vida al socorrismo». Lo que nació en 2012 como un refugio ante la clandestinidad se transformó en un acompañamiento esencial que humaniza la práctica médica. Para Luchetti, la distinción es evidente: mientras el sistema de salud cumple una función, las socorristas brindan una práctica «amorosa, militante, acompañativa».

Ruth Zurbriggen, referente de La Revuelta, reconoció que al principio se veían como un «plan B», una alternativa hasta que el aborto fuera legal. Sin embargo, la experiencia les demostró que su rol es insustituible. «Cuidar la ley«, define Zurbriggen, implica difundirla y disputar el sentido común para que deje de ser un tabú.

Zurbriggen recordó con emoción un encuentro reciente en una marcha del orgullo, donde una joven de 25 años se le acercó y le dijo: «Vos me acompañaste cuando yo tenía 15». Para la activista, esos cruces confirman el valor de una red que es, ante todo, una «revancha» colectiva: «Ayudarnos a resolver los problemas que tenemos confirma la importancia del hacer colectivo».


El panorama de Bariloche, Roca y Viedma

Bariloche registra unas 200 intervenciones de IVE anuales, a través del hospital Ramón Carrillo y los 14 centros de salud. La franja etaria que más concurre a los consultorios va de los 20 a los 35 años.

Ailín Schneider de Haro, médica generalista que trabaja en uno de los centros de salud de Bariloche, destacó que la fabricación de misoprostol por parte del Profarse permite acceder sin inconvenientes a esta medicación. “Pero la misepristona es comprada por la provincia y el acceso es más restrictivo”, señaló.

El hospital de Bariloche. Foto: archivo

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el tratamiento combinado es más eficaz y representa menos complicaciones y síntomas. “En la provincia, solo se indica misepristona en casos muy puntuales: quienes han tenido cesárea o menores de 15 años o en edades gestacionales avanzadas. Por otro lado, el sistema de Aspiración Manual Endouterina (AMEU), un procedimiento quirúrgico, solo se garantiza en casos particulares. Evaluamos la consulta y si es difícil el uso de medicación para esa persona, se busca coordinar con algún profesional que pueda hacerlo”, manifestó. Aunque lamentó que se requiere “de un equipo de trabajo que tenga el tiempo para garantizarlo. Hoy, lo terminan haciendo dos o tres personas con mucha voluntad”.

Monica Dailoff, jefa del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA) del hospital de General Roca, aseguró que registraron dos aumentos de consultas por IVE en el año, en marzo y en el invierno. «Suponemos que esto tiene que ver con la difusión del servicio que se lleva adelante en los 12 centros de salud y en los dos consultorios externos, los martes y jueves por la mañana y por la tarde. Recibimos muchas mujeres jóvenes, de 15 a 26 años. Es raro que se superen esas edades«, recalcó Dailoff.

En este caso, añadió, una vez que se someten al IVE, se les indica volver a la consulta. «Las citamos nuevamente no solo para una evaluación posterior sino para evaluar los métodos de anticoncepción. Si no vienen, las buscamos con los equipos de agentes sanitarios», señaló.

En 2023, el hospital de Viedma registró 179 casos de IVE; en 2024 fueron 155 y este año (hasta octubre), 90 (13 mujeres menores de 19 años y 77, mayores de esa edad).

El hospital de la capital provincial, cuenta con 8 ginecólogas, de los cuales solo una es objetora de conciencia y, 19 médicos generalistas, de los cuales hay 8 objetores.

El hospital de Viedma. Foto: archivo

«En Viedma, muchas veces las pacientes recurren a la red de socorristas o se acercan a los centros de salud o a la organización El Galpón. Se trata de que accedan al turno sin complicaciones», indicó Laura Gutman, directora del Hospital Artémides Zatti, de Viedma.

Comentó que una vez sancionada la ley, se capacitó a los equipos de salud, pero no solo a los médicos sino también administrativos, enfermeros, agentes sanitarios para que «todos conozcan la ley y sepan cómo proceder ante una solicitud, garantizando el acceso y el turno protegido».


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