Cuota alimentaria en Río Negro: más casos, menos acuerdos y un sistema que no siempre logra cobrar
Ingresos inestables, acuerdos que no se cumplen y deudas que crecen mes a mes. En Río Negro, el pago de la cuota alimentaria enfrenta múltiples obstáculos. Desde la Justicia advierten que los casos se multiplican y que garantizar este derecho básico sigue siendo un desafío.
Los reclamos por alimentos crecen en un contexto marcado por la informalidad laboral y la dificultad para sostener acuerdos. Foto: Marcelo Ochoa.
Detrás de cada cuota alimentaria que no se paga hay una historia que se repite, con ingresos inestables, acuerdos que se rompen y un sistema que se vuelve más difícil de aplicar cuando no hay trabajo formal. En Río Negro, esa combinación expone un problema creciente en los juzgados de Familia, donde cada vez resulta más complejo garantizar un derecho básico de niños, niñas y adolescentes.
La situación se refleja en el aumento de los reclamos y en la dificultad para sostener acuerdos, incluso en instancias de mediación. En muchos casos, los conflictos llegan directamente a juicio y terminan en procesos largos, atravesados por la informalidad laboral y la falta de recursos del alimentante. Mientras tanto, las deudas se acumulan y el impacto recae de manera directa en la vida cotidiana de los hijos.
El impacto de la informalidad y las dificultades para cobrar
La jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes, contó a Diario RÍO NEGRO que, uno de los principales problemas aparece cuando el progenitor obligado no tiene empleo formal ni bienes a su nombre.
«Ahí el problema no es fijar la cuota, sino ejecutarla. Si no hay ingresos formales ni bienes para embargar, se vuelve mucho más complejo garantizar el cobro», advirtió la jueza.
En esos casos, los juzgados deben recurrir a medidas de investigación patrimonial —como pedidos de informes a distintos organismos— que pueden extenderse durante meses. Mientras tanto, la deuda sigue acumulándose.
Fredes remarcó que este escenario está directamente vinculado con la realidad económica. «Hay mucho trabajo en negro, changas, personas desocupadas o que solo perciben asignaciones. Todo eso impacta en el cumplimiento», señaló.
Cómo se fija la cuota alimentaria
Fredes, explicó que los procesos alimentarios suelen iniciarse luego de una instancia de mediación prejudicial obligatoria que no logra prosperar. «En la mayoría de los casos son mujeres quienes inician la demanda, ya sea porque el acuerdo fracasó o porque el progenitor directamente no se presentó», indicó.
Uno de los puntos centrales que genera confusión es la forma en que se establece la cuota. A diferencia de lo que muchas personas creen, no existe un porcentaje fijo determinado por ley. «Se suele pensar que hay un 20% por un hijo o un 30% por dos, pero eso no es así. Cada caso se analiza en función de sus propias características», aclaró la magistrada.
Además, recordó que la obligación alimentaria se extiende, en general, hasta los 21 años, y puede prolongarse hasta los 25 en aquellos casos en los que el hijo o hija continúa estudiando y no puede sostenerse económicamente por sus propios medios.
Para definir el monto, los jueces deben evaluar múltiples variables: la situación económica de ambos progenitores, las necesidades del niño o niña —incluyendo cuestiones de salud o discapacidad— y las condiciones de vida en cada hogar. El objetivo es que los hijos mantengan un nivel de vida similar con ambos padres, pese a la separación.
En ese análisis también se contemplan las tareas de cuidado, un aspecto incorporado en el Código Civil y Comercial. «Quien cuida también aporta. Ese cuidado tiene un valor económico y se tiene en cuenta al momento de fijar la cuota«, explicó Fredes, al señalar que este criterio busca equilibrar las desigualdades en la distribución de responsabilidades dentro de las familias.
En algunos casos, además, los jueces utilizan como referencia la denominada canasta de crianza, un índice elaborado para niños y niñas de hasta 12 años que contempla dos variables principales: por un lado, los gastos necesarios según la edad —como alimentación, vestimenta o educación— y, por otro, el tiempo de cuidado que requiere cada etapa.
Según explicó Fredes, ese tiempo de cuidado tiene un peso mayor en los primeros años de vida, cuando los niños requieren mayor atención, y disminuye a medida que crecen y adquieren mayor autonomía. En cambio, los gastos materiales suelen incrementarse con la edad.
Este indicador es considerado en muchos casos porque resulta más adecuado que otros parámetros generales, como el salario mínimo, al estar específicamente diseñado en función de las necesidades de niños y niñas.
Sin embargo, su aplicación tiene un límite. «Ese parámetro llega hasta los 12 años», señaló la jueza. A partir de los 13 y hasta los 18 o 21 años —e incluso hasta los 25 en caso de estudios— los jueces deben recurrir a otras referencias, como el salario mínimo vital y móvil, para estimar la cuota.
En función de esos elementos, el monto puede fijarse como un porcentaje de los ingresos, un valor determinado o incluso una cobertura más amplia, especialmente en aquellos casos en los que uno de los progenitores no asume tareas de cuidado.
Cuota alimentaria: un derecho que no es opcional
Desde el ámbito judicial insisten en que la cuota alimentaria no es un aporte voluntario, sino un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes.
Este derecho busca garantizar aspectos básicos como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda, y se extiende, en general, hasta los 21 años, o hasta los 25 si el hijo o hija continúa estudiando y no puede sostenerse económicamente.
A pesar de esto, en muchos casos persiste el desconocimiento sobre el alcance de la obligación, especialmente cuando el alimentante no cuenta con asesoramiento legal.
El registro y las restricciones en Río Negro
En Río Negro, uno de los principales mecanismos para abordar esta problemática es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que cuenta con alrededor de 1.500 personas inscriptas en toda la provincia.
La inclusión en este registro se realiza por orden judicial cuando se adeudan tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A partir de ese momento, la persona queda sujeta a una serie de restricciones, como la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir, realizar trámites ante organismos públicos o acceder a habilitaciones comerciales.
El impacto sobre las licencias es uno de los más visibles. El director de Coordinación de la Agencia de Seguridad Vial de Viedma, Osvaldo Enrique Pereyra, explicó que la ciudad trabaja bajo un sistema nacional integrado.
Dato
- 1500
- Personas integran el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en la provincia.
«Cuando llega una sentencia judicial que acredita que una persona es deudora alimentaria, esa información se eleva automáticamente y el sistema bloquea la licencia», detalló.
Según indicó, el municipio no tiene intervención directa en esa decisión, ya que se ejecuta a nivel nacional en base a la resolución judicial. En la práctica, durante un control de tránsito, la situación puede detectarse de inmediato. «Se escanea la licencia y el sistema arroja una alerta. En esos casos, corresponde la retenció», explicó. Además, remarcó que no es posible eludir la medida cambiando de jurisdicción, ya que los datos se cruzan en una base nacional.
La permanencia en el registro se mantiene hasta que se cancela la totalidad de la deuda.
Medidas cada vez más frecuentes —y creativas—
Frente a las dificultades para garantizar el cumplimiento, comenzaron a aplicarse con mayor frecuencia sanciones previstas en el Código Procesal de Familia.
«Las medidas pueden ser económicas o no. En muchos casos se recurre a restricciones como la prohibición de salir del país, la retención de la licencia de conducir o medidas más innovadoras, dependiendo de cada caso», explicó Fredes.
Estas acciones, conocidas como medidas conminatorias, buscan generar un impacto directo en la vida cotidiana del deudor para forzar el cumplimiento.
En distintas jurisdicciones se registraron decisiones que incluyen la prohibición de ingresar a determinados espacios, participar en actividades recreativas o incluso restricciones vinculadas al uso de servicios.
Cada caso se analiza en función de sus propias características».
Paula Fredes, jueza de Familia de Viedma.
En Viedma, un caso reciente reflejó esta tendencia: una jueza de Familia dispuso que un deudor no pudiera cargar combustible hasta regularizar la deuda por la manutención de sus hijos.
No obstante, desde la Justicia advierten que la efectividad de estas medidas depende, en muchos casos, de la conducta del propio deudor. «Todo depende del apego a la ley que tenga cada persona. Hay quienes cumplen ante una restricción y otros que no», señaló la magistrada.
Más causas y menos acuerdos
Otro dato que preocupa es la caída en la cantidad de acuerdos entre las partes. Según explicó Fredes, cada vez más casos llegan hasta una sentencia judicial. «Antes la gente acordaba más, tanto en mediación como en sede judicial. Hoy es mucho más difícil», indicó.
Este cambio está directamente relacionado con la situación social y económica. El fuero de Familia, remarcan, es uno de los más sensibles a estos factores.
«Todo lo que pasa en la sociedad impacta en este fuero: la falta de trabajo, el consumo problemático, la violencia, el hacinamiento. Todo genera más causas», explicó.
Ese escenario también se refleja en las estadísticas oficiales. De acuerdo a datos del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial, durante 2025 se registraron 1.645 ingresos de procesos por alimentos en Río Negro, lo que representó el 7,9% del total de causas del fuero de Familia.
En 2024, en tanto, se habían iniciado 1.563 expedientes, equivalentes al 7,5%. La comparación interanual muestra un incremento cercano al 8% en la cantidad de demandas.
Un problema social que excede a la Justicia
En este contexto, desde el Poder Judicial advierten que, si bien se avanza en herramientas para garantizar el cumplimiento, el problema de fondo excede el ámbito legal.
«Los juzgados resolvemos conflictos jurídicos, pero muchas veces detrás hay problemáticas sociales que requieren la intervención de otros organismos del Estado», concluyó Fredes.
Mientras tanto, el desafío sigue siendo el mismo, lograr que un derecho básico —como la cuota alimentaria— se cumpla de manera efectiva en un escenario atravesado por la desigualdad, la informalidad y la falta de acuerdos.
Detrás de cada cuota alimentaria que no se paga hay una historia que se repite, con ingresos inestables, acuerdos que se rompen y un sistema que se vuelve más difícil de aplicar cuando no hay trabajo formal. En Río Negro, esa combinación expone un problema creciente en los juzgados de Familia, donde cada vez resulta más complejo garantizar un derecho básico de niños, niñas y adolescentes.
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