Denunciaron abuso de poder y exigen informes sobre la escuela de Guardavidas del Comahue en Neuquén

El pedido es hacia la secretaría de Deportes y Actividad Física de la Municipalidad. Una testigo y compañera de la denunciante relató las situaciones que atravesó la víctima.

Una denuncia de abuso de poder en la escuela de Guardavidas del Comahue llevó a que se exija información sobre su funcionamiento. Una testigo y compañera de la denunciante relató las situaciones que atravesó la víctima.

Fue la diputada provincial del Frente de Todos Soledad, Salaburu, quien requirió información al secretario de Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén Mauricio Serenelli sobre los requisitos que deben cumplimentar las escuelas de formación de guardavidas en la ciudad de Neuquén.

En particular, le solicitó respuesta por una denuncia de violencia institucional, abuso de poder y maltrato psicológico presentada ante una situación que se dio en la Escuela de Guardavidas del Comahue A.M.G.A.A.

También solicitó conocer los marcos regulatorios, el plan pedagógico, los requisitos que solicitan los ingresantes, las condiciones de cursado y qué tipo de supervisión realiza la secretaría.

La denuncia que causó el pedido de informes

Rosario Espinoza, pareja de la denunciante y testigo de los hechos de violencia denunciados en el juzgado civil, relató cómo fue el mes de enero en el que se llevaron a cabo las situaciones. La delegada del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina manifestó «mi pareja estaba haciendo el curso en ese entonces, cuando el director, el profesor de preparación física, el instructor y la secretaria empiezan a maltratarla vulnerando todos sus derechos», contó.

Según relató Espinoza, no la dejaban participar de las clases y la agredían verbalmente. En una ocasión, fue testigo del maltrato. «Filmé la situación, pude evidenciar como el instructor tiene ese maltrato psicológico y la agrede hasta que se va de la clase», expuso.

Las situaciones transcurrieron durante el mes de enero, y el 27 la desestimaron. «A través de un mail la dieron de baja por «ética y moral», y cuando el director entregó su rendimiento académico figuro otra causa, no la que emitió por mail», explicó la delegada.

Espinoza contó que se iniciaron acciones por las actitudes violentas que registraron, pero investigando descubrieron que hay falencias. «Vimos que la documentación está en falta y que hay antecedentes de violencia de años anteriores», detalló. En conversaciones con colegas y egresados destacó que son muchos quienes manifestaron haber sido de victimas de violencia.

Otro de los problemas que manifestó Espinoza es que la institución no está reconocida por CPE, lo cual dificultaría que se tome alguna medida, mencionó. «Solo depende de fiscalización municipal, quienes dicen que no les corresponde, nadie quiere tomar riendas en el asunto, no hay una entidad que la regule», afirmó.

«Queremos que se haga cargo y responda a las situaciones de violencia. «Tenemos evidencia en video y audio, que nos den explicaciones de porque permiten que siga en funcionamiento», finalizó Espinoza.


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