Freno al cierre de Vialidad Nacional: qué sucederá con las rutas si la Justicia confirma el decreto de Javier Milei
"Nos hemos quedado sin políticas públicas de seguridad vial", aseguró en diálogo con RIO NEGRO RADIO el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, Eduardo Bertotti.
Rutas nacionales. Foto: archivo.
Luego del anuncio del cierre de Vialidad Nacional dispuesto por el presidente Javier Milei, la jueza Martina Forns presentó un pedido para que se suspenda la medida. En sus argumentos, se basó en las condiciones de trabajo y en el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrados. Por su parte, el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, Eduardo Bertotti, en diálogo con RIO NEGRO RADIO, sostuvo: «Pedimos declarar inconstitucional el decreto. Se rompió el sistema nacional de Seguridad Vial«.
Escuchá a Eduardo Bertotti en RIO NEGRO RADIO:
En medio de la tensión por el decreto 461/2025, donde el Gobierno de Javier Milei ordenó la disolución de Vialidad Nacional y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, Bertotti hizo hincapié en cómo se verá afectado el sistema de manera federal. «Estamos presenciando un desligue de Nación de todo lo que son las políticas públicas de seguridad vial. Un hecho realmente lamentable», detalló.
Y agregó: «El decreto incluye el cierre de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Los dos primeros son entidades autárquicas fundadas por ley. Básicamente lo que uno interpreta entre renglones es el abandono y el pasaje de esas responsabilidades a cada una de las provincias».
Bertotti, destacó el rol de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. «Un organismo nacional que coordina, armoniza y dinamiza a nivel nacional en un país. Si los sacamos, cada provincia volverá a retroceder décadas», enfatizó.
Suspenden el cierre de Vialidad: cómo afectaría a las provincias si finalmente se avala
Bertotti indicó que en caso de que se apruebe el decreto las rutas nacionales, «supuestamente, de los 40.000 kilómetros que componen la red nacional, 9.000 van a ser licitados y los otros 30.000 quedarán a manos de las provincias». Esto significa que el mantenimiento y el diseño del desarrollo de la infraestructura quedarán «desamparados».
«El problema va a ser que los pozos siguen avanzando y los accidentes van a aumentar, lamentablemente. Nos hemos quedado sin políticas públicas de seguridad vial y uno es el factor infraestructura«, comentó el director.
Asimismo, mencionó que las provincias se verán desprotegidas. «Si vos tenés fuertes intereses económicos en determinada región, vamos a ir para adelante, lo soportará el sector privado o el Gobierno de la provincia, pero en aquellos lugares en donde esto no se dé, queda abandonado», afirmó.
Ante esto declaró que si no existen intereses reales sobre las rutas nacionales, hay muchas probabilidades de que pueblos enteros queden aislados. «A mí me preocupa cuál va a ser la respuesta por parte del Gobierno. Estamos en un momento bisagra respecto a lo que es la Seguridad Vial Argentina y con un montón de incógnitas», recalcó.
Una jueza dispuso el freno al cierre de Vialidad Nacional: qué dice la medida cautelar
Tras el decreto de Javier Milei que dispuso el cierre de Vialidad Nacional, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) presentó un pedido para que se suspenda la medida. El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 dio lugar a la cautelar. En total, son más de 5000 los trabajadores del organismo nacional.
La jueza Martina Forns argumentó que basó su decisión en las condiciones de trabajo que rigen para los trabajadores y en el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrados para sus empleados.
Además explaya: «La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia».
Forns también manifestó que en el artículo 32 del Decreto 461/2025 de Milei se dispone que la estabilidad del personal tiene «una fecha de vencimiento», por lo que planteó: «Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes».
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