Rechazo por el cobro de un arancel para intérpretes y discográficas

El anuncio causó sorpresa y malestar, y en algunos casos la acción violenta de los comerciante de Roca que ante la intimación por el cobro de un nuevo arancel decidieron increpar al inspector de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), conocida comúnmente como AADI-CAPIF.

Es que desde hace una semana el representante de ese entidad llegó a la ciudad y se reunió con las autoridades de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) para anunciar la puesta en vigencia en la ciudad de la Ley de Propiedad Intelectual ( 11.723) que establece el cobro de un arancel a comerciantes de distintos rubros que tengan un televisor, una radio o simplemente escuchen música en un local comercial.

Tras la reunión, el inspector comenzó a recorrer los locales comerciales y tras un fuerte cruce un comerciante le rompió el teléfono mientras que otro lo amenazó con un cuchillo.

Belén Bavastri es la vicepresidenta de CAIC y participó del encuentro aunque se mostró sorprendida, no por la normativa nacional, sino por el contexto económico en el que se encuentran los comerciantes de toda la región.

“Nos exigen el pago de un arancel cuando todavía no salimos de las deudas que dejó la pandemia”, dijo la dirigente, quien aclaró que el panorama económico es sumamente complejo para todo el sector.
“Si ya pagamos todo lo que nos exige la AFIP y pagamos todos nuestros compromisos, cómo es posible que ahora tengamos que pagar esto”, explicó Bavastri.

Otro de los que se sumó a la polémica fue el empresario gastronómico y productor de la Feria Gula, Mario López Vasallo.

“Nosotros vamos a tener que pagar sumas que van desde los 300 mil a los 500 mil pesos”, dijo el comerciante y aseguró que por más que la entrada a las ferias sean gratuitas, igualmente les impondrán desde ADDI-CAPIF un valor estimativo de 1.000 pesos.

López Vasallo aclaró que resulta imposible asumir ese costo por lo que deberán trasladarlo automáticamente a los propietarios de los “carritos”. “Con estos valores, es casi imposible llevar adelante una feria de estas características”, aseguró, y remarcó que de esas actividades al aire libre viven cientos de familias en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

También en Bariloche

Los criterios que aplica la asociación civil encargada de cobrar estos derechos genera continuas quejas en comercios y hoteles.
La entidad realizó en abril una campaña de inspecciones en Bariloche y comenzó hace pocos días a intimar pagos por carta documento, según informaron desde la Cámara de Comercio.
También la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica sigue con atención las actuaciones de esa entidad, que genera periódicos conflictos con los establecimientos donde se alojan turistas.

El gerente de la Cámara de Comercio de Bariloche Claudio Cabaleiro, dijo que un mes atrás pidieron por nota a la Cámara Argentina de Comercio y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que gestionen una solución de fondo sobre el tema.

Explicó que AADI-CAPIF se apoya en una legislación “que es vieja” y que perdió sentido “frente a los contenidos que hoy circulan por aplicaciones, por internet” y que ya pagan derechos.
Dijo que la severidad de la entidad fiscalizadora es tal que “pretende cobrar incluso en un pequeño comercio con un solo empleado, cuando tiene una radio prendida para entretenimiento”.
Diferente es el caso de las “grandes superficies”, agregó, que ponen música con un interés expreso de atraer o retener clientes.

Según Cabaleiro, “haría falta precisar la normativa para que quede claro cuándo se hace un aprovechamiento comercial (de la reproducción) y cuándo no”.
Reconoció que existe un “malestar” y que hubo discusiones, reclamos y hasta acciones judiciales en relación con el tema. Semanas atrás la Cámara Civil de esta ciudad emitió un fallo contrario a una cadena de indumentaria deportiva, que había sido querellada por AADI-CAPIF ante la negativa a pagar lo establecido por una ley vigente desde 1974.

Cabaleiro sostuvo que “desde Buenos Aires” admitieron que la red de fiscalización de AADI-CAPIF no es uniforme en todo el país. Hay inspectores con licencia para cubrir distintas localidades y no todos trabajarían con el mismo celo. Señaló que uno de los factores distorsivos es la comisión que cobran por las infracciones, a lo que se suman “las amplias capacidades de negociación” que les concede su empleadora.

Dijo que la legislación es vieja y los litigios seguirán “mientras no se determine bien qué es usufructuar (contenidos artísticos) con una finalidad comercial”.
El gerente de la Asociación Hotelero Gastronómica, Patricio Escobar, dijo que el gobierno nacional dictó un decreto en 2019 con alcance solo sobre hoteles y cabañas, pero que AADI-CAPIF nunca estuvo de acuerdo y tiene una demanda planteada ante la Corte Suprema.

El decreto “habla de un valor anual” que se calcula en función de la cantidad de habitaciones (con reproducción de audio o video), la categoría del establecimientos y la tarifa que aplica a sus huéspedes. Los datos surgen de una declaración jurada que deben completar los prestadores.
Escobar dijo que los últimos controles masivos ocurrieron en el invierno y ahora la relación está “más calma”. Aclaró que el decreto no regula la gastronomía. “Tienen cobradores acá, pero las oficinas más cercanas están en Neuquén”, afirmó.

Sobre la conducta de los hoteleros, dijo que muchos aceptan acogerse a los planes de pago, pero también hay otros que recurren a la Justicia.

Cuál es la diferencia con SADAIC

Para muchos comerciantes el cobro de un nuevo arancel por parte de AADI-CAPIF resultó llamativo porque entendían que la única entidad que se encargaba de ese tipo de recaudación era SADAIC.
Pero hay una diferencia sustancial, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores se encarga de recaudar un canon que está destinado a los artistas.

En tanto que todo lo recaudado por parte de AADI-CAPIF se destina a los intérpretes y a los que producen los discos de los artistas.

En el caso de las actividades que se realizan por fuera del plano comercial (casamientos, cumpleaños y fiestas de fin de año), las dos entidades cobran aranceles y se abonan directamente con el pago del alquiler del salón.

Una escuela de Roca tiene que abonar por la fiesta de fin de año que organizará en el salón Country $14.000 a SADAICen tanto que otros $32.400 deben abonarle a AADI-CAPIF.

El cobro es un “mamarracho y una vergüenza”, aseguran en Regina

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina, sostuvieron que es un “mamarracho” y una “vergüenza” que a los comercios en general se les intente cobrar una tasa por la música que se escucha en los locales.

La presencia en la región de inspectores de AADI-CAPIF, generó controversia y reclamos de las entidades mercantiles, que a su vez pidieron la intervención de la federación que los nuclea a fin de acordar que la tasa que se pretende cobrar debe ser trasladada a quienes realizan la difusión de música.

En Regina, según indicó el presidente de la Cámara de Comercio local, Franco Susca, aún no se denunció la presencia de inspectores, aunque existe contacto con otras entidades de ciudades del Alto Valle que también se manifestaron en contra del intento de cobro.

“Las cámaras de cada ciudad están informando lo que está pasando. Acá aún no se advirtió sobre la presencia de inspectores. Entendemos que los negocios de rubro gastronómico sí están comprendidos en el cobro de la tasa, pero el resto de los comercios consideramos que no debe pagarse”, indicó el titular de la cámara.

Susca insistió que “nos oponemos a pagar, porque si un comercio tiene una radio encendida es porque se está informando, es un servicio. Si pasan música, el que debe pagar es la emisora que está transmitiendo”.

Agregó que “lo que queremos saber es de dónde salen las tarifas, porque muchos comerciantes arreglan directamente con el inspector de AADI-CAPIF cuando intima al pago de la tasa. Nosotros decimos, y se lo planteamos a la federación, es que las zapatería, el bazar, la juguetería u otro negocio que no tenga la música como parte de sus servicios, no tiene que pagar; el que tiene que pagar es el emisor”.

Finalmente Susca enfatizó que “es una vergüenza, es un mamarracho que cada comerciante haga su propio arreglo. Qué clase de conducta tiene una entidad que sale a cobrar y después arregla con cada uno lo que le parece, no hay una conducta pareja para todos. Después al comerciante, en esos casos que apague la radio y diga que no va a pagar”.