Solano: fiscal pide que se investigue a 12 policías

Lo confirmó el nuevo juez de la causa, Darío Soto, quien analiza el requerimiento de Bodrato contra uniformados que estaban de turno el 5 de noviembre, cuando desapareció el joven.




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El padre de Daniel Solano llegó a Choele Choel desde Salta hace más de tres meses con la esperanza de hallar a su hijo de 27 años.

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CHOELE CHOEL (AVM).- Una docena de policías podrían quedar imputados en el caso de la desaparición del joven trabajador salteño Daniel Solano, cuando ya se han cumplido más de tres meses desde que fue visto por última vez en Choele Choel. Así lo confirmó ayer a este medio el juez civil Darío Soto, quien se hizo cargo de la causa tras el alejamiento de la jueza penal Marisa Bosco. Soto ratificó a este medio en un breve diálogo que el fiscal Guillermo Bodrato le elevó la requisitoria para que sean imputados y sometidos a investigación los 12 efectivos policiales. El funcionario no precisó sus identidades y aclaró que si bien tiene 10 días decidir, su interés es resolver cuanto antes esta situación. Extraoficialmente se supo que se trataría de personal que prestaba servicios en la madrugada del 5 de noviembre -día de la desaparición- en la Comisaría Octava, en la Unidad Regional IV y de los agentes que cumplían adicionales en el boliche “Macuba Megadisco”, donde Daniel Solano fue visto por última vez. Por su parte Sergio Heredia, abogado que asesora a la familia Solano, mencionó a los micrófonos de “FM Prisma” que se había imputado a los policías en el marco de la investigación. El letrado indicó además que “a seis de esos 12 policías se les pide la inmediata separación de la fuerza y la entrega de las armas”. Si bien este sería el requerimiento del fiscal, no hubo aún -tal cual lo sostuvo Soto- confirmación de esta medida preventiva. Tampoco desde la Regional IV de Policía se confirmó esa información. Por los dichos de Heredia, se entiende que ha sido el fiscal Bodrato quien requirió que se investigue la posible comisión de delitos por parte de estos policías y que los mismos podrían estar vinculados a la desaparición del joven de Tartagal. Entre los uniformados investigados figurarían dos jefes de la fuerza en la comarca, que serían quienes estaban a cargo de la Octava y de la Regional al momento de la desaparición. Puntualmente con el requerimiento se busca determinar si la docena de uniformados, o alguno de ellos, incurrió en abuso de autoridad, apremios ilegales y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Siempre de acuerdo a lo dicho por Heredia, el fiscal habría solicitado a la Jefatura de Policía la preventiva suspensión de funciones y el retiro del arma reglamentaria a seis de los policías mencionados.


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