Sorpresas judiciales

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Aunque muchos personajes se han puesto a festejar con satisfacción manifiesta la decisión del juez en lo penal económico Julio Speroni de ordenar la detención del ex ministro Domingo Cavallo, parece patente que sus motivos tienen mucho más que ver con sus pasiones políticas particulares que con su eventual fe en la maltrecha Justicia argentina. Si bien Cavallo ha sido acusado de muchos crímenes por sus adversarios, hasta ahora pocos han sospechado que además de ser coartífice del «modelo menemista» era un traficante de armas internacional que se las había arreglado para enriquecerse contrabandeando toneladas de materia bélica a Croacia y Ecuador. Asimismo, puesto que el ex presidente Carlos Menem, cuya situación era supuestamente mucho más comprometida que aquélla de quien era su superministro, ya ha sido absuelto en la misma causa luego de varios meses de arresto domiciliario, no extrañaría que Cavallo también se viera beneficiado por un fallo de la Corte Suprema por haberse dado por descontado que su eventual conexión con la venta ilegal de armas a dos países en guerra era mucho más tenue que la de otros presuntos implicados.

De todos modos, cuando de las órdenes de detención disparadas por jueces contra hombres públicos eminentes se trata, han sido tantas las producidas en los meses últimos que a esta altura es sumamente difícil saber si estamos frente a la manifestación tardía de rigor jurídico que aplauden los adversarios de los esporádicamente encarcelados, o una maniobra política emprendida con propósitos poco claros, como afirman quienes cuestionan el accionar de muchos magistrados que, es de suponer sin habérselo propuesto, se las han arreglado para erigirse en celebridades mediáticas. Distinguir entre los casos en que la detención se justifica y aquellos en que se debe al «disparate» de un juez, para emplear la palabra usada por el abogado defensor de Cavallo, es virtualmente imposible porque casi siempre las pruebas se prestan a una variedad muy grande de interpretaciones. Por lo tanto, de encontrar otros magistrados razones contundentes para liberar a Cavallo, la decisión de Speroni, lejos de contribuir a prestigiar la Justicia, sólo habrá servido para convencer a más de un ciudadano imparcial de que en este momento de crisis generalizada los jueces se han transformado en oportunistas peligrosos que están librando una guerra extraña contra distintos sectores de la clase política, obstaculizando cuando pueden a los intentos del gobierno del presidente Eduardo Duhalde de manejar una economía ya caótica, embistiendo con furia contra los banqueros locales y extranjeros y, desde luego, tratando de hacer méritos participando en una cruzada contra Menem, Cavallo, el ex presidente Fernando de la Rúa y muchas otras personas bien conocidas.

De más está decir que en estas circunstancias la Justicia ecuánime es un ideal cada vez más lejano. Mientras que por motivos políticos, o por inquina personal, algunos, sin saber nada de los detalles, insistirán en que Cavallo, Menem, Emir Yoma y, tal vez, De la Rúa, tienen forzosamente que ser culpables de todos los muchos delitos que les han sido achacados, otros, por razones en el fondo similares, los creerán víctimas de una campaña de hostigamiento despreciable impulsada por sujetos siniestros. En vista de que no hay forma de determinar cuáles están en lo cierto, el desprestigio del Poder Judicial no podrá sino intensificarse, mientras que la idea de que sea posible la Justicia en la Argentina actual continuará debilitándose. Es innecesario decir que este auténtico desastre, que es plenamente comparable con el supuesto por el colapso de la economía y el repudio generalizado a una clase política que, por su parte, está resultando incapaz de hacer frente a la crisis multifacética que tanto dolor está provocando, no ayudará en absoluto ni a la Justicia misma ni al país. En el exterior, la detención de Cavallo a raíz de una causa que se inició hace varios años en la que su presunta participación ha sido considerada mínima será tomada por otro episodio extravagante de la triste saga judicial a través de la que la Argentina parece estar procurando informar al resto del mundo que, lejos de estar en vías de reparar sus instituciones básicas, está resuelta a reducirlas a escombros.