Subversivos económicos
Como se hizo evidente en Chaco, varios fallos contra el corralito se inspiraron en el afán de lucrar a costa del ciudadano común.
Si bien pocos negarían que en todas sus formas el corralito bancario, que pronto cumplirá medio año de existencia, es un mecanismo antipático y sumamente injusto, los más sensatos entienden muy bien que la alternativa de dejar caer los bancos, eliminando de este modo virtualmente todos los ahorros depositados en ellos, habría sido aún más antipática e injusta, razón por la que dadas las circunstancias no cabe duda de que se trata del mal menor. Sin embargo, desde el primer día distintos personajes, encabezados por la diputada «nacionalista» Alicia Castro, se las arreglaron para agujerearlo, tarea en la que han contado con la colaboración vigorosa de una multitud de abogados y jueces que, detrás de una pantalla de retórica principista, moralizadora y jurídica, han contribuido notablemente a la demolición de la economía nacional. Puede que algunos jueces no acostumbrados a permitir que los intereses particulares se vean subordinados al bien común hayan actuado de buena fe por creer que al país lo beneficiaría el colapso del sistema financiero o por suponer que los únicos perjudicados serían los banqueros, pero en otros casos los motivos eran decididamente menos nobles. Como pronto se haría evidente, muchos fallos judiciales se inspiraron en nada más que el afán de los inescrupulosos de siempre de lucrar a costa del ciudadano común.
Por cierto, la decisión del Superior Tribunal del Chaco de suspender a tres jueces locales por conducta a su entender vergonzosa al fallar en favor de ahorristas a cambio, según algunas versiones, del 20% del monto retirado que sería repartido entre los «abogados, el juez y algún empleado», ha servido para echar un poco de luz sobre lo que realmente sucedía cuando algunos representantes del Poder Judicial, afirmándose defensores de los derechos del ciudadano inocente supuestamente estafado por banqueros rapaces, protagonizaban una suerte de cruzada contra el corralito, lo cual les granjearía el aplauso de la oposición parlamentaria y de ahorristas que claramente no comprendían que con cada peso así retirado se reducían sus propias posibilidades de recuperar más que una pequeña fracción de su dinero. Conforme al Tribunal chaqueño cuyos integrantes se declararon «realmente estupefactos» por la cantidad de abusos que encontraron en el curso de su pesquisa, los tres jueces suspendidos hicieron gala de su mala fe cometiendo «actos reiterados de parcialidad manifiesta» cuando ordenaron la devolución de millones de dólares a ahorristas residentes en otras jurisdicciones del país. Asimismo, se supone que en muchas otras provincias se han producido «irregularidades» similares a las registradas en el Chaco: huelga decir que a esta altura nadie ignora que los beneficiados por el activismo anticorralito de ciertos magistrados no incluían a muchos ahorristas menores.
A pesar del daño enorme al país que ha sido causado no sólo por el «goteo» constante que ha sido posibilitado por algunos jueces sino también por la evidencia patente de que durante meses el gobierno nacional brindaba la impresión de no estar en condiciones de impedirlo, la actitud oficial hacia la campaña exitosa emprendida por los deseosos de frustrar sus esfuerzos por manejar la economía ha sido ambigua, sin duda porque el presidente Eduardo Duhalde y sus acompañantes siempre han creído que sería de su interés hacer pensar que la crisis financiera fue obra exclusiva de los banqueros, sobre todo de los extranjeros, no de la irresponsabilidad rayana en la demencia de políticos, entre ellos el propio Duhalde, que alegremente habían financiado sus actividades con préstamos sin tener la más mínima intención de intentar honrar sus obligaciones. Por eso, el gobierno, intimidado por los caceroleros, ayudó a crear un clima en que los deseosos de aprovechar la confusión creían poder actuar con impunidad, al parecer indiferente al hecho de que lejos de impresionar al resto del mundo con el respeto del Poder Ejecutivo por la autonomía de la Justicia, la anarquía seudojudicial resultante contribuiría a consolidar la opinión generalizada de que la Argentina era virtualmente ingobernable y que los jueces eran tan caprichosos y tan politizados, cuando no tan corruptos, que sólo a un despistado se le ocurriría tomarla por un dechado de seguridad jurídica.
Si bien pocos negarían que en todas sus formas el corralito bancario, que pronto cumplirá medio año de existencia, es un mecanismo antipático y sumamente injusto, los más sensatos entienden muy bien que la alternativa de dejar caer los bancos, eliminando de este modo virtualmente todos los ahorros depositados en ellos, habría sido aún más antipática e injusta, razón por la que dadas las circunstancias no cabe duda de que se trata del mal menor. Sin embargo, desde el primer día distintos personajes, encabezados por la diputada "nacionalista" Alicia Castro, se las arreglaron para agujerearlo, tarea en la que han contado con la colaboración vigorosa de una multitud de abogados y jueces que, detrás de una pantalla de retórica principista, moralizadora y jurídica, han contribuido notablemente a la demolición de la economía nacional. Puede que algunos jueces no acostumbrados a permitir que los intereses particulares se vean subordinados al bien común hayan actuado de buena fe por creer que al país lo beneficiaría el colapso del sistema financiero o por suponer que los únicos perjudicados serían los banqueros, pero en otros casos los motivos eran decididamente menos nobles. Como pronto se haría evidente, muchos fallos judiciales se inspiraron en nada más que el afán de los inescrupulosos de siempre de lucrar a costa del ciudadano común.
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