Supervisión escolar, territorio privado y partidario

Por Redacción

HÉCTOR RONCALLO (*)

La resolución 2980/13, del 1 del corriente, demuestra claramente la injerencia partidaria en la decisión de quiénes serán los supervisores escolares de todos los niveles en los próximos años. La resolución dictada sin consulta a los posibles participantes define las bases del concurso de antecedentes y oposición para cubrir los cargos de supervisores de todos los niveles y modalidades en el territorio de la provincia. Por la importancia que tiene el cargo de supervisor en cada nivel, siendo el cargo máximo del escalafón docente y el garante de que se cumplan las disposiciones normativas para el efectivo funcionamiento del sistema educativo, es inadmisible la forma en que se procederá a realizar el concurso. Mediante la resolución citada se aprueban las bases para el concurso de cargos de supervisores y desde esa definición se alteran las normas de mayor jerarquía, como son las leyes, a saber: • Se altera el artículo 16 del Estatuto Docente –ley 391– al establecer que los antecedentes para el concurso representarán del 30% en el total de 100 puntos, cuando la ley establece que deben justificar el 40%. • Se altera el artículo 18 de la misma ley al fijar un jurado de diez miembros cuando la ley define que el mismo debe ser integrado por “un número impar de miembros no inferior a tres (3), uno (1) por la Junta de Clasificación y los restantes por elección directa de los concursantes”. • Se altera la ley, ya que no está prevista la participación de las juntas de clasificación en dicho jurado. • Se altera la prescindencia partidaria y patronal, toda vez que no sólo suceden las definiciones ilegales descriptas sino que además el jurado estará integrado –según esta irreverente normativa dictada sin participación real– por el ministro, vocales del gobierno, vocal de los padres y algunos más que seguramente de acuerdo con el esquema planteado no demostrarán independencia. A esta altura de las definiciones queda notoriamente demostrado que lo que se pretende es seguir en la línea de cooptación de poder asegurando figuras “diga todo que sí”, ya que el jurado lo integran el patrón y los designados a dedo, quienes evaluarán a sus futuros dependientes. Nunca visto. Esto, en términos de libertad de cátedra, independencia pedagógica y mirada crítica de la realidad escolar interna y externa, corre serio riesgo de ser pisoteado y direccionado en un solo sentido. Con esto quiero decir que, de seguir en esta línea de definiciones, el gobierno de turno no solamente tiene bajo su entera disposición a la conducción provincial actual del gremio docente sino también la representación de los padres/madres, designada a dedo en una escandalosa alteración de la ley mediante otra norma acomodada a los intereses partidarios. Cuenta además con la designación a dedo de los padres en cada municipio, en lugar de ser elegidos. También sucedió que la conducción central del gremio designó a dedo a los representantes docentes en el Consejo Escolar y ahora, con el famoso lema “vamos por más democracia”, el ministro y sus amigos, a través de un concurso que va camino a ser digitado, evaluarán a los futuros supervisores de todos los niveles y modalidades de la provincia, al ser ellos integrantes del jurado con número par, quizás confundidos por el término “pares”, o sea “iguales”. Con todos estos amigos cubriendo como cáscara de cebolla todos los sectores y definiciones alrededor de la escuela y del sistema educativo central y local, a esta altura lo que se visualiza –y que ya está en práctica– es la instalación de procedimientos de temor, la ausencia de la libertad de palabra y la posibilidad de quita de los derechos logrados, ya que todos los que tendrán que definir seguramente dirán a todo que sí. En las escuelas de orden privado se aplican procedimientos de búsqueda de docentes y/o autoridades pedagógicas con un seguimiento por parte del dueño para definir quién será el que ingrese y garantizar que en su establecimiento escolar el ideario de esa institución funcione de acuerdo con los intereses del dueño. Eso está bien, porque existe un dueño. Quizás con el correr de los tiempos y la necesidad de perpetuarse en el poder y asegurar continuidades, algunas autoridades consideren que ese procedimiento privado se puede utilizar en el concurso de antecedentes y oposición para supervisores de escuelas estatales ante la confusión simétrica de Estado y gobierno y, por ende, crean que son los dueños del sistema educativo. Son lamentables tales confusiones y lo grave es que se juega la independencia del sistema educativo. Por otra parte, la fractura que tiene el sistema educativo se profundiza más aún si no se pone en debate la vuelta atrás de las supervisiones de escuelas privadas, definida por el gobierno anterior en la provincia y que la actual conducción educativa profundizó manteniendo el procedimiento, pese a que los representantes de la conducción gremial actual supuestamente planteaban la unificación de todo el sistema. Realizar el concurso de supervisores sin definir que el sistema es único en la provincia, tal como lo expresa el artículo 11 de la ley 4819, es ahondar la fractura de la educación en Río Negro ya que el artículo mencionado dice claramente: “El sistema educativo provincial es el conjunto organizado de instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho social a la educación de acuerdo con los principios y fines establecidos en esta ley. Lo integran los establecimientos educativos a cargo del Estado provincial y los establecimientos educativos reconocidos oficialmente, de gestión privada, de gestión social o de gestión cooperativa que complementan la acción estatal”. Esto no quiere decir que la patronal de escuelas privadas tenga que mantener un sistema privado de supervisión escolar, a menos que el acuerdo entre patrones haya sido la repartición de estructuras de poder. ¿Qué dirán los legisladores que tan rápidamente aprobaron y modificaron todas estas leyes de educación? No se los escucha. (*) Exsecretario general de Unter. Exvocal gremial docente en el CPE