Suspendieron a la Defensora Oficial de Regina por mal desempeño

El Consejo de la Magistratura suspendió por 25 días sin goce de haberes a la Defensora de Pobres y Ausentes de Regina por haber desempeñado mal su función.





El Consejo de la Magistratura impuso una suspensión por 25 días sin goces de haberes a la Defensora Oficial de Villa Regina, por no haber desempeñado adecuadamente su función entre 2015 y 2017; hecho que fue reconocido por la propia funcionaria judicial.

La sanción fue informada esta semana por el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial mediante un proceso disciplinario abreviado por el reconocimiento que realizó la Defensora de Pobres y Ausentes de la acusación por mal desempeño.

Sin embargo, no hubo coincidencia plena de los integrantes en la definición de la sanción, dado que algunos consejeros mocionaron a favor de iniciar un proceso de juicio político.

La suspensión por 25 días sin goce de haberes fue impuesta a la Defensora de Pobre y Ausentes de Villa Regina, Ana Gómez Piva, a partir del expediente iniciado por denuncias de personas que no recibieron una adecuada atención por parte de la funcionaria entre 2015 y 2017.

«La Defensora de Pobres y Ausentes de Villa Regina Ana Gómez Piva limitó indebidamente el acceso de los justiciables a la defensa pública al implementar sin autorización un sistema de turnos que restringía la cantidad de atenciones diarias en la Defensoría y provocaba demoras o esperas innecesarias para el acceso a la Defensa Pública”, detallaron en su fallo el presidente del Consejo De la Magistratura el juez del STJ Ricardo Apcarian -con doble voto-; el fiscal jefe Hernán Trejo en su carácter de Procurador Subrogante, y los legisladores Lucas Pica y Norberto Gerardo Blanes.

Agregaron que “se encuentra debidamente probado que la funcionaria no ha prestado un servicio adecuado, eficiente y oportuno a cinco personas que requerían su representación o intervención en procesos judiciales específicos. Los malos tratos propinados a los justiciables y el atraso, deficiencia y/o falta de diligenciamiento oportuno de los trámites que aquellos le encomendaban fueron contrarios al deber de brindar un servicio adecuado, ejemplar y de calidad hacia los justiciables”.

La Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Ana Gómez Piva, reconoció que durante el período mencionado no desempeñó adecuadamente su función, y por este motivo integrantes del Consejo de la Magistratura, determinaron realizar un procedimiento disciplinario abreviado con la aplicación de la sanción.

No obstante, un grupo de consejeros se expresó en disidencia al procedimiento aplicado. En este sentido el grupo integrado por los representantes del Colegio de Abogados, Nicolás Díaz, Natalia San Miguel y María Gabriela Lastreto y el legislador Pablo Barreno, consideró que la sanción debió aplicarse mediante un juicio político tradicional.


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