Tan cerca, tan lejos: la disputa entre jueces de la región que llegó a la Corte

Apenas unos 20 escalones separan el despacho del juez Hugo Greca de las tres oficinas que ocupan los integrantes de la Cámara Federal de Roca.

Sin embargo, puertas adentro de los tribunales ubicados en la esquina de San Martín y España se admite que la distancia real entre los magistrados de primera y de segunda instancia es mucho mayor.

Durante los casi tres años que llevan de convivencia siempre se guardaron las formas, pero la confianza mutua fue un valor que nunca apareció alrededor de esos vínculos.

Y desde hace pocos días, la tensión entre ellos es mucho mayor.

Un oficio llegado desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación potenció las diferencias y el resquemor, porque los planes futuros que tenía uno de los protagonistas de la historia podrían verse alterados por una acción impulsada desde esas oficinas tan cercanas y lejanas al mismo tiempo.  

Ese documento, firmado el viernes 6 por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ordena enviar al Consejo de la Magistratura de la Nación las actuaciones iniciadas por la Cámara Federal de Roca, para que se evalúe si el juez Greca excedió los límites de su función al reunirse con funcionarios rionegrinos para analizar un posible traspaso a la órbita provincial de las causas por “narcomenudeo”.

El tribunal de alzada, integrado por Ricardo Barreiro, Mariano Lozano y Richar Gallego, decidió intervenir luego de una publicación de “Río Negro” del 17 de septiembre del año pasado, en la que Greca se refirió al “cuello de botella” que enfrentaba el Juzgado Federal de Roca ante la gran cantidad de causas relacionadas con narcotráfico que debía resolver.

En ese informe periodístico se consignó que el juez de primera instancia había analizado la situación en charlas con el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, y con el procurador general del Poder Judicial de Río Negro, Jorge Crespo, quienes manifestaron estar de acuerdo con la idea de fondo, pero plantearon reparos -sobre todo Crespo- para un traspaso de esa magnitud sin tener garantizados antes los fondos necesarios para el Ministerio Público de la provincia.

“Esta cámara -en su condición de autoridad de superintendencia del distrito judicial que comprende las provincias de Río Negro y Neuquén- no había sido anoticiada de las gestiones que habría llevado a cabo el referido juez ante esas altas autoridades provinciales, las cuales -de haber existido- no presta aquiescencia”, advierte el expediente que llegó a la Corte.

Y luego destaca que “en la gestión de asuntos que son de exclusivo resorte de los poderes políticos provinciales no han de inmiscuirse los magistrados federales, ya que dicha gestión ha sido reservada a la Corte como cabeza del Poder Judicial de la Nación (conf. artículo del Reglamento para la Justicia Nacional)”.

Para la Cámara Federal de Roca, “la difusión publica la que se ha hecho mención podría comprometer de algún modo al Poder Judicial de la Nación, extremo que debería ser despejado por la Corte, en caso de así decidirlo”.

Ante ese planteo, los jueces del máximo tribunal respondieron que “el órgano competente para evaluar la conducta del mencionado magistrado es el Consejo de la Magistratura” y hacia allí remitieron las actuaciones.

La situación no sería singular si no ocurriera en medio de otro proceso que involucra a Greca y al Consejo de la Magistratura de la Nación.

Hay que recordar que el órgano encargado de la selección y de evaluar el desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial tiene desde hace pocos días el pedido del juez para ser trasladado a Bariloche, para cubrir la vacante originada por la jubilación de Leónidas Moldes.

En consecuencia, la pregunta que sobrevuela los tribunales federales de Roca tiene que ver con qué expediente abordará primero el Consejo, porque en esa decisión podría estar implícito un mensaje sobre el destino del otro caso.

La Cámara Federal de Roca quedará sólo con dos integrantes en poco tiempo.

El juez Ricardo Barreiro dejará la función, luego de iniciar a mediados de octubre los trámites para acogerse al beneficio jubilatorio.

Se abrirá así un período con subrogancias y nadie puede predecir cuánto durará.

Fuentes consultadas en Tribunales plantearon dudas sobre los plazos para la realización del concurso destinado a cubrir esa vacante y mencionaron como ejemplo que la vocalía del Tribunal Oral Federal de Roca que dejó hace un año el juez Armando Márquez todavía no tiene nuevo titular.

Hay que recordar que en la región también dejó su cargo para jubilarse el juez de Bariloche, Leónidas Moldes, y que la jueza de Viedma, Mirta Filipuzzi, también estaría cerca de acceder al beneficio previsional.