El efecto Australia: Europa y un debate clave sobre menores y redes sociales

La Unión Europea analiza limitar el acceso a distintas plataformas, impulsada por el antecedente de Australia y avances como los de Francia y España. ¿Prohibir o regular?

Redacción

Por Redacción

La Unión Europea debate por estos días una de las decisiones más sensibles de su agenda digital: la posible prohibición del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. El tema ganó centralidad a partir de la experiencia de Australia, que en diciembre pasado avanzó con la prohibición para menores de 16 años, y del empuje de varios Estados miembros que ya anunciaron —o están implementando— medidas en ese sentido.

Aunque la UE aún no legisló de manera directa sobre una edad mínima para el uso de redes, el clima político cambió. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró abierta a imponer límites etarios, aunque aclaró que antes quiere escuchar a especialistas y evaluar el enfoque más adecuado para el bloque.

En ese marco, un grupo consultivo —prometido por Von der Leyen para 2025— comenzará a funcionar este año con el objetivo de asesorar sobre cómo proteger a los niños en internet.

“Estamos dejando todas las puertas abiertas. Vamos a recibir comentarios y luego decisiones”, explicó el vocero de la Comisión Europea, Thomas Regnier.

Francia fue uno de los países que más presionó para que la UE adopte una prohibición común, junto con Dinamarca, Grecia y España. Sin embargo, ante la falta de definición, París decidió avanzar por su cuenta.

Días atrás, la cámara baja del Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, una iniciativa que aún debe ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.

Dinamarca también anunció que prohibirá el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, mientras que el Parlamento Europeo ya pidió formalmente una prohibición para menores de 16. Fuera del bloque, países como Malasia, Noruega y Nueva Zelanda analizan medidas similares.

En paralelo, cinco países de la UE —entre ellos Francia y Dinamarca— están probando una aplicación de verificación de edad que busca impedir que los niños accedan a contenidos nocivos en internet, uno de los grandes desafíos técnicos y legales de cualquier prohibición.

Aunque no existe una norma específica sobre la edad mínima, la Unión Europea cuenta con una poderosa herramienta regulatoria: la Ley de Servicios Digitales (LSD). Esta normativa otorga a los reguladores amplias facultades para exigir a las plataformas cambios en sus sistemas con el fin de proteger a los menores. Entre otras cosas, la ley prohíbe la publicidad dirigida a niños.

“La UE puede utilizar la LSD para impactar la forma en que los niños interactúan con las redes sociales”, señaló Paul Oliver Richter, del centro de estudios Bruegel.

En ese contexto, Bruselas lanzó investigaciones contra TikTok, Facebook e Instagram en febrero y mayo de 2024, ante la sospecha de que estas plataformas no hacen lo suficiente para prevenir efectos negativos en la salud mental de niños y adolescentes.

Uno de los focos es el llamado efecto “madriguera”, generado por algoritmos que pueden llevar a los usuarios hacia contenidos cada vez más extremos.

Las investigaciones aún no concluyeron, aunque desde la Comisión adelantaron que esperan presentar hallazgos preliminares durante el primer semestre del año. “Para ciertas investigaciones necesitamos más tiempo, pero concluiremos estos casos”, aseguró Regnier.

“Entorno de adicción”


España dio esta semana un paso fuerte en el debate. Desde Dubái, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, el presidente Pedro Sánchez anunció que su gobierno quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos de un entorno de “adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia”.

“España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años”, afirmó Sánchez, quien exigió a las plataformas implementar sistemas reales y eficaces de verificación de edad. Además, adelantó cambios legales para que los ejecutivos de las empresas tecnológicas puedan enfrentar responsabilidades penales si no eliminan contenidos ilegales o que inciten al odio.

El anuncio generó una reacción inmediata de Elon Musk, propietario de X, quien calificó al mandatario español de “tirano y traidor”. La iniciativa española forma parte de un paquete de cinco medidas que el Gobierno planea aprobar en las próximas semanas, aunque Sánchez enfrenta dificultades para reunir mayoría parlamentaria.

La discusión, en la agenda global


El uso intensivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes despierta una preocupación creciente en Europa —y en buena parte del mundo—, especialmente por el tiempo excesivo frente a las pantallas y la escasa moderación de contenidos.

Con Australia como antecedente y varios países europeos avanzando por su cuenta, la presión sobre Bruselas se intensifica. Mientras la Comisión Europea evalúa los próximos pasos, el debate sobre hasta dónde regular, cómo verificar la edad de los usuarios y qué responsabilidades deben asumir las plataformas ya se instaló en el centro de la agenda digital del continente.

En Argentina, meses atrás irrumpió en la agenda pública el Pacto Parental. La iniciativa, impulsada por un grupo de padres, propone retrasar el acceso al celular hasta los 13 o 14 años.

Durov se sumó a Musk


Pavel Durov, fundador de Telegram, se sumó a las críticas de Elon Musk contra los planes del presidente español Pedro Sánchez, al advertir que la medida podría amenazar la libertad de expresión y derivar en un “Estado de vigilancia”.

Durov cuestionó especialmente la propuesta de prohibir el acceso mediante verificación obligatoria de edad y la posible responsabilidad penal para directivos de plataformas por no retirar contenidos, lo que —según afirmó— fomentaría la sobrecensura.

Con información de AFP


La Unión Europea debate por estos días una de las decisiones más sensibles de su agenda digital: la posible prohibición del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. El tema ganó centralidad a partir de la experiencia de Australia, que en diciembre pasado avanzó con la prohibición para menores de 16 años, y del empuje de varios Estados miembros que ya anunciaron —o están implementando— medidas en ese sentido.

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