Tensa calma en el barrio tomado

Vecinos intentaron evitar la concreción de un zanjón. Muchos optaron por irse por temor a la Policía. Anoche se reunían con el juez algunos de ellos. Los que permanecen intentan organizarse para evitar vandalismo y daños en las casas. Mussi dijo que el uso de la fuerza es el último recurso.

Ocupación de Viviendas

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de ayer en el “22 de Abril”, donde se levantan 222 viviendas que esta semana fueron tomadas.

En la tarde del viernes y por orden judicial una máquina comenzó a cavar una profunda zanja a modo de cerco perimetral alrededor del barrio a los efectos de evitar ingresos por distintos sectores. Ayer a primera hora continuó la tarea hasta que unas 100 personas -entre ellas varios niños- interrumpieron la tarea colocándose frente a la topadora que debió abandonar el zanjeo.

Por razones de seguridad del maquinista y de quienes se ponían muy cerca del pesado equipo, el juez penal de turno Carlos Mussi ordenó a la Jefatura de la Policía disponer de los medios necesarios para garantizar aquellas condiciones. Fue así que se sumó a los efectivos policiales del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate -Coer-.

Al parecer ante esta presencia que genera temor en la gente, familias que estaban ocupando abandonaron algunas viviendas que ya suman más de 30.

No obstante el juez negó que se evalúe un desalojo y mucho menos con el empleo de la violencia. “El recurso de la fuerza es la última instancia”, dijo el Mussi a DeViedma al anticipar que los ocupantes serán intimados a retirarse en un plazo razonable, tal como lo establece un fallo del Superior Tribunal de Justicia que sentó jurisprudencia para este tipo de problemáticas.

Esa sentencia sostiene que antes de ser dispuesto un desalojo, el juez debe escuchar al o los imputados y que no puede desalojar a pesonas de escasos recursos que tengan a cargo menores de edad sin una ayuda previa. De allí la necesidad de la intervención de todas las áreas del Estado que ha sido ya dispuesta por el juez Mussi, quien no descartó generar un espacio de mediación entre las partes, tal como también lo expresa ese fallo del STJ.

El magistrado tampoco desestimó allanamientos, teniendo en cuenta que se produjeron daños en varias de las viviendas ocupadas de las que fueron sustraídos sanitarios, mesadas de cocina y hasta el tanque de agua de 850 litros. En este sentido destacó que en el caso que la Policía observe a alguien con elementos de estas características lo debe detener “como en cualquier hecho delictivo”.

El juez recibió al intendente de Viedma, José Luis Foulkes, en la tarde del viernes, oportunidad en que el jefe comunal explicó la situación de las viviendas que aún no están conectadas a las redes troncales. Luego que el intendente se retiró de Tribunales fue levantada la carpa que se había instalado al frente del edificio en la que con grandes carteles se reclamaba la entrega de viviendas.

Se estima que con la recuperación de casas y la orden del juez , el municipio deberá en un plazo inmediato convocar a inscripción para la adjudicación de las casas que se van recuperando para evitar que sean nuevamente ocupadas o dañadas.

Dos sectores diferenciados

En la toma de las 222 viviendas en el “22 de Abril” aparecen como dos sectores diferenciados. Por un lado, los que viven de su trabajo -muchos de ellos en negro-, los independientes y desocupados que comparten esta necesidad de un techo digno desde hace tiempo.

Los que decidieron irse entregaron las viviendas tal como cuando ingresaron, mientras que los que permanecen mantienen la mirada atenta ante la posibilidad que alguien ingrese para dañarla. Madres jóvenes con criaturas en brazos siguen allí. Duermen en el piso y se las arreglan con la ayuda de los vecinos para tener agua y aliviar el calor, sobre todo por los niños.

Por el otro, hay un sector que está identificado como el “más duro”, en el que se podrían incluir algunas personas presuntamente con antecedentes.

Lo cierto es que en varias viviendas se produjeron daños y fueron sustraídos elementos desde ventanas hasta sanitarios, grifería, mesadas de cocina y todo lo que se pudo sacar, llevar y ofrecer en venta, en algunos casos, según trascendió en el lugar.

También están los que en su condición de beneficiarios de lotes de ese sector reclaman la entrega de una de esas viviendas que aún no están adjudicadas. Entre unos y otros existe un común denominador: la necesidad de una vivienda y el derecho a tenerla.

“Muchos se van porque tienen miedo a la Policía”

Muchas de las familias que tomaron las viviendas del denominado barrio 22 de abril saben que infringieron la ley y que tendrán consecuencias por ello. Pero también reconocen que hace años que esperan una casa o un lote, ofrecen pagar una cuota y no pretenden que nadie les regale nada. Anoche, una comisión tenía previsto reunirse con el juez Mussi para explicarles su situación.

Dicen que están cansados de no ser incluidos en ningunos de los listados elaborados por los organismos estatales para el acceso a un pedazo de tierra o a un techo propio y ya no creen en las promesas de campaña.

“La mayoría de la gente se está retirando porque tiene miedo que la policía golpee y muchos estamos con nenes chiquitos”, dijo Daiana, ayer, cuando se retiraba del predio. Contó a “DeViedma” que “la policía retiró ventanas, a mí me entregaron la llave en mano los policías y se las devolví con la casa en idénticas condiciones”.

Daiana ocupó una vivienda en un sector del barrio en el que ayer cerca de la mitad de las familias había decidido retirarse.

Sin embargo, en el sector opuesto, Belén contó otro panorama. La joven, también sola y con dos hijos, dijo que permanecerán mientras puedan y que para ello se organizan con ánimo de poder ayudarse.

Reconoció que durante estos días ingresaban jóvenes de noche en moto y se llevaban sanitarios, tanques de agua y ventanas. “Mi casa está igual que el primer día, puede haber un poco de barro nomás”, cuenta la joven.

Un muchacho que habita una casa lindera completa que han intentando organizarse, por un lado para poder dialogar con las autoridades judiciales y policiales -del Municipio nadie se acercó aún- y además para poder evitar que vándalos aprovechen la situación para provocar destrozos y robos. “Pero muchos tienen miedo, además, cuando hacemos alguna reunión en el centro del barrio, la policía aprovecha y nos saca las cosas de las viviendas”, relatan.

El lunes, muchos de ellos cumplirán una semana de usurpación. Reconocen que enfrentan riesgos, pero la mayoría demuestra estar agotada de promesas incumplidas y asume las consecuencias ante la necesidad de un techo para su familia.

DeViedma


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