Tierras productivas

Carlos Arias Rodríguez (*)

Las ciudades están en un permanente crecimiento y cuando se extienden sin planificación inevitablemente se comienzan a “comer” importantes sectores de tierras productivas que dan base a su desarrollo sustentable en lo económico, social, ambiental y urbano. Nuestra región patagónica tiene una superficie de 1.768.165 kilómetros cuadrados en su mayor parte desérticos y el mayor conglomerado humano está localizado precisamente en el Alto Valle, conformado por pequeñas y medianas ciudades rodeadas por una superficie bajo riego de más de 60.000 hectáreas en una extensión de 130 kilómetros. Esta área irrigada, apta para el desarrollo de actividades agropecuarias, representa tan sólo un 0,034% de la extensa superficie de la Patagonia, con lo cual es un bien escaso al igual que el sistema de canales de riego y drenaje que le proveen agua desde hace 100 años, fundamento suficiente para que el Estado (municipal y provincial), junto a los productores, la preserve y no la deje librada al azar del mercado inmobiliario, que inevitablemente la desguazará mediante loteos que la inutilizan para la producción. Para superar esta situación el Estado debe abordar la planificación del uso del suelo con metodologías de análisis de la realidad que permitan una proyección que integre con suficiente coherencia las diferentes visiones de esta misma realidad y que puedan surgir desde los espacios de consenso democrático. Teniendo en cuenta que el perfil productivo de la región del Alto Valle es el frutihortícola (y sus actividades conexas como el turismo rural) se hace necesario hacer partir esa planificación desde el reconocimiento de la importancia estratégica que se le debe dar al uso del suelo irrigado, un recurso sumamente escaso en relación con la creciente demanda de alimentos en el mundo. Es necesario entonces cambiar los tradicionales modelos de gestión vertical por uno más horizontal que permita generar una visión compartida creando o fortificando ambientes de participación que atiendan la diversidad de opiniones y se enfoquen en métodos de trabajo que propendan al arribo de consensos sobre el perfil de cada ciudad, con el objetivo de trazar estrategias para el corto y el mediano plazo, estrategias que permitan su desarrollo sostenible admitiendo los disensos normales de cualquier grupo social. Pasando al terreno de lo concreto: para la gestión urbano-ambiental del territorio del Alto Valle es necesario consensuar normativas y herramientas de gestión, entre ellas la de los propios órganos de planificación, que tengan entre sus objetivos principales el encontrar el equilibrio entre la producción frutihortícola y el crecimiento de las ciudades. En este contexto regional, desde la Fundación de Estudios Culturales, Institucionales y Ambientales de la Patagonia (Feciap) nos encontramos trabajando junto al Estado municipal y las organizaciones de la ciudad de Allen en mejorar la calidad institucional y consensuando distintas herramientas de gestión que permitan a la ciudad afrontar las dinámicas sociales y de mercado. Para esto está en pleno debate el plan rector, que entre sus prioridades protege y preserva el sistema de riego y las tierras productivas irrigadas ante las tensiones que origina el mercado inmobiliario. En este plan se define qué se puede y qué no se puede hacer en el ejido de Allen, los lugares de crecimiento, la densificación de la ciudad, promover el desarrollo productivo en tierras irrigadas y su protección no permitiendo loteos en las mismas, entre otros temas. La legitimidad de las herramientas del planeamiento que propiciamos está dada por la metodología que facilita la participación de la sociedad civil en decisiones estratégicas que hacen al desarrollo local y a la definición del ordenamiento de su territorio desde una perspectiva sostenible, atendiendo las necesidades de hoy y de las generaciones futuras. Las ciudades que cuentan con una dirigencia abierta a la participación, a la transparencia y a una mejor calidad de gestión, en las que se suma una sociedad civil comprometida, en su mayoría, con una actitud de compromiso activo, son aquellas donde se verifica la generación de políticas de Estado sostenibles y se alcanzan estándares más justos de distribución del producto social. En suma, esta simbiosis entre organismos públicos, organizaciones no gubernamentales o del tercer sector y la sociedad civil de las ciudades brinda un equilibrio que permite crear la masa crítica necesaria para el desarrollo de una planificación tal que facilite la articulación público-privada con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable, que redunde en una mejor calidad de vida para los habitantes en sus territorios. En pocas ciudades de nuestro país se ha encontrado al día de hoy la madurez necesaria y el equilibrio suficiente entre dirigentes públicos y privados, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía que hayan viabilizado resultados ciertos en materia de planeamiento. Sin perjuicio de esto, es conveniente mencionar que es uno de los grandes reclamos de la sociedad de hoy, que se hizo más fuerte a partir del 2001; esta contradicción aparente invita a la reflexión. Parece ser que estamos transitando por un punto de inflexión y todavía no logramos asumir, en términos colectivos y sectoriales, los roles que desde el quehacer diario nos reclamamos a nosotros mismos como sociedad. Mientras no lo hagamos, el mercado seguirá actuando sobre nuestras ciudades y moldeará nuestras realidades en función de intereses privados y no de los intereses comunes, aun del mismo sector privado en su conjunto, por ausencia de políticas de Estado que debemos construir entre todos. (*) Director ejecutivo de la Fundación de Estudios Culturales, Institucionales y Ambientales de la Patagonia (Feciap)