Todos los pagos judiciales serán por banca electrónica
El programa se pondrá en marcha el 1 de mayo próximo en todos los juzgados rionegrinos.
Todos los pagos judiciales serán por banca electrónica
A partir del 1 de mayo será obligatorio en todos los juzgados de Río Negro el uso del sistema de banca electrónica (e-Bank) para realizar todos los pagos derivados de sentencias, como indemnizaciones, honorarios, impuestos y contribuciones.
Todas las personas que no tengan una cuenta bancaria propia para recibir los depósitos podrán obtener una cuenta gratuita, según establece la Resolución 812/16 del Superior Tribunal de Justicia, que puso en plena vigencia el nuevo sistema.
Desde diciembre de 2016 está en marcha la prueba piloto del sistema “Patagonia e-Bank”, con exitoso resultado en los distintos organismos, y a partir de mayo de 2017 desaparecerá la mayoría de las órdenes de pago en formato papel (cheques y oficios) que se utilizaban tradicionalmente. Además, todas las operaciones relacionadas con consultas de saldo y constancias, deberán hacerse de manera electrónica, según se informó desde el Poder Judicial.
El “Patagonia e-Bank” fue diseñado para responder no sólo a las necesidades especiales del Poder Judicial y sus usuarios, sino también a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina.
Con esta herramienta se habilitan los pagos electrónicos a los justiciables (por ejemplo, el pago de indemnizaciones y multas); a los abogados, peritos y otros auxiliares por sus honorarios y a organismos que perciben aportes y/o impuestos, como la Caja Forense o la Agencia de Recaudación Tributaria provincial.
De esta manera, entre otros beneficios, se evita que los justiciables y operadores judiciales deban esperar por sus cheques en las mesas de entrada de los juzgados y luego hacer colas en las ventanillas bancarias. También se evita que tengan que viajar hasta la sede judicial a las personas que viven en otras localidades.
A partir del nuevo sistema, cada juzgado tiene usuarios internos -que deben ser juez, secretario y/o funcionario de ley- habilitados para el uso del sistema electrónico. Se trata de operadores especialmente registrados ante el Banco y capacitados por el área de Informatización de la Gestión Judicial, encargados de realizar todas las gestiones y transferencias, así como de entregar las constancias impresas a quien corresponda. En tanto que los abogados y demás auxiliares pueden ahora obtener los saldos de las cuentas judiciales que les incumban a través de la página web oficial del Poder Judicial.
El funcionamiento
* Todos los litigantes, abogados de cada parte, peritos y toda persona u organismo que pueda resultar acreedor en un proceso judicial, debe informar al Tribunal su número de cuenta bancaria personal, a la cual se transferirán electrónicamente los pagos que corresponda.
* Si la persona no dispone de una cuenta propia para recibir la transferencia, deberá tramitar ante el Banco la apertura de una caja de ahorro y la emisión de la correspondiente tarjeta de débito. La Comunicación “A” 5147 del Banco Central dispone que ese servicio debe ser “sin costo” durante al menos un año o por un plazo mayor si se trata de una orden de pagos periódicos prevista por más tiempo.
* La única condición que impone el Banco Central es que la cuenta será gratuita “en la medida en que se utilice exclusivamente para recibir la transferencia del juzgado y realizar la extracción de los fondos”.
* Sólo ante situaciones “excepcionales” debidamente justificadas, a pedido de la parte interesada y siempre que la suma a abonar sea menor a 30.000 pesos, el Tribunal podrá autorizar el pago mediante el viejo sistema de cheque u oficio.
* Por el momento, sólo los juzgados Penales están exentos del uso del E-Bank.
* La Reglamentación tiene expresas previsiones en materia tributaria, ya que el Poder Judicial es agente de retención de Ingresos Brutos en algunos casos.
* El Área de Informatización de la Gestión Judicial (Gerencia de Sistemas y Coordinación de Implementación y Operaciones -C.I.O.-) estará a cargo de la asistencia y capacitación permanentes de los operadores judiciales del sistema.