Tolerancia contraproducente
La línea divisoria entre lo que es tolerable y lo que no lo es está deslizándose hacia la anarquía.
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, es un hombre muy importante. De sus decisiones depende el destino de la mayoría de sus compatriotas. Puede enriquecer a algunos y arruinar a otros pero, se presume, está resuelto a encontrar las soluciones menos malas y más equitativas para la multitud de problemas que exigen su atención inmediata. Sería de suponer, pues, que no sólo el gobierno sino el país entero tratarían de asegurarle el mínimo de tranquilidad necesaria para que pueda trabajar. ¿Es así? Claro que no. Lo mismo que tantas otras figuras públicas, Remes se ha visto convertido en blanco de las patotas que se especializan en «escrachar» a políticos, economistas y, últimamente, a escritores de opiniones supuestamente urticantes. Durante casi un hora, el ministro quedó atrapado en el Palacio de los Tribunales por una banda de cacerolistas que protestaban contra diversas medidas económicas, pero, como suele ser el caso hoy en día, optó por considerar el incidente como meramente anecdótico.
Se equivocaba. Aunque parecería que el país se ha acostumbrado tanto a los ataques contra personajes conocidos, los intentos de destruir las vallas blindadas erigidas a fin de proteger a los bancos, los cacerolazos y los cortes de ruta que imponen piqueteros que, disconformes con los resultados, se han puesto a tomar posesión de edificios públicos, que los consideran sencillos episodios folclóricos -y, en efecto, algunos turistas extranjeros se dicen atraídos por tales manifestaciones de color local-, el clima que se ha creado no es festivo en absoluto. Poco a poco, la línea divisoria entre lo que es tolerable y lo que no lo es está deslizándose hacia la anarquía. Por miedo a ser acusado de autoritario, el gobierno del presidente Eduardo Duhalde se resiste a brindar protección policial a quienes corren peligro de verse asaltados por turbas enfurecidas, lo cual plantea el riesgo de que pronto tengamos que lamentar algo decididamente más grave que el «mal momento» experimentado por hombres como Remes, el escritor Jorge Asís o el ex ministro de Economía Roberto Alemann.
La pasividad oficial podría justificarse si hubiera motivos para creer que andando el tiempo los «escraches» se harían menos frecuentes y que los grupos dispuestos a irrumpir en edificios públicos decidirían que en vista de que aquella modalidad no brindaba los resultados deseados, probarían suerte con métodos más pacíficos. Sin embargo, no es nada probable que esto ocurra. Por el contrario, todo hace pensar que lo que comenzó como protestas ruidosas pero no violentas propenderá a transformarse en una serie de ataques físicos cada vez más brutales. Al difundirse la sensación de impunidad imperante, que las autoridades no reprimirán por entender que en el fondo quienes protestan tienen razón, los deseosos de llamar la atención a su causa particular no podrán sino caer en la tentación de emplear medios más agresivos, lo cual, en un país en el que una proporción significante de sus habitantes posee armas de fuego -según algunas fuentes, en ciertas zonas ya abundan las «armas de guerra»- tendría consecuencias trágicas.
Si la historia reciente nos ha enseñado algo, esto es que los períodos de violencia extrema se ven precedidos por otros en los que las autoridades se ufanan de su voluntad de tolerar actos que no se considerarían aceptables en ningún país del Primer Mundo, de manera que sería mejor cierto grado de disciplina ahora que una reacción histérica después. De continuar multiplicándose los incidentes, algunos de los blancos se defenderán -el sindicalista Hugo Moyano ya ha advertido que «los muchachos», es decir, un elenco de matones, podrían «escrachar» a cualquiera que se proponga hostigarlo-. Asimismo, es evidente el riesgo de que un día bandas de peronistas bonaerenses se las arreglen para hacer frente a su manera tradicional a los militantes de izquierda que están protagonizando una cantidad de cacerolazos y otras manifestaciones. Si no queremos estallidos, tendremos que desarmar las bombas de tiempo que están en todas partes, empresa que no requeriría de nuevas leyes destinadas a la protección del político, sino la aplicación estricta de las leyes existentes porque, nos guste o no, son éstas lo único que nos separa de la barbarie.
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, es un hombre muy importante. De sus decisiones depende el destino de la mayoría de sus compatriotas. Puede enriquecer a algunos y arruinar a otros pero, se presume, está resuelto a encontrar las soluciones menos malas y más equitativas para la multitud de problemas que exigen su atención inmediata. Sería de suponer, pues, que no sólo el gobierno sino el país entero tratarían de asegurarle el mínimo de tranquilidad necesaria para que pueda trabajar. ¿Es así? Claro que no. Lo mismo que tantas otras figuras públicas, Remes se ha visto convertido en blanco de las patotas que se especializan en "escrachar" a políticos, economistas y, últimamente, a escritores de opiniones supuestamente urticantes. Durante casi un hora, el ministro quedó atrapado en el Palacio de los Tribunales por una banda de cacerolistas que protestaban contra diversas medidas económicas, pero, como suele ser el caso hoy en día, optó por considerar el incidente como meramente anecdótico.
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