Toma Isla Jordán: en un mes desalojarán a los ocupantes si no abandonan el predio

El juez de garantías Marcelo Gómez intimó a los ocupantes de la toma de la Isla Jordán a que se retiren del lugar en el plazo de 30 días, de lo contrario la fiscalía podría pedir el desalojo forzoso. Hoy le formularon cargos a dos de los seis ocupantes y en la audiencia se supo que uno de ellos fue expulsado del grupo por haber quedado involucrado en un robo.

La fiscalía formuló cargos por la toma de un terreno municipal que está detrás del refugio canino en la Isla Jordán. Aseguró la fiscal Rocio Guiñazú que limpiaron el terreno con palas y que construyeron ocho casillas con pallets y nylons y otras tres edificaciones precarias en el “punto de encuentro” que funcionan como despensa y comedor.

Hace unos días se le formularon cargos a Claudio Castillo, Daiana Alfonso Moreno y a Mauro Padilla, mientras que los otros tres acusados no concurrieron a esa audiencia y se reprogramó para hoy. Sin embargo uno de los hombres que asistió hoy se retiró a pedido del defensor público Juan Pablo Piombo para ser sometido a una pericia médica. En cambio sí acusaron del delito a Marcela Mansilla y a Carlos Fasano.

Se supo que Padilla fue expulsado de la toma puesto que la semana pasada estuvo detenido por un robo ocurrido en Fernández Oro. Luego fue liberado pero aparentemente, según surgió en la audiencia, sus compañeros lo obligaron a abandonar el predio.

Publicidad, a medias

El Código Procesal Penal acusatorio se implementó hace dos años en Río Negro y se promocionó como un sistema transparente y de audiencias orales y públicas, salvo en los casos que involucraran menores y temas de abuso sexual.

Sin embargo en Cipolletti se instaló una práctica que flexibiliza el tema de la publicidad. En la audiencia de hoy el defensor Piombo solicitó que no se le tomaran fotografías a los acusados para no estigmatizar a quienes gozan del principio de inocencia y para no afectar a su intimidad.

El juez Marcelo Gómez lo autorizó sin escuchar a la fiscalía ni a la Municipalidad que es querellante. Mientras que el artículo 53 del Código Civil establece que no se necesita el consentimiento de la persona cuando participe de un acto público, en este caso una audiencia pública, o cuando se trate del ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general, como en este caso una usurpación de terrenos que pertenecen al Estado municipal.

La práctica ya se instaló entre los funcionarios judiciales penales de Cipolletti. Todos los defensores piden “derecho de imagen” en audiencias que son públicas, la fiscalía que representa a los ciudadanos en ocasiones “consiente” y los jueces lo habilitan.

La semana pasada pidieron no tomar fotografías al único imputado y principal sospechoso por el homicidio de Joaquín Vinez, en un juicio oral y público a pesar de que el hombre aceptó su culpabilidad.

Y anteriormente, la defensa pidió resguardo de imagen para un hombre acusado del robo a una joyería de Cipolletti y para una policía, a quien le atribuyeron encubrimiento. En ese caso el fiscal Guillermo Merlo consintió el pedido pese al interés de la sociedad por conocer que hace el Ministerio Público Fiscal con los robos violentos ocurridos en la zona.

Ninguno de los casos involucró a menores o hechos de abuso sexual, sin embargo las disposiciones afectaron el normal desenvolviendo de los trabajadores de prensa de la región.

En ese caso el fiscal Guillermo Merlo consintió el pedido pese al interés de la sociedad por conocer que hace el Ministerio Público Fiscal con los robos violentos ocurridos en la zona.

Ninguno de los casos involucró a menores o hechos de abuso sexual, sin embargo las disposiciones afectaron el normal desenvolviendo de los trabajadores de prensa de la región.