Tres ex funcionarios porteños a juicio oral

Buenos Aires (DyN).- Tres ex integrantes del gobierno porteño deberán afrontar un juicio oral en la causa que investiga la tragedia de Cromañón, acusados de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», dispuso hoy la jueza María Angélica Crotto.

Se trata de la ex secretaria de Gestión y Control Comunal Fabiana Fiszbin, la ex directora adjunta de Control y Gestión Ana María Fernández, y el ex director general de Fiscalización y Control Juan Torres, quienes habían quedado al margen del juicio oral cuando el 23 de agosto la jueza resolvió dividir la causa.

Hasta ese momento sólo el empresario Omar Chabán, su «mano derecha» Raúl Villarreal, los músicos de Callejeros y siete policías estaban incluidos en la elevación a juicio oral, revelaron fuentes judiciales a DyN. Sin embargo, la jueza Crotto resolvió «correr la vista del 346», artículo del Código Procesal según el cual cuando el juez considere que está «completa la instrucción» notificará a las partes para que se pronuncien al respecto.

Ese paso es inmediatamente previo a la elevación de la causa a juicio oral. Los tres ex colaboradores del destituido jefe de gobierno Aníbal Ibarra están imputados por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», que contempla una pena máxima de dos años de prisión e inhabilitación por cuatro años.

Para los tres, el plazo de prescripción se cumplirá en abril del año próximo, por lo cual si la jueza no eleva la causa a juicio antes de esa fecha pueden quedar exceptuados de cualquier condena. Lo que dispuso la jueza interrumpe los plazos de prescripción, una situación que preocupaba a los padres de las víctimas, quienes sospechaban que los funcionarios iban a quedar exentos de imputaciones.

Los tribunales de alzada tiene pendientes de resolución la situación de otros dos funcionarios: Ibarra y el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López. Ambos fueron sobreseídos y su situación está a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal. El mismo tribunal analiza la situación de los policías, por lo que de momento ninguno de ellos irá a juicio.

En otro orden, la defensa de Callejeros presentó hoy un escrito ante la jueza en el que intenta demostrar que el recital del 30 de diciembre de 2004, que terminó en tragedia, no fue organizado por ellos sino por Chabán. El abogado Eduardo Guarna pretende, de esa manera, que la jueza cambie la calificación penal que pesa sobre sus defendidos, esto es «estrago doloso seguido de muerte», que contempla una pena máxima de 20 años de cárcel.