Tres poderes

Por Jorge Gadano

El mes pasado, el concejal radical de Neuquén Carlos Vidal se opuso a la reelección en la presidencia del Deliberante del concejal frepasista Humberto Zam-bón. Contra lo que se podía esperar, su argumento no fue el de que Zambón estuviera física, psíquica o moralmente inhabilitado para ejercer la presidencia, sino que su gestión no estaba “en línea” con la del intendente Horacio Quiroga. En cualquier caso, la objeción consistiría en que tener diferencias con el intendente, como las ha tenido Zambón, sería una causal de inhabilidad para presidir el Deliberante.

La objeción de Vidal, finalmente desestimada, pudo haber tenido algún asidero en lo establecido por el artículo 59 de la Carta Orgánica municipal. Es una norma que en cierta medida coincide con la doctrina del pensamiento obediente y que pretende ayudar a la gobernabilidad de la comuna. El artículo dispone que el presidente y el vicepresidente primero del Concejo Deliberante deben pertenecer a la misma fuerza política que el intendente. En el caso, la Alianza.

No es lo mismo, claro, pertenecer a la misma fuerza que pensar igual o ser un modelo de obediencia, pero es evidente que quienes hicieron la Carta quisieron que hubiera entre ambos funcionarios la armonía que se puede esperar de quienes van juntos a una elección.

En la práctica, el efecto de la norma ha sido el contrario del buscado, porque Zambón, un hombre de pensamiento crítico para quien la obediencia no es una virtud republicana, no obstante pertenecer a la coalición gobernante está más lejos de ser el “levantamanos” pretendido por Vidal que algún concejal de otro partido presuntamente opositor.

En los mismos días, y como ya se están discutiendo candidaturas a cargos legislativos que se renovarán dentro de diez meses, el intendente Quiroga -que se mantuvo a distancia del cuestionamiento a Zambón- opinó no obstante que el candidato a senador nacional por la Alianza debe ser un hombre identificado con el presidente Fernando de la Rúa.

El pensamiento de Vidal y Quiroga es congruente con una cultura política arraigada en la Argentina. No tanto como el peronismo, pero también, el partido al que pertenecen, la Unión Cívica Radical, tiene una fuerte vocación personalista. Como Perón en el ’73, Hipólito Yrigoyen fue reelecto presidente en 1928 sólo por el peso de su liderazgo, ya que a los 76 años sus aptitudes mentales y físicas para ejercer durante seis años la presidencia de la Nación estaban notoriamente disminuidas.

En Occidente, las revoluciones que acabaron con las monarquías absolutistas trajeron consigo la división de poderes y el Estado de derecho. Contra los regímenes personalistas, una nueva concepción del Estado sometía a los gobernantes al control parlamentario y judicial y los hacía súbditos de la ley. El país que más hizo para el control del despotismo por el Parlamento, Inglaterra, es el que cuenta con el sistema político más estable del mundo. Es muy sim- ple: cuando el jefe del gobierno no conviene a los intereses de la Nación, no hace falta matarlo, ni dar un golpe de Estado para destituirlo. Lo saca el Parlamento. En el siglo XVII, un primer ministro quiso enfrentar al Parlamento y fue sometido a juicio político, encarcelado y ahorcado. En lo sucesivo, ningún gobernante quiso repetir la experiencia.

El sistema de Montesquieu, basado en el equilibrio y control recíproco de los tres poderes del Estado, tiende a impedir la arbitrariedad del que ejerce el gobierno. De nin-gún modo busca el desgobierno, ni que los poderes se destrocen entre sí.

La experiencia indica que la llamada “gobernabilidad” no se logra mediante la concentración del poder. En Neuquén, Felipe Sapag y Pedro Salvatori levantaron esa bandera para defender el antiguo sistema de la Constitución provincial, que daba la mayoría legislativa absoluta a la primera minoría y excluía del gobierno a los demás partidos. Pero a pesar de los pronósticos agoreros, la representación proporcional no ha dejado a la provincia envuelta en la anarquía; muy por el contrario, ha servido, como en otras provincias y en el país, para democratizar y estabilizar el sistema republicano.

Existe en la Argentina, no obstante, una tendencia creciente a sumar más facultades al Poder Ejecutivo que ya, por el presidencialismo de la vieja Constitución, tenía muchas. Fuera del sistema el fenómeno se manifiesta en las dictaduras pero, aún vigente el sistema democrático, pareciera que la necesidad de enfrentar la crisis obliga a depositar en una sola persona, el presidente, poderes cada vez más amplios.

El ex presidente Menem exhibió durante sus diez años en la Casa Rosada una sanguínea ambición de ocuparse de todo. Los llamados “decretos de necesidad y urgencia” son una creación suya, convalidada primero por un Poder Judicial complaciente y posteriormente por la reforma constitucional del ’94.

El presidente De la Rúa frecuentó también la firma de esos decretos. Pero la lenta aproximación del país hacia el abismo no pudo ser frenada por ese remedio, incorporado a la Constitución como de excepción, sino por el socorro auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, llamado “blindaje” con una generosidad lingüística desmesurada.

En apariencia, la tarea de gobernar se simplifica cuando está a cargo de una sola persona. Decir que el sueño de todo gobernante es tener un Poder Legislativo sumiso podría ser injusto para algunos, pero no se alejaría demasiado de la verdad. Pero el poder absoluto es un espejismo y, a la corta o a la larga, termina mal.


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