Ultima chance para juzgar un caso de corrupción
Involucra a cinco funcionarios de la anterior gestión de Sobisch. Los acusan de utilizar fondos destinados a familias carenciadas para pagarles a punteros. La causa está por prescribir.
Los acusados son Alicia Castoldi, Mario Churrarín, Raúl Barahona, Ricardo Bersia y María Tomasi. En la anterior gestión de Sobisch ocuparon cargos en el área de Desarrollo Humano y Acciones Sociales (ver aparte).
La investigación fiscal se concentró en una maniobra perpetrada entre julio y diciembre de 1994. «A fin de contratar gente para la subsecretaría de Desarrollo Humano en un principio, se contrató personal abonándoles el sueldo en concepto de subsidio. Posteriormente se ideó simular la constitución de una cooperativa con amplios fines, entre ellos efectuar tareas administrativas para dicho organismo», señala el pedido de elevación a juicio de las actuaciones.
Desde la secretaría a cargo de Churrarín «se decidió constituir una cooperativa con aquellas personas que ya estaban trabajando y cobraban subsidios en forma encubierta, así como con otras personas que habían comenzado a trabajar y aún no estaban designados en la Administración Pública», agrega.
«De esta forma, con la colaboración y estrecho asesoramiento de Bersia, se ideó la formación simulada de la cooperativa Logros, la que estaría integrada por todos aquellos que no estaban designados y por otras personas que posteriormente se integrarían a la misma», dice la acusación fiscal.
A raíz del «descalabro económico-financiero y de organización, generado por este tipo de contrataciones y otras irregularidades, se ordenó una auditoría por parte del gobierno», añade la investigación. «Constatadas las irregularidades, en enero de 1995 se decidió terminar con la supuesta cooperativa» y algunas de las personas que se desempeñaban en ella pasaron a desempeñarse en otras dependencia.
Durante el período en que la supuesta cooperativa existió, recibió cheques por 94.750 pesos aunque sus integrantes percibieron 86.255,33. No se sabe dónde están los 8.494,67 restantes.
El dinero salía del Programa de Políticas Sociales Comunitarias, destinado a «atender las necesidades alimentarias, sanitarias, asistenciales, habitacionales de los sectores sociales más carenciados».
Sin embargo, la acusación fiscal indica que los funcionarios imputados «idearon la cooperativa para tomar punteros de barrio y poder hacer política partidaria». Churrarín, Barahona y Bersia «debieron renunciar luego de efectuada la auditoría» que detectó irregularidades.
El pedido de elevación a juicio de esta investigación data del 13 de octubre de 1998. Sin embargo, el debate oral recién se haría en setiembre, al borde de la prescripción. Si hay una nueva postergación, el paso del tiempo habrá operado en favor de los imputados y quedarán absueltos.
El juicio se hará en el fuero correccional y estará a cargo del juez Daniel Geloni.
¿Quiénes son los acusados?
NEUQUEN (AN)- Esta es la lista de imputados, los cargos que ocupaban en 1994 y los delitos que se les atribuyen:
Gemma Alicia Castoldi, 54 años, subsecretaria de Desarrollo Humano.
•Mario Churrarín, 47 años, secretario de Estado de Acciones Sociales y Comunitarias.
Raúl Domingo Barahona, 40 años, coordinador general de la subsecretaría de Desarrollo Humano.
Ricardo Félix Bersia, 36 años, director Operativo de la subsecretaría de Desarrollo Humano.
María Antonia Tomasi de Zeballos, 48 años, directora de Administración de la subsecretaría de Desarrollo Humano.
Todos ocuparon sus cargos al momento de ocurrir los hechos, entre julio y diciembre de 1994.
Están acusados de abuso de autoridad en concurso real con malversación de caudales públicos con daño y entorpecimiento del servicio.
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