Un caso muy especial

Con la esperanza de que la Corte Suprema de Estados Unidos lo salve de la garras de los llamados “fondos buitre”, el gobierno kirchnerista acaba de formalizar el pedido para que intervenga para desautorizar a la Corte y la Cámara de Apelaciones de Nueva York que habían fallado en su contra. Si bien se considera poco probable que los jueces del máximo tribunal norteamericano acepten tratar el asunto, en un esfuerzo por convencerlos a tomarlo en serio, los abogados responsables del escrito advierten que están en juego mucho más que los 1.330 millones de dólares en efectivo que, conforme a la sentencia del juez Thomas Griesa, el país debería pagar a quienes se negaron a participar de los canjes del 2005 y el 2010. Insisten en que, de ratificarse el fallo de Griesa, no sólo caería nuevamente en default “técnico” la Argentina sino que también podrían tornarse “virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana”, lo que sería malo para los mercados internacionales, y “pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones internacionales”. Dicho de otro modo, a menos que la Corte Suprema estadounidense modifique drásticamente los fallos adversos dictados por Griesa, el mundo entero sufriría las consecuencias, razón por la que sería mejor que adoptara una postura más pragmática que principista. Tales argumentos serían contundentes si hubiera docenas de países en la misma situación que la Argentina, pero sucede que muy pocos se han rebelado de forma tan desafiante contra las reglas internacionales. Incluso los claramente incapaces de pagar las deudas que acumularon, entre ellos Grecia, han procurado alcanzar un acuerdo satisfactorio con los acreedores, además de emprender un programa de reformas draconianas destinado a permitirles financiarse. En cambio nuestros dirigentes, luego de haber festejado los legisladores el default original como un triunfo nacional épico, han preferido hablar y actuar como si a su entender el país fuera víctima inocente de una gran estafa perpetrada por especuladores inescrupulosos, dando a entender que a su juicio les correspondía a los acreedores suplicarle perdón por haberle prestado tanto dinero. Asimismo, amplios sectores se aferran a la idea seductora de que la deuda externa es forzosamente ilegítima porque benefició ya a la dictadura militar, ya a funcionarios corruptos de gobiernos civiles, dejando desamparados a los demás. Si bien los argumentos de este tipo no carecen de cierto fundamento moral, sucede que el mundo está tan lleno de regímenes no democráticos y de funcionarios venales que cualquier intento de tratarlos como si fueran universalmente válidos sólo serviría para desatar el caos, ya que en adelante los inversores tendrían que preguntarse si son más legítimos el gobierno de China y los de docenas de otros países que el régimen castrense más reciente. Mal que nos pese, en opinión tanto de los norteamericanos como de los juristas, políticos y empresarios del resto del mundo, la Argentina constituye un caso sui géneris, el de un país dotado de recursos naturales envidiables y una población de cultura occidental que, a través de los años, ha protagonizado una larga serie de defaults, al parecer porque sus gobernantes creen que endeudarse para entonces negarse a devolver el dinero es un derecho nacional. La rápida recuperación macroeconómica después de la implosión del 2001 y el 2002 no contribuyó a mejorar la imagen nada favorable que hemos sabido conseguir; antes bien, mostró que estábamos en condiciones de pagar, si bien con cierta demora, la deuda. Tampoco ayudará el que, una “década ganada” más tarde, el país esté hundiéndose nuevamente en una crisis atribuible a la voluntad de sus gobernantes de vivir por encima de los medios disponibles sin hacer esfuerzo alguno por llevar a cabo las reformas estructurales que serían necesarias para asegurar la sustentabilidad. Por el contrario, el estado lamentable de las finanzas nacionales y la clase de argumentos, de tono amenazador, esgrimidos a fin de presionar a la Corte Suprema norteamericana parecen destinados a confirmar la opinión de los muchos que creen que la Argentina realmente es incorregible y que por lo tanto convendría mantenerla aislada del mundo financiero internacional.