Un peso demasiado fuerte
Si aún estuviera de moda el machismo monetario, el desempeño del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner motivaría el aplauso envidioso de los demás ya que, a diferencia de los europeos y el brasileño, tan pusilánimes ellos, ha defendido el valor del peso con tanta firmeza que, en el transcurso de los últimos doce meses, en términos reales ha apreciado por casi el 20% frente al supuestamente todopoderoso dólar estadounidense. Se trata de una hazaña notable, pero sucede que ni en nuestro país ni en ningún otro, con la eventual excepción de Alemania, quedan muchos fanáticos de dicha estrategia. Por cierto, los kirchneristas no se destacan por su fervor monetarista. En principio, quisieran que el tipo de cambio fuera extremadamente competitivo, pero se han sentido obligados a adoptar una política diametralmente opuesta por entender que, sin el ancla cambiaria, la tasa de inflación, que ya está entre las más altas del mundo –nuestro único rival serio en este campeonato es la República Bolivariana de Venezuela–, alcanzaría niveles parecidos a los que el país sufrió antes de la puesta en marcha del plan de convertibilidad a comienzos de la década de los noventa del siglo pasado. Teóricos de ideas que la mayoría de los economistas y casi todos los políticos creen retrógradas podrían argüir que, a la larga, es mejor aferrarse a un tipo de cambio exigente de lo que es habituarse a buscar alivio devaluando periódicamente la moneda nacional, pero incluso los adherentes más entusiastas de la rigidez monetaria coincidirían en que nunca conviene exagerar. El atraso cambiario al que se aferra el gobierno ha tenido un impacto sumamente negativo en la economía real, sobre todo en las regionales, al virtualmente imposibilitar la exportación de muchos productos, con el resultado de que el superávit comercial se reducido mucho en los años últimos. También ha sido víctima del atraso la industria que se limita a procurar mantenerse a flote hasta la llegada al poder de un nuevo gobierno, pero a pesar de los esfuerzos de los candidatos presidenciales a hacer pensar que, una vez se haya ido la dupla conformada por Cristina y el ministro de Economía Axel Kicillof, se iniciará una etapa de recuperación comparable con la que comenzó en los meses finales del 2002 porque inversores en potencia ya están golpeando la puerta, sería necesario que pasara cierto tiempo antes de que se haya consolidado la nueva normalidad. Mientras tanto, el próximo gobierno tendría que llevar a cabo un ajuste parecido al instrumentado por el equipo del presidente Eduardo Duhalde, si bien es de esperar que no sea tan feroz. Para hacer más políticamente tolerable aquel ajuste, los responsables, y sus sucesores kirchneristas, se ensañaron con los gobiernos anteriores de los presidentes Fernando de la Rúa y Carlos Menem, atribuyendo todo lo malo a su presunto compromiso con el neoliberalismo. ¿Obrarán de la misma manera los encargados de manejar la herencia que deje el kirchnerismo? Aun cuando el presidente próximo resultara ser el oficialista Daniel Scioli, no le sería nada fácil tratar con benevolencia a quienes permitieron que la inflación regresara, adulterando las estadísticas económicas en un intento vano de taparla, y para desviar la atención de la ciudadanía de los errores que cometía cavaron un foso entre el país y la comunidad financiera internacional. Hace poco Kicillof se felicitó a sí mismo porque tuvo éxito la colocación más reciente de deuda en dólares, puesto que, en lugar de los 500 millones de dólares oficialmente previstos, los bonos Bonar 2024 aportaron más de 1.400 millones, pero mientras que para conseguir tanto dinero el país pagará una tasa de interés del 8,9%, todos los vecinos, además de varios países africanos con problemas políticos escalofriantes, pagarían mucho menos. Aunque es verdad que la Argentina tiene acceso al financiamiento internacional, se debe a que el gobierno actual se ha resignado a que, como hubieran protestado los kirchneristas de estar en el poder un gobierno de otro signo político, las tasas son propias de usureros, realidad ésta que no parece preocuparle demasiado a Kicillof, puesto que es poco probable que esté a cargo de la economía nacional cuando llegue la hora de enfrentar los vencimientos.
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