Un primer paso

Puesto que tantos han llegado a la conclusión de que los «costos» sin duda excesivos de «la política», sobre todo en las provincias y las municipalidades, están en la raíz de la gran debacle nacional, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota no arriesgaba mucho cuando invitó a sus comprovincianos a expresar su opinión sobre el asunto. Como era de prever, una mayoría amplia de los consultados se pronunció en favor de prescindir de la mitad de los legisladores provinciales actuales, conformándose con un sistema unicameral. Aunque los resultados del referéndum del domingo no son vinculantes, a los contrarios a la reforma planteada no les será fácil pasarlos por alto. Es más, pese a la oposición abierta de muchos radicales y la resistencia menos explícita pero igualmente terca de los peronistas a cualquier medida destinada a reducir las dimensiones de la «clase política», un sector que dista de limitarse a los legisladores, es muy probable que en los meses próximos se multipliquen las iniciativas en tal sentido.

Con todo, de por sí los ahorros supuestos por un eventual achicamiento legislativo en todos los distritos del país no servirán para mucho, a menos que los acompañe una modificación sustancial de la relación entre «los políticos» por un lado y «la gente» por el otro. El problema principal no consiste en que funcionarios y legisladores propenden a anteponer sus propios intereses personales y corporativos por encima de aquellos de la sociedad en su conjunto, porque les es natural actuar así en todos los países del mundo, incluyendo a los mejor administrados: sin exagerar demasiado, podría decirse que no existe ningún grupo humano que de tener la oportunidad sea capaz de resistirse a la tentación de adquirir más privilegios de toda índole, justificando sus pretensiones en la materia con argumentos éticos y filosóficos a su juicio irrebatibles. Sin embargo, para que un grupo determinado se salga con la suya es necesario que los demás lo permitan y, hasta ahora por lo menos, todos los resultados electorales han mostrado que el grueso de la población del país está más que dispuesto a confirmar su fe en la clase política tradicional aunque, huelga decirlo, se reserva el derecho de criticarla con amargura por los fracasos colectivos.

Ocurre que tanto aquí como en otros países célebres por la corrupción de sus «dirigentes» la democracia es «delegativa», no «participativa», lo cual quiere decir que los votantes, una vez cumplido el rito electoral, se han acostumbrado a dejar libres a sus representantes como si no les correspondiera vigilarlos desde cerca, obligándolos a desempeñarse según reglas bien definidas. En el orden «delegativo», incluso las «transgresiones» más flagrantes pueden contar con la aprobación de la ciudadanía cuando los responsables consiguen brindar la impresión de estar comportándose como lo haría cualquier otro en circunstancias similares. He aquí un motivo por el que los sectores más pobres a menudo apoyan con fervor a sujetos corruptos comprometidos con un sistema sumamente injusto: a su modo, viven a través de tales representantes y celebran sus fechorías como si fueran propias, logrando de esta manera vengarse simbólicamente contra un mundo que les ha negado posibilidades más concretas.

Está en marcha una rebelión confusa, plagada de malentendidos, contra la cultura «delegativa» que, siempre y cuando culmine, la transformará en un sistema «participativo» similar a los existentes desde hace mucho tiempo en aquellos países en que el orden democrático ha podido madurar sin sobresaltos. La evolución en tal sentido se ha visto frenada muchas veces por las repetidas intervenciones militares consentidas por una clase política comprensiblemente reacia a asumir con plenitud todas sus responsabilidades, pero aunque la situación actual parece tan grave como era en vísperas de muchos golpes, por fortuna aquella «alternativa» tradicional ya no existe, razón por la cual es al menos factible que la crisis actual sirva no sólo para acelerar una transición económica largamente demorada, sino también para mejorar la calidad de la democracia nacional.