Un segundo adulto procesado por abuso sexual simple
Es por lo sucedido en la fiesta de estudiantes en una chacra. El juez impuso un plazo de cuatro meses para investigar los hechos.
El propietario de la chacra en la que se desarrolló la fiesta de un grupo de estudiantes secundarios de la que surgieron al menos dos denuncias por presunto abuso sexual recibió los cargos de los que se lo imputa por parte de la Fiscalía que ejerce Paula Rodríguez Frandsen.
Al hombre de 44 años y padre de uno de los estudiantes presentes se lo acusa de haber besado en dos oportunidades y contra su voluntad a una jovencita de 16 años que participaba de la celebración.
Los hechos habrían ocurrido en la chacra que el hombre posee a un kilómetro de la capital, frente al Vivero Provincial, en la ex ruta 3, entre las 4 y las 6 de la madrugada del 8 de abril.
El adulto habría besado por la fuerza a la menor, cuando ella pretendía salir del galpón donde se realizaba la fiesta y luego en la habitación de la vivienda donde la joven fue a buscar la campera para retirarse.
La denuncia fue presentada por la madre de la joven y la fiscal presentó como pruebas testimonios de las menores en Cámara Gesell. Por su parte, el abogado defensor Damián Torres pidió al juez Ignacio Gandolfi que se realicen esfuerzos por dar con otros testimonios de adolescentes que no pudieron ser notificados.
También anunció que están procesando audios de conversaciones telefónicas que servirían como evidencia sobre la no existencia de delito.
Torres recordó que en la justicia debe investigarse si existió o no delito, y no evaluarse cuestiones morales o éticas. “Mi cliente ya fue castigado socialmente”, sostuvo Torres sobre la imputación a su cliente y la difusión que el caso tuvo en las redes sociales.
Este nuevo imputado se suma a quien hace tres semanas recibió la misma formulación de cargos (por abuso sexual simple en calidad de autor) contra otra joven que participó de la misma fiesta. A ambos les pesa la misma calificación legal que deberá investigarse en un plazo de cuatro meses, según fijó el juez Gandolfi.
