Una batalla cultural





Si leyes contra los despidos ayudaran a defender el empleo, escasearían los sin trabajo en Italia, Francia, España y Grecia, mientras que en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países en los que la flexibilidad laboral es considerada normal la tasa de desocupación sería mucho más alta pero, huelga decirlo, la realidad es otra. En los dos países anglohablantes la tasa actual es de aproximadamente el 5%, pero en el sur de Europa está entre más del 10% de Francia y el 25% de España y Grecia. A juzgar tanto por la experiencia propia como por la internacional, pues, el presidente Mauricio Macri está en lo cierto cuando afirma que las leyes en tal sentido que están impulsando legisladores opositores y sindicalistas sólo servirían para “destruir trabajo”. Es así porque, en todas partes, la reacción lógica de los empresarios es negarse a asumir compromisos que podrían costarles mucho, lo que perjudica enormemente a quienes aún no tienen un empleo en la economía formal.

Con todo, una cosa es la dura realidad económica, otra es la política, ya que se ha generalizado la convicción de que un gobierno solidario debería estar en condiciones de defender lo que para la mayoría es un derecho adquirido muy valioso. Para muchos, oponerse a leyes destinadas a proteger los empleos ya existentes es muy antipático, casi una forma de decirnos que el gobierno está a favor de los despidos masivos. Lo entienden muy bien los sindicalistas y políticos populistas o izquierdistas que están aprovechando lo que para ellos es una oportunidad irresistible para hacer pensar que, por su origen personal y sus preferencias ideológicas, Macri está resuelto a privilegiar a los ricos. Puede que algunos comprendan que procurar prohibir o, por lo menos, dificultar los despidos suele ser contraproducente, ya que incluso debatir el asunto frena la creación de empleo, pero tales detalles les importan poco. Tampoco les preocupa demasiado el que los eventuales beneficios conseguidos por los insertados en la economía formal, en especial aquellos que cuentan con apoyo sindical, perjudicarán a los jóvenes que buscan trabajo y también, claro está, a millones de personas que dependen de la ubicua economía negra.

Es sin duda natural que políticos y sindicalistas traten de convencerse de que podrían manejar la economía de tal modo que todos perciban lo que a su entender les corresponde. A pesar de los resultados negativos de sus esfuerzos en tal sentido a partir de mediados del siglo pasado, muchos siguen confiando en su capacidad para defenderlos contra los empresarios, el mercado y otros presuntos enemigos del bienestar popular. Para alcanzar sus objetivos, un gobierno como el de Macri que se ha propuesto llevar a cabo reformas estructurales para que la economía nacional se asemeje más a las más productivas, lo que entre otras cosas supondría hacer del sector privado el motor principal del crecimiento, tendría que superar el voluntarismo que es tan característico de la cultura política nacional.

No hay ninguna garantía de que logre hacerlo. El sentido común argentino, para llamarlo así, se basa en la confluencia de la milenaria tradición católica, los planteos de diversas variantes del socialismo, el radicalismo y el peronismo, todos a su manera colectivistas. Si bien el desarrollo económico explosivo de sociedades que, andando el tiempo, adoptarían formas de pensar más individualistas obligó a las demás a intentar emularlas, en muchos países, entre ellos el nuestro, las normas importadas no dejarían de serles ajenas. ¿Estarán dispuestos los macristas a arriesgarse insistiendo en la necesidad de concretar reformas que serán repudiadas instintivamente por amplios sectores? Es posible que algunos lo estén, pero no hay señales de que la mayoría se haya dado cuenta de lo difícil que le será “vender” a la ciudadanía una estrategia que a muchos les parece inmoral. Aunque el presidente mismo y sus colaboradores más respetados puedan asumir una postura pragmática al argüir que cualquier alternativa tendría resultados decididamente peores, para que su gestión tenga el éxito que esperan tendrían que ganar “la batalla cultural”, ya que, si bien una sociedad aleccionada por una serie al parecer interminable de fracasos podría resignarse al cambio, no le sería dado aprovecharlo tanto como uno que sienta entusiasmo por el rumbo elegido.


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