Una época de pragmatismo



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HUGO JOSé MONASTERIO (*)

Pasada ya la primera década de este nuevo siglo, cabe preguntarse si no es necesario desprendernos de algunas pesadas cargas que muchas veces condicionan –y en gran medida controlan– nuestras políticas públicas. Desde 1848 (cuando apareció el “Manifiesto Comunista”) cada país sujetó su devenir histórico a una entre dos anclas posibles: o se está comprometido con el Estado (y “los beneficios que depara su accionar sobre la economía”) o se adhiere incondicionalmente al capitalismo y su infinitud de mercados. En otras palabras, hemos oscilado entre límites teóricos tan contundentes como opuestos: promover que los recursos productivos sean de pertenencia colectiva o asumir la más firme defensa de la propiedad privada y la libre empresa. Acotados por esta disyuntiva, las acciones de un gobierno sólo pueden calificarse de “buenas” o “malas” y con igual criterio se aceptan las regulaciones gubernamentales o se las rechaza terminantemente. En suma, Karl Marx o Adam Smith. Pero, con todo su fragor, la crisis internacional de agosto del 2008 demostró que ni la economía ni la política pueden seguir prestándose a esquemas tan rígidos. Comienza a dominar, en efecto, un criterio según el cual cada situación en particular requiere una decisión específica. Es decir, ya no parecen valederas las doctrinas excluyentes. Hay problemáticas –como la construcción de viviendas para los sectores pobres– que sólo pueden resolverse en forma aceptable bajo el marco de la iniciativa pública. Pero otros emprendimientos resultan poco competitivos o se burocratizan cuando están en manos del gobierno (la siderurgia, los ferrocarriles, la minería, la petroquímica), lo cual provoca verdaderas sangrías en las arcas oficiales. Y bajo tales circunstancias no puede verse mal el hecho de que el Estado se desprenda de ellos (siempre con la premisa de preservar los puestos de trabajo). En otras palabras: la complejidad del entramado económico-financiero contemporáneo obliga a que las decisiones sobre quién se hará cargo de ésta o aquella actividad se tomen caso por caso, sin tener que apelar –cual autómatas– a la teoría. Lo mismo pasa con los niveles de regulación que deben regir. Hoy ya no se puede sostener que una misma norma debe aplicarse en forma generalizada. Estados Unidos supo contar décadas atrás con un sistema de aerolíneas muy eficiente, económicamente estable y además progresista porque permitía que cantidades cada vez mayores de personas utilizaran sus servicios. Sin embargo, en los 80 lo envolvió la doctrina de la desregulación absoluta –“Desregular es un beneficio para la sociedad y, por lo tanto, queda fuera de toda discusión” (Margaret Thatcher, Buckingham Palace, 9/10/78)–. La consecuencia directa de ello fue una pronta saturación de ofertas, con desarrollos caóticos de rutas y tarifas que hicieron quebrar a empresas de larga trayectoria. Las que pudieron sobrevivir quedaron por largos años muy limitadas en lo financiero para crecer y modernizar sus flotas. En resumidas cuentas, fue un claro ejemplo de que los triunfos de la teoría sobre la sensatez arrastran el amargo sabor de las derrotas. ¿Qué queremos decir? Simplemente, que a medida que el andamiaje productivo se vuelve más vasto y complicado puede acrecentarse o disminuir la necesidad de controles oficiales. Eso sí: haya mucha, poca o ninguna regulación, lo que nunca debemos abandonar es la protección del futuro contra las urgencias e intereses del corto plazo, por más razonables que parezcan los argumentos que nos esgriman. Esto va a ponernos de modo permanente frente a serios dilemas, especialmente en lo que se refiere al medio ambiente. No hay dudas de que diversas áreas boscosas y selváticas –en particular, las tropicales– deben defenderse a rajatabla, pero existen otras cuya deforestación resulta inevitable, sea por razones urbanísticas o económicas. Del mismo modo, nadie en su sano juicio quiere que haya contaminación en la atmósfera; sin embargo, ninguna legislación podrá eliminarla por completo. Está claro, en ese sentido, que debemos tomar y aplicar decisiones sociales y políticas que tracen límites inexcusables a la tala y la polución. Pero ¡una vez más! nos encontramos con que no existen reglas que sean válidas y útiles para todos los conflictos: debemos resolverlos caso por caso, dejando el manual en la estantería cada vez que sea necesario. Hoy, a 21 años de la caída del Muro de Berlín, tanto los méritos del Estado como las bondades del mercado siguen sometidos a discusiones muy ásperas. Lo que no puede discutirse es que junto al crecimiento económico debe crecer también la preocupación por los pobres. La escuela pública, la vivienda, el hospital sin aranceles, las bibliotecas populares, la defensa para quienes no pueden costearse un abogado, el uso gratuito de áreas recreativas, la ayuda a drogodependientes cuyas familias no pueden pagar tratamientos médicos, adquieren una importancia creciente en este contexto, apremiados como estamos por una realidad de 6.000 millones de personas habitando el planeta. Así, no es la doctrina o la teoría sino el efectivo desarrollo económico con progreso social lo que resulta decisivo para nuestro devenir. Y esto nos reclama, ya mismo, ideas originales y sólidos cursos de acción. Recuerdo al respecto la era de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cuando se reafirmó de manera notable el rol de las doctrinas. Hubo un esfuerzo denodado de politólogos, economistas y comunicadores para mostrar al Estado como un ente opresor por naturaleza (y, en consecuencia, nocivo para el conjunto social). En su trabajo “La era del pragmatismo lúcido”, John Kenneth Galbraith menciona que Reagan manifestaba con vehemencia: “El Estado no es la solución sino el problema”. Y son justamente frases como ésta las que Galbraith más le reprochó: “He aquí lo más cuestionable en alguien como él, un verdadero adicto a la doctrina. En el accionar político moderno, ya nadie puede guiarse por la creencia de que el Estado es intrínsecamente bueno o malo. De hecho, Reagan contradijo en la práctica mucho de lo que predicaba desde la tribuna: siempre utilizó el aparato gubernamental para dirigir abundantes recursos a quienes quería favorecer, tanto sean los que proveían de armas a sus ejércitos como los bancos que corrían peligro de caer en quiebra. Mientras tanto en el discurso insistía en la necesidad de que los mercados se depuren solos y alababa las sustancias de la economía libre...”. Precisamente, viendo tanta hipocresía no vendría mal abandonar las obsesiones por la doctrina para asumir criterios más realistas. Tal vez no todos acuerden con esto. Por cierto, la influencia de los viejos y clásicos debates (socialismo vs. capitalismo, intervención gubernamental vs. libre empresa, propiedad pública vs. privatización, rol benéfico del Estado vs. gestión opresiva de los gobiernos) resulta demasiado fuerte. Es más: a menudo se evita tomar decisiones esenciales –que políticamente resultan difíciles o adversas– afirmando que no son compatibles con la concepción política que se sigue. En ese sentido, es muy usual escuchar a una persona definirse a sí misma como alguien “de principios”. No cabe duda de que suena mucho mejor que reconocerse como pragmático (es decir, dispuesto a tomar resoluciones prácticas y actuar en consecuencia). ¿Qué es lo importante ahora? Sin dudas, privilegiar todo intento de cambio social y económico genuino. Pues bien, el individuo pragmático buscará respuestas concretas en vez de escudarse en rígidas líneas de pensamiento y esquivar conflictos que ya son ineludibles. No por ser pragmáticos estaremos abandonando las metas básicas de toda sociedad: comunidad integrada y bienestar general. Hoy todos deben tener oportunidades para trabajar, con chances de progresar económicamente. Y aquellos que no lo logren deben contar con una red de seguridad social basada –más que nada– en una buena educación. Esto, por supuesto, ya deja de ser una mera cuestión de doctrinas o teorías; por el contrario, las excede largamente y define un contexto más amplio y exigente que nos reclama tomar decisiones realistas en camino del bienestar general que todos anhelamos. (*) Director del Centro de Estudios Regionales Universidad Fasta Bariloche


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