Una ley en las fisuras de la Constitución

Tras los cruces, llegó la paz. buscan una norma de consenso que reparta el poder.

Si el panorama de la semana pasada era el de una guerra de trincheras, el de estos días parece haber mudado a una “paz armada”. La pirotecnia verbal entre el gobierno provincial e YPF llegó a los medios nacionales y hubo un acuerdo general para bajar el tono, aunque eso no implique necesariamente dar por terminado el conflicto. Una serie de llamadas cruzadas entre Miguel Galuccio, el gobernador Jorge Sapag y el ministro de Planificación Julio de Vido pusieron paños fríos al asunto, El escenario de concertación trajo dos novedades centrales. La primera, adelantada por este diario el miércoles, es que el plan neuquino para otorgar a la petrolera provincial GyP todas las áreas cuyas concesiones finalicen estaría descartado. Ahora, según sugirió Sapag, éstas volverán a la provincia y se abrirá el juego a que participen todas las firmas, públicas o privadas. La segunda novedad es más bien política y es el mensaje de Nación de que no habrá ley que limite el poder de las provincias, aunque todos coinciden es que es necesaria una norma nacional que regule los no convencionales. El anhelo reformista tiene sus promotores en la Casa Rosada, pero sobre todo dentro de las oficinas de la Torre Madero. “Río Negro Energía” confirmó de dos fuentes que Galuccio tiene un equipo trabajando en un proyecto pensado para atraer inversiones. Pero nada dijeron esa fuentes sobre una intención de terminar con la Ley Corta, un fantasma agitado en estos días y que le implicaría al gobierno nacional una batalla política de resultado incierto. Un tecnicismo podría ser el camino para saltar los escollos. Los exegetas de las Constitución del 94 recuerdan que cuando se estableció el “dominio originario” de las provincias hubo un gran debate acerca de si eso implicaba “jurisdicción”. Según el diario de sesiones, el convencional mendocino Richard Bataggion lo planteó de la siguiente forma: “si al dominio le quitamos la jurisdicción, queda absolutamente vacío”. Esta mirada legalista sostiene que la jurisdicción sobre los recursos naturales es del Congreso Nacional. Y que es allí donde deben definirse las políticas energéticas. Sin embargo, la promulgación de la Ley Corta cambió el escenario y otorgó a las provincias la administración de los hidrocarburos. “Todas los distritos ya renegociaron contratos y extendieron concesiones; es imposible que nos saquen ese poder, es un hecho consumado”, razonó un alto funcionario del gobierno neuquino. Sin embargo, el propio Sapag abrió el juego a esta distinción entre “dominio” y “jurisdicción”, acaso allanando el terreno para una nueva norma nacional que le otorgue a la Nación un rol menos pasivo. Es imposible que algo así ocurra sin que haya tensiones, y los gobernadores petroleros se ven venir la batalla.

roberto aguirre robertoaguirre@rionegro.com.ar

El debate por el control de los hidrocarburos

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