Una sensación de impotencia

El viernes pasado se conmemoró el 21º aniversario del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, un acontecimiento que en el tejido social dejó una herida profunda que dista de haberse curado. Por el contrario, como ya es tradicional, los que participaron de los actos que habían organizado entidades representativas de los familiares y amigos de quienes murieron o fueron gravemente lesionados se quejaron amargamente de la incapacidad manifiesta –por ineptitud, falta de voluntad o motivos inconfesables– de las autoridades nacionales para identificar a los responsables del asesinato de 85 personas. Sabían que a esta altura reclamar justicia no serviría para mucho, ya que la Argentina sencillamente no está en condiciones de obligar a los iraníes a entregar a la Justicia los acusados de ser los autores intelectuales del atentado más mortífero de la historia del país; lo que continuará indignándolos es la indiferencia aparente de los más encumbrados dirigentes nacionales frente a lo que sucedió aquel día nefasto de julio de 1994. Asimismo, temen que la investigación de la muerte –hace ya más de seis meses– de Alberto Nisman, el fiscal que estaba a cargo de la causa AMIA, también se pierda en el pantano de dudas, conjeturas interesadas y pistas falsas en que suelen terminar los casos políticamente sensibles. Las sospechas en tal sentido se justifican. Si bien mucho sigue borroso, la muerte con una bala en la sien del fiscal cuando se preparaba para denunciar por “encubrimiento” ante el Congreso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, aquel difícilmente explicable memorándum de entendimiento con Irán y, claro está, la parálisis de la investigación del atentado mismo, se han combinado para formar una sola causa, una que muchos personajes influyentes están resueltos a dejar caer en el olvido. Desde el primer momento, los reacios a permitir que la Justicia hiciera bien su trabajo han podido aprovechar la inoperancia que es tan característica de las instituciones nacionales. Les resultó fácil cuestionar los motivos de los investigadores, atribuyéndolos a sus propios compromisos políticos, ya que abundan los funcionarios, miembros de los servicios de inteligencia y otros, que han militado en agrupaciones extremistas. Como no pudo ser de otro modo, el antisemitismo más craso pronto levantaría su cabeza, como había hecho cuando ciertos sujetos nos aseguraron que la explosión muy parecida, que el 17 de marzo de 1992 destruyó la embajada israelí, había sido el resultado de un “autoatentado”. Parecería que, últimamente, la presidenta misma se ha sentido atraída por la idea maligna de que una proporción sustancial de sus problemas, entre ellos el conflicto con los fondos buitre que tantos perjuicios económicos nos ha supuesto e incluso la dolencia reciente del canciller, sean obra de la comunidad judía. La decisión oficial de acercarse al brutal régimen teocrático de Irán, el memorándum destinado a facilitarlo, la muerte violenta aún no aclarada del fiscal y la propensión inquietante de Cristina a aferrarse a teorías conspirativas más apropiadas para políticos de la ultraderecha que para una que se supone una progresista han contribuido a crear un clima tóxico que no presagia nada bueno para el país. Para defender lo que han conseguido en el transcurso de “la década ganada” y los años siguientes, miembros del gobierno kirchnerista y quienes han medrado a su sombra están adoptando actitudes cada vez más duras no sólo frente a sus adversarios políticos o intelectuales sino también frente a la Justicia. Dejar atrás la situación malsana así provocada requeriría mucho esfuerzo por parte de los dirigentes políticos, los que cumplen funciones judiciales y quienes inciden de un modo u otro en la formación de la opinión pública. Puesto que todo hace prever que al país le aguarda una etapa económica sumamente complicada, restaurar el respeto por los principios democráticos y republicanos que se ven consagrados en la Constitución Nacional resultará más difícil de lo que sería en otras circunstancias pero, por ser tan deprimente la alternativa, será necesario que los comprometidos con el Estado de derecho y los valores en que se basa hagan todo lo posible para impedir que cada aniversario del atentado contra la AMIA motive más pesimismo que el anterior.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Miércoles 22 de julio de 2015