Una sentencia que no le permitirá volver a ser juez

análisis

MADRID.- La absolución de Baltasar Garzón en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo no sorprendió en España. Y tampoco desató la alegría entre quienes lo han defendido y apoyado en su decisión de abordar el periodo más oscuro de la España del siglo XX. Porque Garzón ha dejado de ser juez, y lo más probable es que no vuelva nunca a serlo. El objetivo de “quitárselo de en medio” está cumplido, dijo ayer el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara. Ésa es la sensación que tienen sectores sociales, políticos y mediáticos, tanto españoles como extranjeros, en los que la cadena de procesos contra Garzón en el Tribunal Supremo ha sido interpretada como una maniobra para echar de la carrera judicial a un magistrado progresista con mucho gusto por la notoriedad mediática que a lo largo de su carrera se ha granjeado muchos enemigos, entre otras cosas por atreverse con casos que otros no querían abordar. A sus 56 años y después de haber perseguido a ETA, a narcos gallegos, a empresarios y políticos corruptos y a dictadores como el chileno Augusto Pinochet, fue expulsado de la carrera judicial hace una semana, después de que el Tribunal Supremo, la misma corte que ayer lo absolvió en la causa del franquismo, lo condenara a 11 años de inhabilitación por haber prevaricado con las escuchas que ordenó en el marco del “caso Gürtel”, la trama de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. Por eso, el veredicto de ayer nada cambia su futuro. Su carrera ha quedado truncada para siempre. Cuando pueda volver a ejercer como juez tendrá ya 67 años, edad de jubilación, aunque todavía le queda una esperanza en el Tribunal Constitucional, hasta el que ya ha anunciado que llegará en su batalla frente a una condena que considera “gravísimamente errónea”. Garzón fue acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. No fueron pocos los que públicamente expresaron no poder comprender cómo quien en su día persiguió a dictadores como Pinochet o a los ex represores del régimen militar en Argentina -lo que le valió de hecho su candidatura al Premio Nobel de la Paz- fue llevado ante la Justicia por haber querido investigar los crímenes de la propia dictadura española. (DPA)