Una sociedad dividida
Bariloche dista de ser la única ciudad argentina en que contingentes nutridos de vecinos se han reunido para protestar por la falta de seguridad. En los años últimos, pocos días han transcurrido sin que en algún lugar del país se hayan producido manifestaciones populares en que los participantes dan por descontado que las autoridades locales no están haciendo lo suficiente como para proteger a la gente honesta de los atropellos de delincuentes desalmados. Lo que no es tan común es que, como en efecto acaba de suceder en Bariloche, una parte de quienes protestan contra la inseguridad se solidarice con policías acusados de “gatillo fácil” no por suponerlos inocentes sino, según parece, porque creen que hay que combatir el crimen con “mano dura”, sin preocuparse por los detalles legales, como si fuera cuestión de una guerra contra un ejército extranjero enemigo. Se trata de un síntoma peligroso de lo que puede estar ocurriendo en las entrañas de una sociedad exasperada por la incapacidad evidente de las elites políticas de impedir que una proporción cada vez mayor de sus habitantes no pueda asegurarse una vida digna y hay millones de jóvenes que no trabajan, no estudian y están tomando conciencia de que sus perspectivas personales son deprimentes. En Bariloche, y en muchas otras partes del país, han aumentado tanto las brechas sociales y económicas que están conformándose comunidades distintas que apenas logran comunicarse. Si bien todos hablan el mismo idioma, a juicio de quienes las integran ya no comparten los mismos valores culturales. Es probable que los que piensan de esta manera se equivoquen y que en verdad tengan mucho en común, pero es tan fuerte la voluntad de algunos de diferenciarse de quienes viven al otro lado de una frontera imaginaria, que resulta ser muy grande la tentación de tratarlos como personas que les son radicalmente ajenas de las que es necesario defenderse. Y para agravar todavía más la situación, abundan los politizados que están resueltos a aprovechar al máximo la pobreza extrema de los marginados y los temores de los que no lo son, la corrupción policial es una realidad y también lo es la presencia en casi todos los barrios de narcotraficantes para los que la desesperanza representa una oportunidad para lucrar. Mientras que ciertos “activistas” insisten en que todo se debe al sistema capitalista o, si no les atraen las explicaciones ideológicas, al egoísmo de lo que queda de la clase media nacional, los comprometidos con el orden insisten, con razón, en que sería insensato permitir que sujetos sin escrúpulos sigan robándoles o provocando destrozos sin ningún motivo aparente. Naturalmente alarmado por los disturbios que hicieron del centro de Bariloche un campo de batalla y que dieron pie a que hubiera tres muertos, el intendente Marcelo Cascón dice que quiere enfrentar la crisis que ha estallado impulsando una “redistribución económica más efectiva”. No se trata de una receta original; desde fines del siglo XIX casi todos los presidentes nacionales, gobernadores provinciales e intendentes municipales, sin excluir a los militares, se han afirmado convencidos de que el reparto inequitativo de la riqueza está en la raíz de los grandes problemas sociopolíticos del país y que por lo tanto hay que remediarlo cuanto antes. Huelga decir que tanto en nuestro país como en el resto del mundo los intentos de hacerlo “redistribuyendo” el ingreso han fracasado. Lejos de ayudar a los pobres, aquí las medidas macroeconómicas destinadas a reducir las diferencias suelen resultar contraproducentes al privarlos de los empleos que sólo el sector privado o familias relativamente acomodadas están en condiciones de crear, mientras que las medidas caritativas o, si se prefiere, solidarias que se han tomado han servido para consolidar una cultura de la dependencia que beneficia principalmente a políticos clientelistas. Por desgracia, aunque todos coinciden en que es urgente luchar contra la pobreza, hacerlo con eficiencia es mucho más difícil de lo que suponen los muchos que se han persuadido de que, en el fondo, es un problema moral, cuando no ideológico, que podría solucionarse si los calificados de ricos fueran más generosos o si los políticos tuvieran las agallas necesarias para obligarlos a aportar más al resto de la sociedad.
