Unos declaran, otros deben irse
ROCA (AR).- Mientras avanza el juicio oral y público contra Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu por las presuntas estafas con el plan de las 167 Viviendas de Roca, en otro expediente se volvió a intimar al desalojo de las 87 casas de ese plan que ya están construidas, las cuales fueron ocupadas hace más de un año. En su mayoría los usurpadores son damnificados del presunto fraude por sobreventa de lotes por el que están siendo juzgados el ex titular del sindicato de Trabajadores Viales y el expresidente de la cooperativa House Vial. Ayer en el juicio oral ante la Cámara Criminal Segunda declararon más “perjudicatarios”. Todos relataron las circunstancias en las que conocieron a Iturburu, firmaron sus convenios y pagaron por los terrenos a los que ninguno finalmente accedió. El debate sigue el próximo jueves. En cuanto a las casas usurpadas, la jueza Margarita Carrasco volvió a intimar a los ocupantes para que las desalojen en un plazo de 10 días, pero además aumentó de 50 a 150 pesos por día el valor de las sanciones económicas (astreintes) a las personas que hace más de un año se instalaron en el plan. Gustavo Gerván, referente de los ocupantes, aseguró que la medida de la jueza causó “sorpresa” entre los vecinos, teniendo en cuenta que están en pleno proceso de mediación con el IPPV y la fiscalía de Estado, y anunció que anoche realizarían una reunión para analizar la situación.
ROCA (AR).- Mientras avanza el juicio oral y público contra Carlos Sansuerro y Carlos Iturburu por las presuntas estafas con el plan de las 167 Viviendas de Roca, en otro expediente se volvió a intimar al desalojo de las 87 casas de ese plan que ya están construidas, las cuales fueron ocupadas hace más de un año. En su mayoría los usurpadores son damnificados del presunto fraude por sobreventa de lotes por el que están siendo juzgados el ex titular del sindicato de Trabajadores Viales y el expresidente de la cooperativa House Vial. Ayer en el juicio oral ante la Cámara Criminal Segunda declararon más “perjudicatarios”. Todos relataron las circunstancias en las que conocieron a Iturburu, firmaron sus convenios y pagaron por los terrenos a los que ninguno finalmente accedió. El debate sigue el próximo jueves. En cuanto a las casas usurpadas, la jueza Margarita Carrasco volvió a intimar a los ocupantes para que las desalojen en un plazo de 10 días, pero además aumentó de 50 a 150 pesos por día el valor de las sanciones económicas (astreintes) a las personas que hace más de un año se instalaron en el plan. Gustavo Gerván, referente de los ocupantes, aseguró que la medida de la jueza causó “sorpresa” entre los vecinos, teniendo en cuenta que están en pleno proceso de mediación con el IPPV y la fiscalía de Estado, y anunció que anoche realizarían una reunión para analizar la situación.
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