Usurpan una de las 120 Viviendas en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La usurpación de una de las 120 Viviendas del IPPV, que se construyen a paso lento en el barrio San Francisco IV, volvió a exponer la carente respuesta del Estado frente al abrumador déficit habitacional que soporta esta ciudad.

En la tarde del miércoles, Zulma Rudel junto a dos menores y un bebé, ocupó una de las casas tras sortear el cerco perimetral y la guardia de seguridad privada de la obra, en un acto desesperado que la puso en la mira de la justicia.

Ayer, a primera hora, el juez de turno se acercó al lugar a dialogar con la mujer, le informó la decisión de iniciarle una causa por usurpación y la citó a declarar para hoy.

Rudel evitó dialogar con la prensa pero el abogado local Nelson Vigueras, que aceptó asesorar a la mujer, informó a Canal 6 que la mujer estaba dispuesta a deponer su actitud para evitar males mayores.

De hecho a última hora abandonó la casa y el predio por sus propios medios.

El letrado aseguró que la mujer es «una trabajadora honorable que llegó a este extremo por que no puede acceder a una vivienda por la negligencia de las autoridades y la ausencia del Estado».

Las casas están prácticamente terminadas y son un blanco tentador para muchas familias que no tiene acceso a la vivienda propia ni pueden afrontar el alto costo de los alquileres.

La ocupación puso en alerta a la policía y a la empresa constructora, Alusa S.A., que reforzó la seguridad para evitar que el hecho se repita en el resto de las unidades habitacionales de dicho plan.

El único plan de viviendas sociales que tiene el IPPV para entregar en lo inmediato se mantiene en una indefinición preocupante.

 

Hermético silencio

 

Las autoridades centrales del organismo guardan hermético silencio sobre la fecha de terminación de la obra y la definición del listado de adjudicatarios que debió conocerse en noviembre pasado.

Estas indefiniciones alimentan la sospecha de que la provincia retiene las viviendas como botín de campaña para la próxima elección de intendente, que se llevará a cabo el 18 de mayo.

El único funcionario que dio la cara fue el delegado local del Instituto, Roberto Arregui, quien se limitó a señalar que la obra está dentro de los plazos contractuales y todavía le faltan dos meses de trabajo como mínimo.

Lo significativo es que en octubre pasado el mismo funcionario aseguró a este diario que el complejo habitacional alcanzaban un 85 por ciento de ejecución y si no pasaba nada que obligara a aplazarlas quedarían concluídas antes de fin de año.

Ayer, el encargado de obras, el arquitecto Osvaldo Castellan, informó a «Río Negro» que los trabajos estaban en un 90 por ciento de ejecución y que deberían quedar terminados antes de 60 días.

Castellan no pudo precisar la fecha de terminación porque «los plazos dependen de la provincia» dijo.

La usurpación sumó tensión a la interminable espera de los 2.200 inscriptos que ansían ver su nombre en el listado de 120 adjudicatarios. Lo inexplicable es que la inscripción se realizó en marzo de 2007 y convocó a más de 4.700 personas que buscaban acceder a una viviendas propia.