Va a juicio la causa contra el intendente de Pehuenia

VILLA PEHUENIA (AZ).- La fiscalía de instrucción de esta ciudad solicitó la elevación a juicio de una causa unificada contra el intendente de Villa Pehuenia, Mauro Del Castillo. Los cargos que se ventilarán en el fuero correccional zapalino tienen relación con una serie de acusaciones que realizaron los concejales de esa localidad turística y se vinculan con aparentes irregularidades en la compra de automotores y cesión de terrenos.

Durante el debate se analizará el destino de unos $ 300.000 que aparentemente desaparecieron de las arcas comunales. En cualquier caso, por tratarse de un proceso correccional la pena máxima que podría recibir Del Castillo, si fuera hallado culpable, no superará los tres años de prisión.

El expediente ya se encuentra en manos del juez Oscar Domínguez desde hace unos días. El trámite será elevado luego al juzgado correccional donde deberá realizarse el juicio oral contra Del Castillo.

Las acusaciones sobre desprolijidades administrativas arreciaron en los últimos años en la administración municipal de Villa Pehuenia. La mayoría de las denuncias fueron planteadas por los propios miembros de la comisión municipal quienes objetaban una serie de manejos presuntamente irregulares de Del Castillo.

En este contexto se encuadra la entrega de tierras para residencia permanente que se llevó a cabo durante años atrás. De acuerdo a una norma oficial, la cesión de los lotes no puede efectivizarse sin el consentimiento de toda la comisión municipal.

Sin embargo, Del Castillo habría obviado esta instancia resolviendo por su cuenta el reparto de los valiosos terrenos.

Del mismo modo, se le objeta haber realizado compras directas de vehículos sin convocar a licitación como lo establece la ley. También se lo acusó junto a su secretario de Hacienda, Sandro Badilla, por la realización de numerosos pagos a proveedores, algunos de ellos de la ciudad de Zapala, sin la documentación mínima respaldatoria.

Según advirtieron opositores a la administración municipal, habría al menos unos 300 expedientes de adquisición de bienes y servicios que fueron cancelados con cheques comunales aún sin sus respectivas órdenes de compra.

Además pesa sobre Del Castillo un cuestionamiento vinculado con el destino que habría tenido una partida oficial de unos 300.000 pesos. Hace tiempo, cuando el recientemente reelecto jefe comunal fue convocado a indagatoria por esta acusación, se negó a declarar.