Vecinos y ambientalistas defienden playa de Bahía Serena

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Vecinos y ambientalistas iniciaron acciones directas para impedir el avance de un proyecto privado sobre la playa de Bahía Serena, que limitará el acceso al lago, mientras concejales y funcionarios se comprometieron a paralizar las obras para estudiar el caso.

Bahía Serena es una de las pocas playas de acceso público de la zona oeste y la segunda más tradicional, pero está ubicada sobre dos predios privados que corresponden a un loteo de 1948, cuyos límites se extienden sobre el lago Nahuel Huapi.

El cuestionado proyecto de construir un complejo turístico de bungalows fue aprobado en 2001 mediante una tramitación desdoblada poco habitual, pero las obras recién se iniciaron este año tras la firma de un convenio entre el Ejecutivo y el propietario considerado nulo por algunos concejales.

La subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Ambiental dio el visto bueno a las ocho unidades habitacionales ubicadas sobre el sector rocoso del terreno pero envío el conflictivo estacionamiento que se extendería sobre la playa a la Unidad Coordinadora.

El cuerpo consultivo condicionó la viabilidad del proyecto al cumplimiento de ocho puntos ineludibles que debían acordarse con el propietario.

Entre las exigencias establecidas en el dictamen del 29 de mayo de 2001 se destacan la imposición de «libre acceso y circulación» en la franja que se extiende sobre el lago y la prohibición de levantar cercos perimetrales.

El 27 de abril pasado el intendente Alberto Icare formalizó el convenio exigido en el dictamen pero en términos muy distintos a los planteados por la Unidad Coordinadora.

En el acuerdo alcanzado con la propietaria de la parcela, Ana Filipic, el municipio le permite expresamente «limitar el acceso a la playa» en horario nocturno -estableciendo una variación de tres horas entre invierno y verano-

y los usos permitidos para evitar ruidos molestos. En este último aspecto la cláusula tercera incluye «todo uso que implique música, ruidos y eventos dentro de dicho sector».

El convenio, refrendado por el secretario de Obras Públicas Raúl Martiniau, autoriza el cercado del terreno, salvo en «la parte del lote que linda con el lago», contradiciendo abiertamente una de las exigencias impuestas por la Unidad Coordinadora.

El problema fue abordado por en el Deliberante por la comisión de Obras y Planeamiento, con la presencia del subsecretario de Planeamiento Eduardo Reddy, donde se acordó paralizar las obras para revisar «cómo se construyeron los actos administrativos» que promovieron la conflictiva autorización.

La titular de la comisión, Sandra Guerrero, consideró que el convenio rubricado por Icare es «nulo» y adelantó a los vecinos la decisión del cuerpo de defender el uso público de la playa.