Veinticinco mil neuquinos viven en tomas ilegales
En la capital provincial, el 10% de la población está en esa situación.
NEUQUEN (AN).- Sólo en la capital de la provincia hay 25.000 personas, el 10% de la población, que viven en tomas ilegales de terrenos. El dato forma parte de los resultados de un estudio realizado por la fundación Felipe Sapag, donde se concluye que la amplia difusión de las tomas en los últimos años «es un proceso alentado y sostenido desde el sistema político».
Mañana a las 19, en el Salón Azul de la biblioteca de la UNC (Universidad Nacional del Comahue), la Fundación Felipe Sapag presentará un informe sobre las tomas de terrenos en la ciudad de Neuquén, subtitulado «Cuando el crecimiento no es desarrollo». El trabajo está basado en una encuesta que se realizó en octubre de este año, cuyo análisis y diseño estuvieron a cargo de Luis Felipe Sapag.
El informe concluye que 25 mil personas, el 10% de la población de la ciudad, vive en tomas ilegales y añade que esta cifra puede haberse modificado en los últimos meses puesto que «todas las semanas nace una nueva toma». En el trabajo se aclara que la realidad de la capital neuquina, «también es aplicable a otras localidades del interior de la provincia».
El estudio denuncia que tanto el gobierno provincial como el municipal «no brindan información» sobre el tema y que, en algunos aspectos, directamente no existen datos oficiales. Según el trabajo, tampoco hay programas adecuados para paliar la situación «sólo mecanismos de auxilio no integrales, mas bien pensados como asistencialismo político».
En el informe redactado por Luis Sapag, el hijo del ex gobernador reconoce que la apropiación ilegal de terrenos es un problema de décadas, pero recalca que hasta 1999 el estado provincial «logró empatar la carrera construyendo barrios al mismo ritmo que la demanda de viviendas». Según Sapag, eso se perdió cuando se abandonó el «sistema histórico del Instituto de Vivienda» por uno donde los adjudicatarios deben estar bancarizados.
En el trabajo se indica que, en seis años, «de no tener tomas pasamos a 63 localizaciones de las que sólo 48 están registradas en el municipio». Sin embargo, el documento afirma que no es posible que haya un estallido social como el que ocurrió en Francia, porque aquí las tomas funcionan «como un sistema político y económico estable», alentado por el poder político «para forzar la lealtad de quienes quedaron cautivos del mismo».
En la investigación se señala que en las tomas uno de cada tres mayores de edad está afiliado al MPN. Un porcentaje importante si se tiene en cuenta que, según el informe, sólo uno de cada dos adultos está afiliado a algún partido político.
La encuesta realizada por la fundación Sapag da cuenta de el 80% de las familias de las tomas vive con menos de 450 pesos al mes.
En la mitad de los hogares incluso los ingresos mensuales no superan los 300 pesos y un 20 por ciento sobrevive con entre 0 y 150 pesos. El 90 por ciento de las familias recibe alguna caja alimentaria y más de la mitad de los jefes de hogar son beneficiarios del plan 2128.
El estudio informa que quienes habitan las tomas son familias jóvenes, matrimonios informales con no más de cuatro hijos. Uno de cada cinco adultos no terminó la primaria y sólo el 5 por ciento tiene el secundario completo.
Relato alarmante de la pobreza
NEUQUEN (AN).- El informe realizado por la fundación Felipe Sapag ilustra en detalle la pobreza de quienes viven las tomas.
Por caso, el trabajo describe la existencia de «una importante población canina, utilizada obviamente con fines de seguridad de las viviendas y de la población, pero también ¡para calefacción!»
Otro dato llamativo es que gran parte de las personas encuestadas comentaron que las cajas de alimentos que reciben del estado son insuficientes y no responden a las necesidades alimentarias de una familia.
Por ese motivo, los beneficiarios suelen canjear los alimentos por otro tipo de bienes en el «trueque» que funciona los jueves en la calle Pérez Novella y los sábados en Vuelta de Obligado.
Según el estudio, el 90% de las viviendas están conectadas ilegalmente al sistema de electricidad, «en algunos casos con alambres sin ningún tipo de revestimiento».
Las instalaciones precarias no sólo representan un grave peligro de electrocución sino que son la principal causa de los incendios que se suceden a diario.
En el informe se explica que una casilla de cartón y nylon (materiales que están presentes en más de la mitad de las viviendas) tarda sólo tres minutos en quemarse completamente.
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