Venezuela se hunde en la parálisis económica y la violencia callejera

Venezuela está semiparalizada. Disturbios que dejan al menos 89 muertos, vías cerradas, estudiantes sin clases, comercios vacíos y ladrones que aprovechan el caos marcan la cotidianidad en tres meses de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS) contabiliza unas 2.700 manifestaciones desde el 1 de abril, lo que complica aún más a una población que ya lidia con la falta de alimentos y medicinas, la inflación y la criminalidad.

“Se llevaron absolutamente todo”, cuenta con desazón Ricardo Rivas, dueño de una carnicería saqueada la noche del 16 de mayo en San Cristóbal (estado Táchira, oeste), junto con otros 20 comercios. Visitaba a su madre cuando lo telefonearon para decirle que hombres armados destrozaron, en hora y media, el esfuerzo de años. Se llevaron toda la carne y también cuchillos, molinos, cámaras, computadoras. Solo quedaron las neveras.

“Me provocó cerrar e irme, pero soy de los que cree que uno debe quedarse y luchar”, dijo el comerciante de 29 años, quien puso en venta su camioneta y despidió a la mitad de los empleados para mantenerse a flote.

En los dos primeros meses de manifestaciones se registraron 157 saqueos o intentos de saqueo, según el OVCS. La cifra sigue aumentando y agrava la escasez.

Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década y las que quedan funcionan al 30% de su capacidad, según la patronal Fedecámaras.

Desde su panadería, Daniel Dacosta ve a encapuchados listos para una nueva batalla campal en Altamira. Cerró una vez más. Las protestas empeoraron el desabastecimiento de harina, obligando a este portugués de 64 años a despedir a dos trabajadores y reducir horarios. El negocio funciona al 50%. “Los clientes no llegan, la situación es explosiva”, sostiene.

Si la tensión se mantiene hasta el último trimestre, el PIB se contraería 9% en 2017 frente a una previsión original de -4,3%, indicó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

Jean Carlo Ponce debe ingeniárselas para esquivar trancas y barricadas con su taxi. Los días de manifestaciones la clientela disminuye y queda hasta dos horas parado. Durante las movilizaciones cierran hasta 30 estaciones del metro, pero no se beneficia. El servicio, lamenta, es impagable para la mayoría por la inflación, que el FMI proyecta en 720% para 2017. Según la ONG Cenda, una familia necesita siete ingresos mínimos para cubrir la canasta básica. El gobierno atribuye la debacle a una “guerra económica” para derrocarlo.

“La gente que vive cerca de escuelas avisa por Whatsapp si hay tanquetas o si cierran las calles. Y así decidimos si los llevamos”.

Karelis Rojas, madre de dos niños, cuenta que perdieron tres semanas de clases.

La crisis en cifras