Vicentin: tres causas que definieron repensar la estrategia de una expropiación

«Lo fue para todos. Pasan los años, llega julio y todos me hablan de lo mismo. Fue un momento muy traumático para la sociedad y para nosotros. Yo aprendí de ‘La 125’ que, cuando uno va por todo, corre el riesgo de quedarse sin nada», comentaba el entonces exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner a diez años de la votación en el Senado que frenó las retenciones móviles al campo, el conflicto más emblemático para el kirchnerismo. Las palabras volvieron a resonar durante todo el día de ayer en la mente del ahora presidente, mientras observaba que, en varios puntos del país, se extendían masivas y ruidosas protestas en contra de la expropiación de Vicentin. Era consciente de que esto no terminaría allí y que gran parte de la sociedad podía sumarse levantando su voz ante lo que muchos juristas definen como un atropello a la propiedad privada. Las protestas por la expropiación acelerarían las tensiones sociales que ya están generando el aislamiento por la pandemia y la crisis económica. El presidente Fernández no está dispuesto a arriesgar los niveles de imagen positiva enfrentando al campo nuevamente y menos cuando aún todavía no tiene consolidado su poder dentro del Ejecutivo.

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Los recientes conceptos del exministro Roberto Lavagna tampoco fueron inocuos en la decisión del presidente Fernández de reunirse con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, para buscar una salida consensuada a la crisis de la empresa. “Hace algunos años ya se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social”, señaló esta semana el economista haciendo referencia a la expropiación de YPF que ejecutó el kirchnerismo en 2012 y que le terminó saliendo muy caro a todos los argentinos. “Ahora se habla de Soberanía Alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”, agregó el exministro tomando distancia así de la decisión de expropiar la cerealera. Sin el apoyo de los aliados del Lavagna en el Congreso, el proyecto correría riesgos de no pasar y el costo político de esta derrota debería asumirla el presidente de la Nación, tal como ocurrió oportunamente con Cristina Fernández y su proyecto de “La 125”.

El titular de la cartera Económica, Martín Guzmán, también acercó su impresión al proyecto impulsado por el kirchnerismo. Desde un principio señaló que la expropiación podría interferir en las negociaciones con los acreedores teniendo en cuenta que, una y otra vez, afirma ante ellos que el Estado no tiene más dinero para mejorar la oferta que se concretará en breve. Para poder poner a funcionar a Vicentin se necesitan poco más de 1.300 millones de dólares anuales en inversiones de capital de trabajo. Un monto que está muy lejos de las disponibilidades de caja con las que cuenta hoy el Gobierno Nacional. Guzmán le adelantó al presidente que no es viable sostener una empresa estatal de las dimensiones de Vicentin con todo el campo en contra de la expropiación. “Si hoy es difícil atraer inversiones al país, imaginemos luego de tomar una medida como esta”, señalaron allegados al titular de la cartera económica.

Con la reunión de hoy, Alberto Fernández quiere dar un mensaje a la sociedad en general y al mercado en particular. El presidente intenta retroceder de una posición en la que claramente no se siente cómodo, sin enfrentar al hoy aliado estratégico que tiene dentro del Ejecutivo: el kirchnerismo. Desde su entorno aseguran que el costo político de retroceder con la expropiación -y enfrentar la ira de los sectores más radicalizados del Gobierno- es mucho menor que el de continuar con este relato.

Desde el kirchnerismo, la expropiación es un hecho; lo que se ve hoy es solo es una cuestión de formas. Es por ello que, la definición del conflicto entre el Estado y Vicentin sigue, por ahora, totalmente abierta.