Villa Mascardi: “La mesa de diálogo que proponen es de locos”
Por el conflicto en Mascardi, los abogados de la comunidad dicen que el único que se sienta es el Estado.
Integrantes de la comunidad Buenuleo irrumpieron el 10 de septiembre de 2019 en un lote que poseía Emilio Friedrich con el argumento de que se trataba de una recuperación de territorio mapuche. (Foto de archivo)
El anuncio de Nación y del gobierno provincial de poner en marcha “una mesa de resolución de conflictos para abordar el conflicto en Villa Mascardi quedó hasta ahora solo en promesas, porque no hubo ningún avance.
“Por ahora nada concreto, pero sé que se está avanzando en el tema”, informó el sábado el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler. Dijo que la idea de convocar a esa mesa a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu “sigue en pie”.
Virgilio Sánchez integra la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y defiende a miembros de la comunidad que están imputados en causas penales por los delitos de usurpación que se tramitan en la justicia federal y opinó que la mesa de diálogo convocada por Nación y el Gobierno de Río Negro “es un poco rara, ya que los únicos que no están sentados son los involucrados en el conflicto que se dice quieren resolver”.
“La mesa de diálogo que proponen es entre organismos del Estado: Ministerios de Seguridad, Medio Ambiente y Justicia. Es un diálogo de locos. El propio Estado se sienta a la mesa consigo mismo para resolver un conflicto territorial con la comunidad mapuche”, planteó el abogado.
“Si lo contás alegremente parece un chiste”, aseguró. “En lo personal, considero que no hay vocación por parte del Estado de resolver este conflicto”, manifestó Sánchez.
“La verdad es que hasta donde yo tengo conocimiento, no existe ninguna mesa de diálogo con la comunidad Winkul Lafken Mapu y tampoco advierto ninguna vocación de dialogo por parte del Estado, ya que continúan con el proceso de criminalización”, sostuvo el abogado.
“Cada vez que llega Magdalena Odarda (titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a la provincia hacen “como sí” se hiciera algo, la verdad, debería terminar la política del “como sí” y ponerse a hacer algo de verdad”, aseguró Sánchez.
Dijo que cuando el Estado convoca una mesa de dialogo para resolver un conflicto “donde los involucrados se encuentran con procesos penales en desarrollo, a los primeros que se debe llamar es a los abogados que los defienden en esas causas, eso es básico”.
Sin embargo, observó, “a la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que es quien ejerce la defensa de los miembros de la comunidad procesados, jamás se los convocó a ninguna mesa”. “Nos enteramos por los diarios que había una mesa de dialogo, pero sabemos hasta ahora muy bien con quién”, enfatizó.
El gobierno nacional y el provincial resolvieron a finales de mayo pasado en Buenos Aires “trabajar conjuntamente” en medidas que garanticen la “paz social” en Villa Mascardi y acordaron la apertura de una mesa de resolución de conflictos “con todos los actores intervinientes”. Así fue el anuncio oficial tras ese encuentro que encabezó la ministra nacional de Seguridad Sabina Frederic, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Marcela Losardo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, Odarda, el presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma y la presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, Valentina Curufil.
Buteler y el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, estuvieron en representación del gobierno rionegrino.
La reunión se desarrolló a pedido de la provincia, que pretendía tratar puntualmente el conflicto de Mascardi. Desde el gobierno provincial comunicaron en ese momento que el primer encuentro de la mesa se realizaría en un plazo máximo de 30 días.
Los conflictos en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de Bariloche, comenzaron a principios de noviembre de 2017, cuando un grupo de personas ocupó dos predios de Parques Nacionales. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, aunque varios de sus integrantes integran la Lof Colhuan-Nahuel, asentada y reconocida en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, según fallos de la justicia federal.
Parques Nacionales denunció la usurpación en la fiscalía federal de Bariloche, a cargo de Sylvia Little, que impulsó la investigación. El juez federal neuquino Gustavo Villanueva subrogaba en ese momento el juzgado federal de Bariloche, por la licencia de su titular Leónidas Moldes. Villanueva ordenó el desalojo el 23 de noviembre de 2017 a manos de fuerzas federales, que finalizó violentamente, con mujeres mapuches detenidas con sus hijos.
Dos días después, ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que recibió un proyectil calibre 9 milímetros por la espalda. El crimen sigue impune. Y el único imputado por el momento es el albatros de Prefectura Francisco Javier Pintos. A partir de ese momento se sucedieron hechos de violencia en ese lugar, donde viven en forma permanente unas 60 personas.
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