Votó una ley y ahora dice que es inconstitucional

NEUQUEN (AN)- El diputado Oscar Gutiérrez pidió que se declare inconstitucional una ley cuya aprobación él mismo fomentó y votó. Se trata de la 2.339, que permite a los fiscales titulares delegar funciones en los fiscales adjuntos. En la sesión del 1 de noviembre de 2000 Gutiérrez la votó en general y al día siguiente en particular, e incluso firmó el despacho de comisión que aconsejó la aprobación de la norma.

La ley 2.339 tuvo el apoyo de la anterior composición del Tribunal Superior de Justicia, la aprobaron por unanimidad y en la Legislatura fue miembro informante y encargado de defenderla el ex diputado Osvaldo Ferreyra.

Detrás del aparente «blooper» de Gutiérrez hay intereses más profundos: proteger las espaldas del ministro Luis Manganaro, las suyas propias, y darle la oportunidad al Tribunal Superior de Justicia para que dispare sobre una ley que nunca le simpatizó a dos de sus nuevos integrantes.

• El ministro Manganaro está siendo investigado por su desempeño en la sesión legislativa del pasado 5 de agosto, cuando reveló en forma pública información reservada de varios expedientes, entre ellos uno por viola- ción en el que están involucrados menores de edad. Esa causa está en manos de la fiscal adjunta Cristina Beute, quien envió un oficio a la Cámara de Diputados pidiendo información.

 

Planteo al TSJ

 

Gutiérrez recibió la nota judicial y, como respuesta, se dirigió al TSJ planteando la inconstitucionalidad de la ley 2.339, desconociendo las facultades de Beute para requerirle información de esa naturaleza. De esta manera, la causa contra Manganaro que-dó trabada.

• La fiscal adjunta Beute también tiene en sus manos otra investigación, que involucra al propio Gutiérrez, denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito. Con su planteo de inconstitucionalidad, el legislador lograría «sacar de la cancha» a la persona que lleva adelante su expediente.

• El planteo será resuelto por el TSJ, dos de cuyos nuevos integrantes tienen opinión conocida sobre la ley 2.339. Se trata de Jorge Sommariva y Roberto Fernández quienes durante 2001, cuando eran camaristas, declararon la inconstitucionalidad de esa delegación de facultades en los fiscales adjuntos. Ambos lo hicieron con argumentos idénticos a los que ahora esgrime Gu

tiérrez.

Por lo menos cuatro veces, la anterior composición del TSJ declaró constitucional la ley.

El pronóstico es ahora más incierto, en especial porque no se sabe si Sommariva y Fernández se excusarán de opinar en atención a que lo hicieron en el pasado, o reiterarán su ya conocida postura.

Además, los vocales del TSJ tienen un motivo adicional de molestia: Beute les mandó un oficio similar al que recibió Gutiérrez, porque al parecer también hubo una fuga de información en la más alta cumbre del Poder Judicial.

Según trascendió ayer, uno de los expedientes citados por Manganaro en la sesión del 5 de agosto está radicado en el TSJ y la fiscal quiere saber si desde allí le filtraron la causa al ministro.

Beute tampoco obtuvo la respuesta que buscaba, y además fue severamente reprendida por haberse dirigido al TSJ «sin respetar la vía jerárquica».