Vouchers: paso adelante hacia la calidad educativa
PABLO GUIDO (*) y pablo benítez (**)
El sistema educativo argentino se encuentra actualmente en una crisis evidente. Para muestra, un botón: en la última prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes del 2009 (PISA) los alumnos argentinos se ubicaron en el puesto 58º entre 65 países, obteniendo tan sólo 398 puntos de un total de 1.000. Las causas “superficiales” son la menor cantidad de días de clases debido a las huelgas constantes, el estado deplorable de la infraestructura y la falta de insumos, entre otros. La causa de fondo de la crisis educativa sería el diseño del sistema: las reglamentaciones rígidas de las condiciones necesarias para enseñar, la obligatoriedad de todos los contenidos a aprender, la determinación de los libros que deben utilizarse y la autorización por parte del Estado de quiénes pueden brindar o no el servicio. No existe libertad curricular, ni libertad de contenidos ni libertad de contratar los recursos humanos de los establecimientos, ni en el sector estatal ni en el privado. ¿Qué características tiene el servicio educativo estatal? Es uniforme, homogéneo y con una falta de calidad evidente. Estas características son propias de un servicio monopólico donde las reglas de juego e incentivos se deciden en los escritorios de los funcionarios y no en los establecimientos educativos mediante la negociación entre las partes interesadas. Cuando son los funcionarios y burócratas quienes deciden en todos los aspectos de la educación se aniquila una de nuestras libertades más básicas: la de elegir entre múltiples opciones la educación que queremos recibir y también brindar. Así, el gobierno corre a contramano de las libertades otorgadas por la Constitución nacional en su artículo 14: la libertad de enseñar y aprender. Por lo tanto, está quebrado el vínculo entre los padres-alumnos y los directores-docentes. Aquellos que quieren determinados servicios educativos no pueden transferir esas demandas hacia quienes ofrecen esos servicios ya que hay un intermediario, el Estado, que no tiene los incentivos necesarios para mejorar la eficiencia y eficacia educativa. Nadie niega que el sistema educativo tiene que estar planificado; la pregunta es quién tiene que planificar. En todos los ámbitos de la vida en sociedad conviven e intercambian bienes y servicios millones de personas, cada una con diferentes gustos, preferencias, valores y expectativas. El objetivo de las políticas públicas debería tomar en cuenta esta realidad. Por lo tanto, la única manera de que las personas puedan manifestar sus preferencias es que tengan la libertad para expresarlas, es decir, elegir entre diversas alternativas. El sistema educativo actual bloquea estos canales de expresión ya que no hay libertad curricular, ni libertad de contenidos, ni libertad por parte de los directores de establecimientos para contratar a los mejores educadores, ni libertad para establecer un sistema de incentivos en materia salarial ni libertad por parte de los padres respecto de dónde enviar a sus hijos a estudiar. La libertad de elegir en materia educativa implica simplemente lo siguiente: devolverles a los padres el poder necesario para elegir. Y esto supone implementar un sistema abierto y competitivo con los incentivos necesarios que contengan y estimulen a los estudiantes y buenos profesores en climas del mayor rigor, profundidad y calidad. La alternativa es mantener el statu quo a costa de seguir perdiendo calidad educativa. ¿Cuál es una alternativa que se podría implementar para devolverles a los padres la capacidad de elegir? Consistiría en distribuirles vales educativos (vouchers) con los cuales poder pagarles a los establecimientos que educan a sus hijos. El presupuesto 2013 de la provincia del Neuquén estimaba en 3.750 millones de pesos el gasto en educación, siendo que existen aproximadamente unos 180.000 alumnos en todo el distrito provincial. Esto significa un gasto mensual por alumno de unos 1.700 pesos. Si se les diera un vale por esa cantidad de dinero a los padres por cada hijo a cargo les estaríamos devolviendo a los principales interesados de la educación de los alumnos (los padres) el poder para elegir el establecimiento que mejor satisficiera las necesidades educativas de sus hijos. De esa manera introduciríamos un incentivo a los directores y docentes de mejorar la provisión de servicios educativos, ya que de lo contrario perderían alumnos y así ingresos. Claro que, además, hay que darles a los establecimientos la necesaria flexibilidad en la currícula y contenidos para poder adaptarse a la demanda educativa de los padres, reduciendo el poder de decisión centralizado que ocupan los ministerios de Educación. (*) Doctor en Economía (**) Licenciado en Relaciones Internacionales Fundación Progreso y Libertad
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