Vuelve la maquinita
Aquí el Estado es muy costoso y sumamente ineficaz, por lo que reformarlo debería ser una prioridad. Pero no lo es.
Mientras que en otras partes del mundo la resistencia a bajar el gasto público suele inspirarse en la conciencia de que los servicios brindados por el Estado son social y económicamente imprescindibles, en nuestro país los obstáculos siempre han sido netamente políticos aunque, por razones evidentes, los «dirigentes» han preferido aludir a su propia vocación humanitaria a hablar de sus compromisos personales. Como es notorio, aquí el Estado es a la vez muy costoso y sumamente ineficaz, de suerte que reformarlo -mejor dicho, recrearlo- debería ser la prioridad absoluta del gobierno del presidente Eduardo Duhalde. Huelga decir que no lo es. Lo mismo que los gobiernos anteriores, sin excluir a los militares, el encabezado por el ex gobernador bonaerense no tiene en mente impulsar cambios realmente importantes. Lejos de proponerse hacer frente a la coalición poderosa conformada por los partidos tradicionales y los sindicatos que están resueltos a frustrar cualquier esfuerzo por modificar el Estado existente, la considera una aliada esencial a la que le es forzoso complacer, actitud que tiene implicancias ominosas para un país que ya se ha hundido bajo el peso de un Estado inoperante pero que aun así parece intocable. Habrá «ajustes» y más «ajustes», eso sí, pero no habrá iniciativas destinadas a producir la transformación radical que el país tan desesperadamente necesita.
Si bien el viceministro de Economía, Jorge Todesca, insiste en que «no vamos a emitir para pagar salarios», no cabe duda de que si no fuera por la voluntad oficial de encontrar la forma de mantener tranquilos a los siempre revoltosos estatales, el gobierno hubiera desistido de ordenar la emisión de mil millones de pesos a fin de cubrir los agujeros en el gasto público que imputa a la reducción previsible de la recaudación impositiva. Aunque el monto es relativamente modesto, la mayoría lo tomará por evidencia de que el gobierno duhaldista ya ha recaído en los peores vicios del pasado y que, andando el tiempo, adquirirá la costumbre de esquivar las dificultades echando mano a «la maquinita», convicción que con toda seguridad estimulará la inflación y debilitará el peso, obligando a las autoridades a emitir cada vez más.
Quizás éste no sería el caso si estuviera en marcha un esfuerzo serio por llevar a cabo los cambios estructurales largamente demorados, pero sucede que el gobierno actual, como el del ex presidente Fernando de la Rúa, está tan ocupado «apagando incendios» que no ha podido pensar en una estrategia a largo plazo que fuera lo bastante drástica como para mejorar las perspectivas ante el país. Hay una diferencia muy grande entre emitir a fin de continuar gastando por un lado y, por el otro, hacerlo en el contexto de un plan global encaminado a eliminar el problema fundamental planteado por un statu quo que es claramente insostenible. Tal como están las cosas, es de prever que todos los meses el gobierno se encuentre en la misma situación y que, después de las idas y vueltas habituales, reaccione del mismo modo, con el resultado de que en poco tiempo más el país se verá frente a un panorama aún peor que aquél de los años finales de la gestión del presidente Raúl Alfonsín.
Después del desastre supuesto por la hiperinflación, sobrevino la convertibilidad, la cual impidió que los gobernantes aprovecharan la maquinita de crear dinero ex nihilo, pero que no modificó sus prácticas porque pronto descubrieron que gracias a los préstamos bancarios y a los bonos podrían seguir gastando sin preocuparse por la recaudación. Si bien parecen haber aprendido algo de la experiencia -los voceros oficiales insisten en que en adelante el gobierno será «prudente» cuando de la emisión de trata-, reconocer que emitir para cubrir los baches de turno es suicida no equivale a estar dispuesto a tomar las medidas, que son necesariamente antipáticas desde su punto de vista, que servirían para reducir la tentación de emplear este método tradicional de bicicletear problemas que con el transcurso del tiempo no pueden sino agravarse. No hay duda de que la reforma del Estado será una empresa dura y penosa que afectaría a millones de personas, pero, mal que nos pese, tampoco la hay de que los costos de negarse a hacerlo serán incomparablemente mayores.
Mientras que en otras partes del mundo la resistencia a bajar el gasto público suele inspirarse en la conciencia de que los servicios brindados por el Estado son social y económicamente imprescindibles, en nuestro país los obstáculos siempre han sido netamente políticos aunque, por razones evidentes, los "dirigentes" han preferido aludir a su propia vocación humanitaria a hablar de sus compromisos personales. Como es notorio, aquí el Estado es a la vez muy costoso y sumamente ineficaz, de suerte que reformarlo -mejor dicho, recrearlo- debería ser la prioridad absoluta del gobierno del presidente Eduardo Duhalde. Huelga decir que no lo es. Lo mismo que los gobiernos anteriores, sin excluir a los militares, el encabezado por el ex gobernador bonaerense no tiene en mente impulsar cambios realmente importantes. Lejos de proponerse hacer frente a la coalición poderosa conformada por los partidos tradicionales y los sindicatos que están resueltos a frustrar cualquier esfuerzo por modificar el Estado existente, la considera una aliada esencial a la que le es forzoso complacer, actitud que tiene implicancias ominosas para un país que ya se ha hundido bajo el peso de un Estado inoperante pero que aun así parece intocable. Habrá "ajustes" y más "ajustes", eso sí, pero no habrá iniciativas destinadas a producir la transformación radical que el país tan desesperadamente necesita.
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