Reforma previsional: ¿cuáles fueron los errores de cálculo?

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Qué pasó ayer en la

Cámara de Diputados

En un marco de violencia en los alrededores del Congreso, el oficialismo sufrió un duro revés ayer en Diputados. No consiguió poner en marcha la sesión para tratar dos proyectos clave de su paquete de reformas: los cambios a la ley previsional –ya tiene media sanción del Senado– y a la ley tributaria.

El gobierno llegó al recinto con un margen muy estrecho para conseguir el quórum de 129 diputados. Sólo obtuvo el número 5 minutos después de vencido el plazo que fija el reglamento. Por error, no pidió una prórroga de 15 minutos, a la que estaba habilitado.

Contraria a las reformas, la oposición kirchnerista y del massismo reclamaron que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, diera por caída la sesión. Denunciaron que hubo diputados agredidos por las fuerzas de seguridad –siete– y que dos estaban siendo atendidos en la enfermería del Congreso. Y dijeron que dos diputados oficialistas que aún o habían jurado se habían sentado en sus bancas para forzar el quórum.

Pese a la negativa de Monzó, y en medio de un escándalo, la diputada Elisa Carrió propuso levantar la sesión. Dijo que la ley se votaría la semana que viene y prometió que una “compensación” a los jubilados por la pérdida en sus ingresos que sufrirían con la ley.

Gendarmes, ayer, con máscaras antigás cargan contra los manifestantes frente al Congreso.

El punto de conflicto

de la reforma jubilatoria

El eje de la reforma es el cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones por hijo. Propone una combinación de un 70% del indice de inflación y un 30% de variación de salarios. La actualización se hará cada tres meses, en lugar de seis, como hasta ahora.

Por el “empalme” entre las fórmulas, en marzo los jubilados cobrarían 5,7% de aumento y perderían casi 9 puntos de aumento respecto del cálculo actual.

La ley además, asegura el 82% móvil a los jubilados con 30 años de aporte. Y contempla jubilación optativa a los 70 años

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No fue sólo un error de cálculo parlamentario. El error es más profundo. El gobierno descubrió ayer que el acuerdo con los gobernadores para la aprobación de su paquete de reformas económicas era mucho más frágil e inconsistente de lo que suponía. Alcanzó para un compromiso en el Senado, semanas atrás. Pero se estrelló con un escándalo y la amenaza de una crisis política cuando intentó tratarla ayer en Diputados.

Después de una larga jornada de incertidumbre y violencia callejera y mientras el gobierno buscaba una salida al laberinto, se supo que el presidente Macri consideraba la posibilidad de sacar la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia. Un furibundo tuit de respuesta de Elisa Carrió pareció abortar anoche esa idea: el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, dijo anoche en TN que el oficialismo evaluaba “darle otra posibilidad” en el Parlamento.

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Fue un día de furia. La agencia oficial Télam informó sobre un saldo de varios heridos, destrozos y 26 detenidos. El oficialismo se vio obligado pasado el mediodía a levantar la sesión especial convocada en la Cámara baja ante la pérdida de apoyos a la reforma previsional, una iniciativa polémica sobre la que edificó su agenda de cambios. Aquello mismo que llevó al gobierno a apurar una semana la sesión, fue lo que terminó por frustrarla.

En un contexto de violencia en la calles y en el recinto que recordó jornadas trágicas del pasado reciente, la diputada Carrió dio por caída formalmente la sesión.

Carrió hizo una promesa inesperada que reveló el verdadero corazón del conflicto. “Vamos a votar la ley la semana que viene y va a haber una compensación a los jubilados”, dijo.

Hasta anoche, no había ninguna señal desde el gobierno que convalidara esa agenda ofrecida por Carrió. Temprano los diputados del oficialismo desconocían si la diputada había actuado motu proprio, tenía instrucciones o había consensuado su decisión. Más tarde, casi no tenían dudas de que Carrió actuaba a espaldas de la Casa Rosada.

Allí se dirigieron los principales referentes parlamentarios del oficialismo para una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Estuvieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el procurador del Tesoro Bernardo Saravia, jefe de los abogados del gobierno.

La versión acerca de un decreto presidencial de necesidad y urgencia para asegurar la reforma jubilatoria sumó más desconcierto. Se afirmaba que el texto ya tenía la firma de todos los ministros y que faltaba sólo la del presidente. Mientras todos miraban a la Casa Rosada, fue Carrió quien terminó por darle sustento a la versión.

En un mensaje en Twitter, advirtió que no acompañaría esa decisión presidencial. “Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, dijo.

La amenaza de Carrió ponía al gobierno de Cambiemos a las puertas de una crisis. Fue un tuit con una probada carga de veneno: fuentes parlamentarias daban minutos más tarde por caída la idea del decreto. La Casa Rosada insistía en cambio con que esa posibilidad seguía abierta.

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En el transcurso de la tarde, la situación en la calle era desconcertante. El gobierno no sólo no relajó el descomunal operativo de seguridad en torno al Congreso de la Nación. La oposición denunció que siete diputados –entre ellos el neuquino Darío Martínez, del FpV– habían sido agredidos por las fuerzas de seguridad. Aquí intervino otra vez Carrió. Según consignó la cronista parlamentaria de lanacion.com., la diputada advirtió sobre la represión en las calles y recomendó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Tiene que parar “.

La violencia también había estado adentro del recinto. Circuló un video con un fuerte cruce entre legisladores kirchneristas y el titular de la Cámara Emilio Monzó. Fue la imagen del descontrol. Leopoldo Moreau, recién ingresado a la Cámara, manoteó el micrófono de la presidencia. Monzó le respondió con un manotazo. Debió ser alejado por colaboradores.

¿Dónde está el origen de esta crisis inesperada? El gobierno ató las reformas a la aprobación de un proyecto que implica un golpe al bolsillo de los jubilados. Lo negoció con los gobernadores a cambio de recursos para que avancen en una profunda reforma fiscal. Ha quedado claro que no podían ser ellos los garantes de esta decisión.

de aumento perdería en marzo un jubilado con un haber de $ 10.000 con el nuevo cálculo. En lugar de cobrar $ 11.450 recibiría $ 10.570.

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