El freno a la reforma procesal penal ahondó “la grieta” en Tribunales

A finales de octubre pasado, los agentes fiscales de Bariloche fueron notificados de la existencia de una nota elaborada por la Procuradora General del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano, y los fiscales coordinadores de las cuatro Circunscripciones Judiciales de la provincia, que planteaba sin vueltas que “no están dadas las condiciones” para que la reforma procesal penal sea implementada desde el 1 de marzo de 2017.

Los agentes fiscales se reunieron de apuro y se alinearon con el planteo de la Procuradora. Quedaron sorprendidos por la postura de Baquero Lazcano, recordaron fuentes de Tribunales. Pero nadie se animó a expresar algo distinto.

Los defensores oficiales no se pronunciaron a favor del documento y quedaron mal posicionados ante la Procuradora, de quien dependen por ley. La relación entre la Procuradora y los defensores oficiales nunca fue buena, comentaron en Tribunales, pero a partir de esa situación las diferencias se profundizaron.

La postura que adoptaron los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia dejó con la boca abierta a los jueces de Instrucción de Bariloche -Bernardo Campana, Ricardo Calcagno y Marcos Burgos-, quienes comenzaban a contar los días que faltaban para mandarles a las unidades fiscales temáticas cientos de causas que se tramitaban en los tres Juzgados de Instrucción de Bariloche.

También sorprendió a algunos camaristas que durante años levantaron la bandera de la reforma procesal penal.

Así, la relación entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Bariloche y los jueces se enfrió mucho más.

Campaña

Algunos jueces recordaron esta semana que Baquero Lazcano hizo campaña para llegar a la Procuración con la reforma procesal penal bajo el brazo. También, el camarista penal Héctor Leguizamón Pondal intentó, sin éxito, postularse para el cargo de procurador. Pero Baquero Lazcano ganó por amplio margen.

Baquero Lazcano y Leguizamón Pondal se conocen bien. Trabajaron algunos años en la Cámara Criminal Segunda de Bariloche. Pero pasó mucha agua bajo el puente y la relación se deterioró.

Ahora, abunda la desconfianza. La misma que existe entre Baquero Lazcano y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Liliana Piccinini, quien a su vez está desde hace años enfrentada con Leguizamón Pondal, actual presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia.

Los magistrados y funcionarios no tienen representación en el Consejo de la Magistratura, pero Leguizamón Pondal tiene habilidad para mover fichas y ayudar a promover candidatos. Es considerado por sus pares como uno de los operadores de Tribunales con diálogo fluido con políticos de primera línea.

Sin embargo, no tiene influencia sobre la Procuradora que se caracteriza por tener un perfil fuerte.

Liderazgo

Baquero Lazcano reunió a su tropa en silencio y la alineó para salir a reclamar que se pare la reforma procesal penal. Algunas fuentes consultadas en Tribunales de John O’Connor al 20 de esta ciudad sostienen que el problema se originó por la falta de liderazgo de Baquero Lazcano y sus roces constantes con el gobernador Alberto Weretilneck.

Señalaron que la Procuradora y los fiscales cambiaron de postura cuando hasta hace unos meses se pronunciaban a favor.

Fuentes judiciales comentaron que los fiscales pensaban que iba a quedar un Juzgado de Transición para las miles de causas en trámite.

Pero no habrá ese juzgado y todos los expedientes de los Juzgados de Instrucción van a ir a parar a las fiscalías. Las fuentes estimaron que se trata de un volumen estimado en unas 2.800 causas. Sólo la Unidad Fiscal Temática 1 tiene más de 1.300 expedientes.

Por eso, este verano durante el receso de la actividad en Tribunales, la Procuración organizó un equipo para depurar causas como ocurrió en el verano pasado.

En los juzgados de Instrucción advierten que los fiscales no quieren hacer ese trabajo y, por eso, le solicitaron a los jueces que sean los empleados de los juzgados quienes seleccionen las causas para la depuración. El pedido no tuvo eco.

Trabajo

En Tribunales algunos funcionarios y magistrados lamentaron que la reforma procesal penal se frenara. Marzo quedó descartado y el Ejecutivo provincial promueve una postergación hasta agosto de 2017.

En los tribunales locales están convencidos de que la reforma pondrá en evidencia, por ejemplo, quién tiene contracción al trabajo en el Poder Judicial porque se impone la oralidad en el proceso penal y las audiencias. Y se terminaría la delegación de funciones que libera de carga laboral a los funcionarios y magistrados.

Los que apoyan la reforma procesal penal destacan que se terminarán las dilaciones al momento de fijar fechas para juicios.

Las fuentes estimaron que desde los juzgados de Instrucción se elevan a juicio por lo menos unas 200 causas por año.

En Bariloche hay dos Cámaras Criminales, pero este año hubo un puñado de juicios orales y públicos. Tampoco las Cámaras fijaron demasiados debates correccionales. Las suspensiones de juicios correccionales se cuentan por decenas.

Los camaristas penales deben hacer los juicios correccionales a partir de que los dos juzgados correccionales de Bariloche quedaron vacantes.

Sólo en el primer semestre del año, las Unidades Fiscales Temáticas 2 y 3 elevaron a juicio 46 y 13 causas respectivamente, según datos a los que Debariloche accedió.

Con la reforma procesal penal, será la Oficina de Gestión Judicial la encargada de la distribución del trabajo. Será la que organice y fije las audiencias a las que todos los jueces deberán concurrir.

Como estará todo informatizado, el sistema permitirá por ejemplo determinar hasta la cantidad de horas de audiencia que hizo cada magistrado, aseguraron las fuentes en Tribunales. “Se van a nivelar las aguas y en la cancha se ven los pingos”, afirmó una fuente judicial.

Fuero penal de Bariloche

5 camaristas penales: Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos, Marcelo Barrutia, Alejandro Ramos Mejía, Miguel Gaimaro Pozzi

3 jueces de Instrucción: Bernardo Campana, Ricardo Calcagno y Marcos Burgos

1 juez de ejecución penal: Juan Martín Arroyo

2 fiscales de Cámara: Martín Lozada y Eduardo Fernández

7 agentes fiscales

3 fiscales adjuntos

4 defensores penales

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