Por primera vez, el Consejo de la Magistratura se reúne en Bariloche

Los integrantes del Consejo de la Magistratura se reunirán por primera vez en el año en esta ciudad y en la agenda se destaca la resolución de un expediente espinoso: el caso de Mariela Taboaba, secretaria del Juzgado de Instrucción 2, que está suspendida desde febrero de 2016 por presuntos desórdenes de conducta en el ejercicio de su función.

Así lo adelantaron fuentes judiciales que conocen el orden de los temas a tratar en la sesión del Consejo de la Magistratura que se convocó para mañana por la tarde, en uno de los salones del edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20.

Taboada fue suspendida a finales de febrero del año pasado y desde entonces tiene un recorte en su remuneración, recordaron las fuentes.

La jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Liliana Piccinini, hizo el sumario para investigar los hechos denunciados que involucran a Taboada. Piccinini comenzó la investigación el año pasado y se desconocen las conclusiones.

La jueza del STJ no estará mañana en la reunión porque ahora el juez Ricardo Apcarián ejerce la presidencia del STJ y del Consejo de la Magistratura. Pero las fuentes comentaron que las conclusiones del sumario se conocerán en ese encuentro.

El caso de Taboada genera posiciones encontradas. Hay funcionarios y jueces críticos del desempeño de la secretaria, pero también hay magistrados y funcionarios de alto rango que la defienden. Pero nadie toca el tema en voz alta.

En la previa, los jueces de la Cámara Criminal Segunda, Héctor Leguizamón Pondal, Gregor Joos y Rubén Marigo confirmaron el sobreseimiento, que había dictado el juez civil subrogante Santiago Morán a favor de la funcionaria judicial Mariela Taboada, que había sido imputada por el delito de coacción agravada.

El fallo de los camaristas se dictó tres días antes de que se reúna el Consejo de la Magistratura en esta ciudad, cuando la resolución de Morán se había dictado el 14 de febrero pasado.

La Cámara Criminal Segunda desestimó la apelación que había promovido el querellante Marcos Ciciarello, que es defensor oficial.

El exfiscal Bernardo Campana había imputado a Taboada por dos hechos que ocurrieron el 23 y el 26 de septiembre de 2015. En ese momento, Taboada era secretaria del Juzgado de Instrucción 2, junto con Ciciarello. En una fuerte discusión, Ciciarello denunció que Taboada lo amenazó para que no declarara en un sumario administrativo, que se le había iniciado a la funcionaria por supuestas irregularidades.

“Si te llaman a declarar es porque se instruyó sumario y ahí vamos a estar todos hasta el culo, yo te voy a pisar la cabeza y me voy a asegurar que estés tres metros bajo tierra…”, fue una de las amenazas de Taboada hacia Ciciarello, según la acusación fiscal.

Campana no pudo seguir con la causa porque lo promovieron a juez de Instrucción. Ningún agente fiscal tomó el expediente y todos se excusaron. Por eso, se convocó al abogado local Leonardo Triventi, que actuó como fiscal ad hoc. Triventi no advirtió ningún ilícito en la conducta de Taboada e instó su sobreseimiento, que Morán firmó.

Ciciarello apeló. Impugnó la designación de Triventi y el fallo, pero el fiscal de Cámara Martín Lozada y la Cámara Criminal Segunda desestimaron el recurso.

Ciiarello había recusado a Lozada porque advirtió que Taboada había intentado fijar su domicilio siendo imputada en el despacho del fiscal de Cámara. Además, señaló que después de promover las denuncias en septiembre de 2015 hubo varias comunicaciones, entre llamadas y mensajes de texto, entre Taboada y Lozada, que tenía que dictaminar.

Lozada consideró que no existe delito en la conducta de Taboada. Los jueces señalaron que las frases atribuidas a Taboada en la denuncia “si bien pueden aisladamente impresionar como amenazantes, sin duda están dichas en un ámbito privado…”

Plantearon que aunque “en principio resultan inapropiadas para un funcionario público, en este contexto de dos fuertes e intensas discusiones ocurridas el mismo día, con otro funcionario público, en la que la imputada intentó responder a los cargos y reproches que le formuló el denunciante, en este contexto, aparecen propios de una reacción irreflexiva y en consecuencia atípica. Máxime que luego de pronunciarlas, se ocupó de aclarar que no pretendía que sean tomados como amenazas”.