La Justicia quiere avanzar en causa por estafa

La Justicia quiere avanzar en causa por estafa

El juez Bernardo Campana mantiene abierta la causa por defraudación que radicó la cooperativa Nuestra Tierra contra los responsables del loteo social Valle Azul y la mutual Germán Abdala. Según se informó desde la Justicia, el proceso continúa con el pedido a la Jefatura de Gabinete del municipio de las constancias de pagos “por consignación judicial” para la adquisición de los lotes.

La denuncia se presentó en septiembre del 2012 e involucra al exsecretario de Infraestructura de Río Negro Gustavo Hourcle y la exgerenta de la mutual Paula González.

Desde febrero la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción 2 y se detalló que “se han realizado una pluralidad de diligencias procesales las que suman a la fecha nueve cuerpos de expedientes desde el inicio de la causa”.

En el marco de la investigación se indicó que se intentó realizar una conciliación entre las partes “con resultados negativos”.

No obstante la defensa solicitó el sobreseimiento de los imputados, detallando las firmas de 417 escrituras “traslativas de dominio” y la existencia de otra causa judicial en la que se encontrarían puntualizadas las sumas depositadas “con la quita acordada cuando suscribieron sus respectivos convenios”.

También se añadió que los denunciantes fueron beneficiados por la entrega de lotes por parte del municipio local.

Por otro lado la fiscalía requirió que se agreguen las constancias de acreditación del pago y “todo dato que resulte útil”.

Además de requerir información al municipio, Campana pidió al Juzgado Civil y Comercial 5 conocer el estado actual de la consignación a la que hizo referencia la defensa. Con estos datos el magistrado dispuso enviar el expediente a la Unidad Fiscal 2 “a tenor del Artículo 172 del Código Procesal Penal”.

El caso volvió a tomar relevancia a partir de un informe de “DeBariloche”, que consignó que durante años la causa no avanzó y que estuvo en el Juzgado 6, a cargo de Marcos Burgos, hasta febrero pasado. Fuentes judiciales informaron que Burgos envió la causa al Juzgado de Instrucción 2 a modo de “compensación”.

En el informe se detalló que el plan habitacional comprometido por la mutual Germán Abdala no se construyó en el predio contiguo al barrio 645 Viviendas. Tampoco se hicieron las obras de infraestructura ni se proveyó de los servicios a esas tierras.

Una exsocia de la cooperativa Patagonia explicó que en mayo del 2011 los 15 socios pagaron 75.000 pesos en una cuenta de la Mutual Abdala para entrar al proyecto Valle Azul. El sistema obligaba a aportar 5.000 pesos para un fondo de garantía y después 200 pesos mensuales en una cuenta que la mutual tenía en el Banco Nación.

“Me quedé con una remera de Valle Azul y con un plano de lo que iba a ser mi casa de tres dormitorios”, cuenta casi seis años después una exsocia de la Cooperativa Patagonia, que se incorporó en mayo de 2011 a la Mutual Germán Abdala para hacer realidad el sueño de la casa propia.

Para ello la entidad, oriunda de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, tocó las puertas necesarias y por ordenanzas se le allanó el camino para acceder a 45 hectáreas del dominio privado municipal al precio de 6.050.000 pesos a valores de mayo de 2011.

“El 13 de mayo de 2011 pagamos los quince socios de la Cooperativa Patagonia 75.000 pesos en una cuenta de la Mutual Abdala para entrar al proyecto Valle Azul”, recordó la damnificada. Eran 5.000 pesos que tenía que abonar cada socio para un fondo de garantía. Después pagaron 200 pesos mensuales en una cuenta que la Mutual tenía en el Banco Nación. Se sumaron seis cooperativas, cada una con decenas de socios, al proyecto habitacional. Las cooperativas se habían constituido entre 2009 y 2010 con la intención de conseguir la casa propia y, después, se incorporaron a la Mutual Germán Abdala por indicación del exsecretario del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Oscar Zamora, de la gestión del exintendente Marcelo Cascón.

La joven aseguró que pagó hasta 2013 cuando, agotada, desistió y abandonó. Nunca quiso reclamar los 15.000 pesos que abonó. “Nos cansaron. Siempre te verseaban”, recordó la exsocia, que pidió mantener su identidad en reserva. Contó que cuando intentó pedir que le devuelvan la plata, le dijeron que sólo podían reintegrarle el 30 por ciento, es decir, unos 5.000 pesos y en cuotas. “Gustavo Hourcle era muy prepotente y antes de ir y verle la cara para cobrar una parte, decidimos no reclamar”, afirmó.

“DeBariloche” intentó comunicarse con él pero no respondió los llamados. Hourcle fue uno de los principales referentes del ambicioso proyecto habitacional Valle Azul. Había aparecido a mediados de 2010 en Bariloche como funcionario del Inaes. Valle Azul avanzó con fuerza en 2011, a caballo de los tiempos electorales. Se fueron sumando cientos de socios. El compromiso era que 605 familias de Bariloche accedan a una solución habitacional “en un tiempo prudencial” y a un “costo razonable”. La garantía era nada menos que el Fondo Pellegrini, que depende del Banco Nación.

Valle Azul se transformó en un fuerte actor político alineado con el kirchnerismo y respaldó la campaña a la intendencia de Omar Goye. Así, logró que Mauro González accediera a una banca de concejal en la elección municipal de octubre de 2011.

Después, el proyecto comenzó a diluirse y se transformó en un dolor de cabeza para cientos de familias. El caso derivó en una denuncia penal que un grupo de 26 socios de la Cooperativa Nuestra Tierra presentó en septiembre de 2012 por los presuntos delitos de “falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa”.

Denunciaron a Cascón, a Zamora, a Hourcle, a González, y la entonces gerenta de la Mutual Germán Abdala, Paula González.

La denuncia fue casi contemporánea con la designación que el gobernador Alberto Weretilneck hizo de Fernando Vaca Narvaja como ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia y de Hourcle como secretario de Infraestructura. Asumieron el 1 de octubre de 2012. Hourcle era entonces la mano derecha de Vaca Narvaja, destacaron algunas crónicas periodísticas.

Pocos días después, el fiscal Guillermo Lista desestimó la denuncia de los socios de la cooperativa Nuestra Tierra porque consideró que “no se concibe que el obrar de los denunciados haya tenido en mira un propósito fraudulento”, según el dictamen fiscal. Y cuestionó a los denunciantes por no aguardar los plazos del proyecto habitacional.

Los denunciantes recurrieron en consulta al entonces fiscal de Cámara Carlos López, que ordenó investigar la denuncia.

Lista recién promovió la acción penal en junio de 2014 e imputó a Cascón, Zamora, Hourcle, que ya no era funcionario provincial, González, que todavía era concejal, y los representantes de la Mutual Germán Abdala, Raúl Rojas y Paola Caffese y Marcelo Lapuente, quien se presentó como presidente del directorio del Fondo Pellegrini. Lista solicitó al juez de Instrucción Marcos Burgos que cite a indagatoria a los sospechosos y una serie de medidas para avanzar con la investigación.

“No obstante el plazo transcurrido por demás considerable, con un número de alrededor de 800 personas que se afiliaron desde el inicio se puede afirmar que a abril de 2012 por los conceptos descritos, no se recaudó menos de 6 millones de pesos…”, advirtió el fiscal. Los fondos surgieron de cuotas que pagaron socios de las cooperativas.

Lista señaló que se puede presumir que ante el nulo avance de las obras, “el dinero percibido bien pudo ser destinado a otros fines, procurando un lucro indebido para sí o para terceros, y el menoscabo patrimonial para las personas damnificadas”.

Pero Burgos declaró la nulidad de la promoción del fiscal por errores técnicos. Lista recurrió a la Cámara Criminal Primera que le dio la razón a Lista. Sin embargo, la causa acumuló varios cuerpos, pero nunca avanzó. Y hubo poco entusiasmo para investigar los hechos denunciados. Burgos nunca citó a indagatoria a los imputados, que presentaron escritos y pidieron el sobreseimiento por intermedio de sus abogados.

El fiscal Sergio Pichetto heredó el expediente. Informó a “Río Negro” que Burgos le corrió vista en dos ocasiones para que se pronuncie por el pedido de sobreseimiento de los imputados. El último llegó a finales de agosto pasado a su escritorio.

“Me opuse de nuevo y pedí que primero mandaran la documentación que acreditara que habían depositado la plata y se evacuaran otras medidas relacionadas con los lotes”, indicó el fiscal.

Sostuvo que pidió información sobre la cesión de los lotes “porque los entregó la municipalidad y no la Mutual”. “Pedí al juez que libre un oficio para corroborar si habían depositado la plata, cuándo y por qué monto”, añadió Pichetto. “Río Negro” intentó contactar a Burgos, pero estaba de licencia, informaron en Tribunales.

Casi seis años después, en el predio hay apenas un puñado de casas construidas por esfuerzo propio y no hay servicios, según informó un socio de la Cooperativa Copoba. Una cancha de fútbol ocupa el centro de la enorme parcela. Pero no hay ninguna de las viviendas comprometidas por los impulsores de Valle Azul.

Laura Zanoni de Tierras y Viviendas del municipio aseguró que la mutual, que hasta ahora pagó
$ 1.972.110, saldaría su deuda a fin de año.