A 35 años de la crisis de deuda que hizo tambalear dictaduras

Se cumplieron ayer 35 años de la crisis mexicana de la deuda que desató problemas similares en otros países de América Latina, cuyos efectos contribuyeron, incluso, a la caída de las dictaduras militares de Argentina y Brasil.

El 23 de agosto de 1982, 35 años atrás, era una fecha límite para que el gobierno mexicano cancelara u$s 300 millones a un conjunto de bancos acreedores pero en sus arcas el tesoro de ese país contaba con reservas reales por u$s 180 millones, por lo que el resultado fue declarar el default.

Ya a comienzos de ese mes las autoridades mexicanas habían advertido al Fondo Monetario Internacional sobre la situación pero el mundo de los organismos internacionales y los bancos no advirtió sobre la gravedad de la crisis que se avecinaba y así, el 20 de agosto, Jesús Silva Herzog, el emblemático secretario de Hacienda del presidente José Guillermo Abel López Portillo, hizo pública la situación.

Silva Herzog era el mismo que en 1938, 44 años antes, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, había tenido a su cargo la estatización de la actividad hidrocarburífera en su país, lo que dio lugar a la creación de Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, una de las mayores empresas del mundo.

Pemex había sido, en los años previos al desencadenamiento de la crisis, la base de sustento de la economía mexicana, la principal fuente de recursos para el Tesoro nacional. Por su propia actividad pero porque también era utilizada para requerir préstamos en un sistema financiero internacional que había dirigido a América Latina como destino de parte de su enorme liquidez.

Pero a partir de 1973 la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, de la que México no forma parte, impulsó la suba de los precios del crudo y ello hizo potenciar ostensiblemente los recursos de Pemex. Las cosas cambiaron cuando Arabia Saudita y otros en 1981 revirtieron la situación e hicieron que el valor del barril cayese entre 1980 y 1982 de 36,83 a 32,97 dólares, algo similar a lo ocurrido hace poco aunque con valores mayores. En 1977, en medio del auge del precio de los hidrocarburos López Portillo acordó con el FMI “limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía”. Eso duró un año ya que al descubrirse nuevos yacimientos en 1978 se avanzó en la construcción de infraestructura petrolera para lo cual se volvió al endeudamiento con la idea de que los hidrocarburos iban a resolver los problemas de la economía y las finanzas mexicanas, pero el resultado fue que en la gestión de López Portillo la deuda externa pasó de 21.000 a 76.000 millones de dólares.

La crisis mexicana de la deuda desató otras similares en países de América Latina, que contribuyeron, incluso, a la caída de las dictaduras militares de Argentina y Brasil que también habían acumulado enormes pasivos con el sistema financiero mundial y cuyos quebrantos estuvieron a punto de provocar la desaparición de varios bancos de los Estados Unidos de América, Europa y el Japón, lo que motivó que el FMI, el Banco Mundial y algunos gobiernos de las principales potencias económicas organizasen planes de salvataje.

Entre 1975 y 1982, el endeudamiento latinoamericano había crecido a razón del 20,4% anual como promedio, gracias a lo cual el monto total pasó de 75.000 a 315.000 millones de dólares; mientras en dicho período el costo de los servicios financieros había crecido de 12.000 a 66.000 millones de dólares, en un marco donde el pasivo alcanzaba el 50% del PIB de la región.

A partir de 1981 también se habían producido mermas en los precios de las exportaciones de los bienes primarios, no solamente del petróleo, en tanto las tasas de interés venían trepando desde 1979.

Ante la situación, para habilitar sus programas de refinanciación, el FMI forzó una reprimarización de las economías eliminando la llamada “industrialización por sustitución de importaciones” y fuertes devaluaciones a las que, en el caso mexicano, el gobierno de López Portillo agregó la incautación de 6.000 millones de dólares de particulares en los bancos, cambiados por pesos desvalorizados, algo que más adelante se repitió en Argentina.

Sobre el costo de las refinanciaciones el mejor ejemplo es la del Brasil que, mediante reestructuraciones, todas a corto plazo, pasó de deber 81.000 a 90.000 millones de dólares, tras lo cual se declaró una suspensión de los pagos que incluyó la retención en su banco central de los giros que los deudores privados hacían a sus acreedores externos.

Los organismos internacionales y los gobiernos de los EE. UU., Europa y Japón salvaron a los bancos pero no pudieron evitar que los países deudores de América Latina, Asia, África y Europa Oriental continuaran con su crisis de endeudamiento sumada a la caída de los precios de las commodities. Y así, cinco años más tarde, el 19 de octubre de 1987 colapsó la bolsa de Wall Street cuando millones de inversores salieron a vender sus acciones.

*Télam

Para habilitar planes de refinanciación, el FMI forzó la reprimarización de economías anulando la “industrialización por sustitución de importaciones” y alentando fuertes devaluaciones.