¿Indexación para todos?

17 may 2017 - 00:00
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Muchos no deben recordarlo o ni habían nacido, pero una de las claves del éxito inicial del Plan Austral, lanzado a mediados de 1985 por el gobierno de Raúl Alfonsín para bajar drásticamente la altísima inflación de aquella época, fue la denominada “tabla de desagio”.

Se trataba de un instrumento destinado a desindexar la economía ya que, por entonces, las tarifas de servicios públicos, combustibles, salarios, alquileres, préstamos, contratos de proveedores, etc, se ajustaban por una pauta oficial basada en el índice de precios al consumidor (IPC) y había llegado a trepar a 14% mensual. Hasta la actual inflación parecería modesta en comparación con ese nivel. Por cierto que no era la única herramienta del audaz plan de shock diseñado por el ministro de Economía, Juan Sourrouille: su eje fue el lanzamiento del austral, una nuevo signo monetario que reemplazó al peso argentino y le quitó de tres ceros. La conversión de una moneda por otra se realizó a través de esa tabla de desagio, que fijaba un valor diario decreciente para pagos y cobros ya pactados. También incluyó un congelamiento de tarifas, listas de precios máximos para la canasta familiar y controles de salarios.

Esta peculiar desindexación de la economía tuvo en sus comienzos muy buena aceptación social, permitió que la inflación cayera a 2% mensual en pocos meses y el PBI creciera 7% anual en 1986. Pero este plan heterodoxo fue perdiendo eficacia y fracasó por la misma razón que otros programas de estabilización: para que mantuviera en el tiempo su éxito inicial, el gobierno debía frenar el aumento del gasto público y del déficit fiscal. Ocurrió lo contrario y, tras una frustrada flexibilización en 1988 (bautizada como Plan Primavera), desembocaría un año después en la hiperinflación que obligó a Alfonsín a adelantar las elecciones.

Esta experiencia dejó al menos dos lecciones. Una (previa), que cuando se generaliza la indexación de precios y salarios, la inflación se retroalimenta y tiende a acelerarse. Otra (posterior), que hasta los planes técnicamente mejor diseñados pueden derivar en una crisis macroeconómica, si se descuida la consistencia entre las políticas fiscal, monetaria y de ingresos. Cuando sube el déficit fiscal, se cubre con emisión monetaria, inflación y/o endeudamiento externo, hasta que alguna de esas fuentes colapsa y obliga a devaluar la moneda para bajar el gasto en dólares, con su secuela de más inflación y empobrecimiento.

Salvando el tiempo y las distancias, es útil recordar estos antecedentes cuando la economía argentina viene transitando en los últimos años -de hecho o de derecho-, otro camino de ida hacia distintas formas de indexación (no necesariamente en base al IPC), pero con fuertes diferencias respecto del pasado.

Una de ellas es la fenomenal distorsión de precios relativos producida a lo largo de los 12 años de gobierno kirchnerista, que incluso no puede calcularse con precisión debido a la sistemática adulteración de los índices oficiales de precios. Por ejemplo, un estudio realizado a fin de 2015 por la consultora Abeceb estimó que mientras la inflación (medida por el IPC Congreso) había acumulado desde 2003 un aumento de 822%, los salarios registrados lo hicieron en 1113%; las naftas en 555%; el dólar oficial 193%; las tasas de interés 109% y la tarifa eléctrica en Capital Federal apenas 23%. De ahí que con una inflación tan alta, cualquier comparación puede resultar arbitraria; y, con semejante distorsión de precios relativos, la indexación por IPC perpetuar mejoras o retrocesos en términos reales.

Durante su gestión, Cristina Kirchner instauró la movilidad automática de jubilaciones y pensiones (por el promedio de recursos tributarios previsionales y el índice de variación salarial), tras agregar con las moratorias a casi 3 millones de personas, en muchos casos sin aportes. Posteriormente, extendió este ajuste semestral a los casi 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En 2016 la ley de “reparación histórica”, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, estableció la misma cláusula para ajustar los pagos retroactivos de juicios a los jubilados que acepten acuerdos voluntarios con la Anses. De esta manera, el principal rubro del gasto público quedó indexado. Por otro lado, se indexaron anualmente por ley (y coeficiente salarial) el mínimo no imponible y las escalas para los asalariados en el impuesto a las Ganancias.

En la paritaria docente de este año, el gobierno bonaerense ofreció un aumento salarial de 20% en dos tramos, indexado por el IPC-GBA, más suma fija por recuperación del deterioro de 2016, aunque la negociación sigue sin cerrarse por el rechazo sindical. Y la Casa Rosada acaba de cerrar un acuerdo similar con los empleados nacionales de UPCN, ante la decisión oficial de que el gasto público se mantenga a valores constantes. O sea, que no supere a la inflación de 2017 y el crecimiento proyectado del PBI reduzca el peso relativo del déficit fiscal primario.

Aunque afirme que no hay techo ni piso para las paritarias del sector privado, el gobierno de Macri también negoció con empresas y sindicatos de actividades clave que los ajustes se ubiquen en 20/21% anual, más una cláusula gatillo que se negociará en enero de 2018 si la inflación es más alta.

Este esquema de indexación rezagada ya rige para los trabajadores de comercio, construcción, obras sanitarias y estaciones de servicio. Y replica en cierta medida al del gremio bancario (19% indexado, aunque con plus previo de 5% por el deterioro de 2016). En cambio, los metalúrgicos (UOM) no logran avanzar en su reclamo de 25% y denuncian que el gobierno presiona a los empresarios para que no superen 21%.

Todos estos gremios tienen muchos afiliados y por lo tanto son los que más fondos reciben por el pago de la deuda estatal con las obras sociales sindicales, que Macri acordó con la CGT. Pero también hay otros con reclamos superiores como Alimentación y UTA (30%), Químicos (32%), Camioneros (30/34%) y Aceiteros y ATE (35%).

En materia salarial, la indexación suele ser un arma de doble filo. Si bien impide que se deteriore demasiado el poder adquisitivo real, tampoco permite la recuperación de retrasos como los de 2016 y varían según la fecha de cierre de los convenios y los sectores que abonaron o no el bono de fin de año.

Claro que el problema no es la indexación sino la propia inflación; y se reduciría enormemente si en la Argentina fuera de un dígito anual, como en la gran mayoría de los 180 países del mundo. Sin embargo, la generalización de indexaciones hace más difícil bajarla, por su impacto en el gasto público nacional y provincial, precios, tarifas, tasa de interés y actividad económica.

El plan heterodoxo de Sourrouille en 1986
tuvo éxito inicial pero falló por la misma razón que otros: no pudo frenar el aumento del gasto público y el déficit fiscal y terminó en la hiperinflación de 1989.
De allí surgieron dos lecciones. Si se generaliza la indexación de precios y salarios, se alimenta la inflación. Y el mejor plan fracasa si no son coherentes las políticas fiscal, de ingresos y monetaria.

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