Un verano caliente para la inflación

La sensación térmica de la inflación se asemeja este verano a la climática, aunque no llegue tan alto. Lo admitió el propio gobierno a fin de diciembre, cuando decidió elevar la meta oficial a 15% anual para el 2018 ante la imposibilidad de cumplir con el rango de 8/12% fijado por el Banco Central. Pero esta movida –destinada a restarle presión a las tasas de interés del BCRA y darle aire al dólar– generó casi automáticamente una expectativa inflacionaria de 18/20% para este año, que deja casi en el olvido que ese resultado hipotético sería más bajo que el del 2017 (en torno de 24%) y equivalente a la mitad del 2016 (casi 40%).

Este fenómeno tiene varias explicaciones, ausentes del discurso oficial. Una es que la aceleración inflacionaria de diciembre (2,5/3%), que mañana difundirá el Indec, obedeció en buena medida a los aumentos de electricidad y gas natural que estaban programados para octubre aunque, como se trataba del mes de las elecciones, no sólo fueron postergados sino reforzados luego para compensar ese rezago. Algo similar ocurrió con el precio de los combustibles, que quedó liberado ese mismo mes pero subió a fines de noviembre con lo cual tuvo un impacto muy bajo en el índice de ese mes y más acentuado en diciembre. Que además incluyó el ajuste pendiente de 5% en las cuotas de medicina prepaga. Más que con el gradualismo esto tiene que ver con el oportunismo político, si bien las consecuencias se reflejan posteriormente en el índice de precios al consumidor (IPC).

Vale recordar que en los servicios públicos y privados el Indec computa el impacto de los ajustes tarifarios sobre el IPC a partir de su fecha de entrada en vigencia, por más que las facturas lleguen un mes más tarde. Otro tanto ocurre con rubros estacionales como recreación y esparcimiento y restaurantes y hoteles. De ahí que el BCRA suele marcar diferencias entre el nivel general del IPC y la llamada inflación “núcleo” (sin precios regulados ni estacionales), que se desaceleró levemente hacia el final del 2017.

Otra explicación es que el nuevo escalón de $ 19 en que se ubicó el dólar tras el anuncio del cambio de metas, si bien no alcanzó a recuperar el deterioro previo frente a la inflación del año pasado, ya se tradujo en subas de precios de algunos alimentos (como panificados y carnes) y repercutirá próximamente en naftas y gasoil, que implica un mayor costo para distintas actividades. A esto se suma en enero el incremento de los cigarrillos (5%); comisiones bancarias y peajes en los accesos a Buenos Aires (12.5%) y las rutas hacia la Costa Atlántica (66%). En febrero será el turno del ajuste (33%) en las subsidiadas tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, congeladas desde abril de 2016, y tendrán un nuevo round en junio (12,5%). Esto marcará una diferencia importante entre el IPC correspondiente al Gran Buenos Aires y de las otras cinco regiones del país, donde el boleto de colectivo sigue siendo más alto. Pero a nivel nacional tendrán impacto las subas de telefonía celular (12%) distribuidas entre enero y febrero, más los precios de productos puntuales (cervezas, bebidas alcohólicas) y servicios digitales (Netflix, Spotify, Mercado Libre, etc.) incluidos en la reforma tributaria, aunque éstos últimos no figuran en la canasta que mide el Indec.

Antes de que termine el verano, en marzo, habrá que computar el efecto estacional de las cuotas de colegios privados (supeditados a la paritaria docente) y los precios de la canasta escolar, más el cambio de temporada en indumentaria. Y luego, en abril, otra ronda de ajuste de tarifas de electricidad y gas, que se repetirá en octubre según el cronograma fijado en las audiencias públicas.

Así, algunas consultoras privadas ya estiman que el IPC podría acumular en el primer cuatrimestre una suba del orden de 7/8%, o sea algo más de la mitad de la meta oficial de inflación fijada para todo el año. Si se cumplieran estos pronósticos, la consecuencia más importante será que el consumo pagará el pato, aunque no de manera homogénea.

Al igual que en el 2017, lo que se pague en mayores tarifas de servicios se restará de otros gastos y las nuevas facturas llegarán antes de las próximas paritarias, que se concentran entre abril y mayo. En el ínterin, también habrá ajustes en el impuesto inmobiliario y patentes, aunque la suba automática del mínimo no imponible de Ganancias significará un alivio para los asalariados formales. Por otro lado, el cambio de la fórmula de movilidad reducirá la masa de recursos destinada a jubilados, pensionados y titulares de planes sociales, aunque los haberes se ajusten trimestralmente por inflación. Los especialistas recomienden a empresas y consumidores ser muy cuidadosos con los precios, sobre todo en consumo masivo, donde el segmento de trabajadores en negro y de quienes viven de changas no convalida cualquier aumento y que en población resulta tan amplio como el que actualmente pasa sus vacaciones en el país o el exterior.

Así, algunas consultoras privadas ya estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría acumular en el primer cuatrimestre una suba del orden de 7/8%.