Zona liberada

La sola invocación de la existencia de una zona liberada hace sonar la alarma y convoca la atención pública. No es para menos, en tanto ella remite a la existencia de un campo que ha sido construido para sortear deliberadamente la vigencia de la ley del Estado.

Durante la última dictadura militar esos espacios le permitieron a los grupos de tareas operar, aviso previo mediante, sin que se activara la intervención de las comisarías correspondientes a los sitios ilegalmente allanados.

En la Argentina posdictatorial se han constituido como verdaderas áreas de no derecho. Dentro de su perímetro algunos actores estatales comercializan su acción u omisión a postores delictivos que varían, de lugar en lugar, y según el escenario social e institucional que se trate.

Esa comercialización de zonas protegidas se traduce en el bloqueo de la aplicación de la ley en territorios específicos, lo que posee dos efectos precisos: por un lado permite ofrecer un espacio territorial libre de la acción del Estado, mientras que por otro implica controlar ilegalmente el delito.

Dentro de ese campo liberado suelen prosperar negocios ilegales de diversa índole, cuyo resultado no es la violencia colectiva sino una ejercida por cierta élite de grupos organizados. Allí se localizan el mercado de automóviles robados y las autopartes, así como el tráfico de drogas prohibidas y la trata de personas.

Estas zonas, pese a ser un fenómeno repetidamente denunciado en nuestro país, no han venido siendo atendidas ni por la investigación criminológica ni tampoco por estudios provenientes de otros campos sociales.

No obstante ello, el sociólogo e investigador del Instituto Max Planck de Colonia, Matías Dewey, ha escrito un libro de gran interés. Se titula “El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina”. Su trabajo se centra en el conurbano bonaerense, donde analiza la estructura de los mercados ilegales, las organizaciones criminales y el rol de las agencias estatales. Sin embargo, el entramado organizacional al que alude se reedita en varios espacios sociales e institucionales de nuestro país.

Una de las tesis esgrimidas por el investigador afirma que ciertos órganos del Estado argentino se han especializado en comerciar un tipo particular de protección: la suspensión de la aplicación del derecho.

La zona liberada se erige entonces en un dispositivo orientado a la facilitación de transacciones económicas, creado deliberadamente y con una organización y coordinación precisa.

Sus vinculaciones con el financiamiento ilegal de campañas políticas es otro foco de escasa indagación empírica, aun cuando el resultado de las pocas pesquisas realizadas den cuenta de una relación entre ambos fenómenos.

Que no se trate tan sólo de negocios ni de delitos, sostiene Dewey, lo prueba el hecho de que el mantenimiento de ese orden es condición indispensable para la construcción del poder político, desde punteros barriales hasta dirigentes en funciones.

El estudio de campo realizado le permitió advertir, además, que aunque las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la política y los mercados ilegales adoptan formas variadas y múltiples, el patrón de comportamiento se mantiene constante.

Ese patrón sugiere que a los intercambios irregulares no se los reprime, sino que se los utiliza. En función de ello, sostiene, es que al mercado del paco no se lo combate, sino que se lo tolera para poder extraer recursos.

O que la comercialización de automóviles robados y autopartes sea parte de un acuerdo tácito con las fuerzas de seguridad. E incluso que el narcotráfico sea permitido selectivamente porque a veces financia campañas políticas.

La perpetuación de este orden clandestino sirve para explicar tanto el fracaso de las reformas policiales ensayadas hasta el día de hoy como así también el acuciante problema de la inseguridad ciudadana.

Es que dejar sin efecto el imperio de la ley resulta una verdadera mercancía de la cual se benefician, con frecuencia, quienes paradójicamente deben asegurar su cumplimiento.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

En determinadas áreas del país algunos órganos estatales comercializan la suspensión de la aplicación del derecho a postores delictivos de distintos sectores.